- Incentivar el pago a proveedores en máximo de 30 días
- Simplificar trámites con uso de tecnología
- Modernizar todas las figuras societarias
- Implementar una política fiscal y de seguridad social adecuada para emprendedores
- Facilitar trámites migratorios de emprendedores extranjeros
- Incentivar el emprendimiento de alto impacto
- Incentivar el emprendimiento de impacto social y ambiental
- Mejorar las condiciones en las que emprenden las mujeres
- Garantizar la existencia de una institución pública de fomento al emprendimiento
- Garantizar la participación de emprendedores en los órganos de consulta de políticas públicas
A continuación te presentamos cada una de las 10 iniciativas a detalle:
1. Incentivar el pago a proveedores en máximo de 30 días
La postergación de pagos a proveedores por parte de las grandes empresas y las oficinas gubernamentales es una práctica habitual que ahoga la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas y pone en riesgo la sostenibilidad de éstas. Actualmente, el pago a las Mipymes va hacer dos meses y se extiende incluso al año de la emisión de la factura.
Las Mipymes que proveen productos y servicios difícilmente cuentan con un respaldo financiero suficiente para afrontar sus costos de operación de cada mes en caso de que sus clientes retrasan los pagos de manera indefinida. Para solucionar este problema que limita el desarrollo y el crecimiento de las Mipymes, es necesario implementar medidas e incentivos para limitar el plazo de pagos a todos los proveedores a 30 días, y así establecer maayor simetría en las relaciones comerciales entre las empresas grandes y de menor tamaño, incorporando prácticas que no sean eludible. Existen varios países latinoamericanos que ya han tomado medidas en este respecto.
2. Simplificar trámites con uso de tecnología
La facilidad con que se realizan trámites burocráticos, como la obtención de licencias y permisos que marca la ley para desarrollar empresas nuevas y hacerlas crecer, es uno de los indicadores más importantes para evaluar la facilidad que se hace con que se hacen negocios en un país.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria en Empresas (ENCRIGE), los costos monetarios que asumieron las empresas en la realización de trámites en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, aproximadamente 0.56% del PIB nacional. Asimismo cada empresa realizó 19.5 trámites en promedio.
Una política proemprendimiento debe propiciar el uso de la tecnología para simplificar procesos administrativos, ya sean los trámites municipales o delegacionales para apertura y funcionamiento de negocios y Comercio, trámites federales para obtención de permisos y concesiones en general, trámites estatales o municipales relacionados con bienes inmuebles (catastro, registro público de la propiedad), entre otros.
Esto aceleraría procesos, reduciría los espacios de corrupción y promovería eficiencia en el uso del presupuesto gubernamental.
3. Modernizar todas las figuras societarias
México ha quedado rezagado en su legislación societaria con respecto a otros países de América Latina, como Colombia y Chile. Es necesario modernizar la Ley General de Sociedades Mercantiles para que sea posible constituir todo tipo de empresas en línea y sin costo y desde un socio o accionista.
Contando con el antecedente de las S.A.S. (Sociedades por Acciones Simplificada), figura societaria creada en 2016, y teniendo en cuenta los avances tecnológicos que permiten la certeza y validez de operaciones remotas, consideramos muy importante que nuestra legislación permita la creación de cualquier tipo de sociedad mercantil a través de medios electrónicos y sin necesidad de pagar gastos notariales y registrales. Estos gastos resultan gravosos para los emprendedores, quienes podrían destinar dichos recursos económicos a la contratación de personal, al desarrollo tecnológico o cualquier otro rumbo rubro que haga más productivas o empresa.
Por otro lado, el requisito de multiplicidad de socios o accionistas para la creación de sociedades mercantiles comunes (como la S. de R.L. y la S.A.) obliga a muchos emprendedores a crear ficciones, teniendo que pedirles a personas de su confianza que se constituyen como socios o accionistas, para así poder crear una sociedad mercantil.
En muchas ocasiones, los emprendedores no cuentan con socios o tiene o no tienen planeado contar con ellos en un principio. Por ello, el requisito de multiplicidad ocasiona gastos extraordinarios y pérdida de tiempo para el emprendedor, quien además deberá imaginar no deberá mantener seguimiento constante con su socio accionista “nominal“ para efectos de cualquier acto societario posterior.
Un claro ejemplo de la necesidad de hacer este cambio es también la S.A.S. Fue el primer régimen societario que permitió la constitución de sociedades unipersonales y, a diciembre 2017, en el 72% de las empresas constituidas bajo este régimen, participa sólo un socio o accionista.
