La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. prestaba sus servicios de protección con diversas irregularidades en el centro migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 migrantes en un incendio.
La funcionaria detalló que la empresa tenía registrados en sus informes a cuatro elementos con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el Insituto Nacional de Migración (INM) establecía la presencia de 503 elementos.
También se informó que dicha firma de seguridad no contaba con permisos para portar armas y en sus informes mensuales nunca reportó a la autoridad federal la baja o alta de su personal.
Esta empresa tiene un registro ante la Dirección General de Seguridad Privada desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, bajo la modalidad de seguridad privada “en todo el territorio nacional”.
Los socios de esta empresa son: David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet, así como a representantes y apoderados legales.
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En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, indicó que como primera acción, el Instituto Nacional de Migración (INM) rescindirá su permiso y contratos con esta empresa, la cual tiene presencia en 23 recintos en la República.
“Dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contratación para revocarle el permiso e impornerle una multa económica y solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato; a partir de mañana, el Servicio de Protección Federal asumirá seguridad en este recinto de Ciudad Juárez”, comentó la funcionaria federal.
De igual forma, Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo cinco de seis órdenes de aprehensión contra diversos funcionarios relacionados con este hecho.
“Respecto de las órdenes de aprensión, ya se ejecutaron cinco de ellas, sólo queda una persona y en el transcurso del día es que ya se da la audiencia de imputación y vinculación, eso quiere decir que ya están, ya fueron puestos a disposición del juez”.
Se trata de tres funcionarios del INM; dos policías de seguridad privada y el migrante que presuntamente inició el incendió por los delitos de homicidio doloso, así como por dolo eventual y por lesiones en contra de 67 ciudadanos extranjeros. El día de hoy se iniciará su audiencia de vinculación a proceso.
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