Reuters.- Existe una base científica para calcular cuánto han dañado las emisiones de carbono de un país la economía de otro, según un estudio dado a conocer el martes, que se anuncia como una potencial revolución para los litigios sobre el clima.

El análisis realizado por el Dartmouth College, en Estados Unidos, concluyó que un pequeño grupo de grandes contaminadores ha causado pérdidas económicas por billones de dólares debido al calentamiento provocado por sus emisiones, siendo los países más cálidos y pobres del sur los más afectados.

Estados Unidos y China, como los dos principales emisores del mundo, causaron pérdidas de ingresos globales de más de 1.8 billones de dólares cada uno entre 1990 y 2014, mientras que Rusia, India y Brasil causaron pérdidas que superaron los 500,000 millones de dólares cada uno en los mismos años.

El análisis permite desgloses para mostrar el daño causado por un solo emisor a la economía de otro país específico entre la muestra de 143 naciones de las que se dispone de datos.

“Este análisis proporciona estimaciones legalmente valiosas de los daños financieros que han sufrido las naciones debido a las actividades de otros países que cambian el clima”, dijo Justin Mankin, investigador principal del estudio.

Temperaturas más altas pueden causar pérdidas económicas a un país a través de varios canales, como la disminución de los rendimientos agrícolas o la reducción de la productividad laboral por el estrés térmico. A la inversa, para algunas naciones más frías del norte, el calentamiento puede aumentar la producción al incrementar el rendimiento de los cultivos.

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Así, mientras que las emisiones de Estados Unidos costaron a México 79,500 millones de dólares de baja del Producto Interno Bruto (PIB) entre 1990-2014, según el análisis, su impacto en Canadá fue una ganancia de 247,200 millones de dólares. Las cifras son valores en dólares ajustados a la inflación de 2010.

En las dos últimas décadas, el número de demandas relacionadas con el clima ha pasado de apenas un puñado a más de 1,000. Sin embargo, en su mayoría se han dirigido a las grandes petroleras y a otras empresas, en lugar de intentar determinar la responsabilidad de un determinado Estado.

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