4. Implementar una política fiscal y de seguridad social adecuada para emprendedores
Necesitamos un esquema fiscal y de seguridad social sencillo y acorde a la realidad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas, que incentive su formalidad y productividad. Las cargas de seguridad social, tales como cuotas patronales, resultan demasiado gravosas para los negocios no consolidados. Como consecuencia, muchos emprendedores simulan relaciones olas catalogan erróneamente con el objetivo de evadir ciertas imposiciones.
Creando regímenes fiscales y de seguridad social sensibles a las posibilidades de los emprendedores, fomentaríamos el crecimiento del sector formal. De igual manera, protegeríamos a los individuos que trabajan en empresas de reciente creación, ya que sus patrones optarían por el cumplimiento cotidiano de las leyes fiscales y de seguridad social.
Con base en investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la productividad de las empresas informales en México es 45% inferior a la observada en el sector formal. Si se eliminan estas distorsiones y se desplazan los recursos del sector informal al sector formal, la ganancia la productividad total de los factores (PTF) sería cercana al 200%.
5. Facilitar trámites migratorios de emprendedores extranjeros
Para atraer inversión en innovación de emprendedores extranjeros que ven en México un mercado atractivo, es necesario otorgar facilidades para comenzar a operar de manera formal en el menor tiempo posible con el fin de que dedican su tiempo y en la creación de valor y empleos en su país y no en trámites.
La simplificación de trámites migratorios de formar parte de la política de fomento a la innovación y la inversión de capital extranjero para aquellos emprendedores inversionistas que buscan crear empresas en el país.
6. Incentivar el emprendimiento de alto impacto
Para mejorar los niveles de productividad de la economía y la calidad de vida de la población es necesario crear políticas que incentiven la innovación y el emprendimiento de alto impacto, como la inversión de riesgo y la transferencia de tecnología.
Si bien la disponibilidad de recursos financieros para los emprendedores ha incrementado lo largo de los años, aún son insuficientes las alternativas de acceso a capital para proyectos de alto impacto y emprendimientos en etapas investigación, exploración y desarrollo. Los inversionistas sector privado en México siguen siendo muy tradicionales tienen una alta aversión al riesgo.
El fomento a la creación de empresas de alto impacto debe ser una política estratégica de crecimiento económico. Los proyectos de alto impacto generan empresas basadas en la innovación y no en la extracción, promueven un desarrollo sostenible de la economía, generan más oportunidades y contribuyen a mejorar los índices de desarrollo.
7. Incentivar el emprendimiento de impacto social y ambiental
Con el fin de evolucionar hacia una economía más inclusiva y sustentable, es fundamental incentivar la creación de empresas que integran en su modelo de negocio la creación de valor económico, social y ambiental; aquellas que buscan generar un impacto positivo en las personas y el medio ambiente y no solamente maximizar utilidades.
Como punto de partida, es necesario implementar un régimen societario especial que identifique a las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) y regule, entre socios o accionistas, el propósito de creación de valor económico, social y ambiental. Esto no implica la creación de un nuevo tipo societario, sino un régimen especial aplicable a cualquier a cualquier tipo de sociedad existente que opte por ser BIC.
Las Sociedades BIC adoptarían tal modalidad en sus estatutos, indicando de forma expresa en su razón social o denominación las palabras “de Beneficio e Interés Colectivo” o la abreviatura “BIC”.
8. Mejorar las condiciones en las que emprenden las mujeres
El emprendimiento, además de crear empleo y contribuir al crecimiento económico, para las mujeres es una vía que permite su independencia económica y laboral. Si bien existe la integración de la perspectiva de género en la legislación, existen retos para propiciar el desarrollo de la mujer emprendedora.
Las políticas públicas que busquen el desarrollo económico de las mujeres por medio del emprendimiento deben contemplar el incremento de la tasa de supervivencia de los emprendimientos de las mujeres; crear un entorno propicio para la creación y el crecimiento de negocios, así como revisar los sesgos de género que persisten en programas de apoyo al emprendimiento.
9. Garantizar la existencia de una institución pública de fomento al emprendimiento
Para garantizar el correcto diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de fomento al emprendimiento es necesario contar con una institución pública con facultades y presupuesto acordes.
Dicha institución deberá coordinar las acciones con otras instituciones públicas, así como con los diferentes actores del ecosistema de emprendimiento, para atender las necesidades planteadas en esta agenda.
10. Garantizar la participación de emprendedores en los órganos de consulta de políticas públicas
La voz de los emprendedores debe ser escuchada y considerada en el diseño y monitoreo de las políticas públicas relacionadas con el emprendimiento para garantizar que éstas atiendan las necesidades y problemas específicos.
Buscamos que se garantice la participación de los actores referentes del ecosistema de emprendimiento en los órganos del consultas pertinentes. 
