Ha pasado más de una semana de la controvertida consulta sobre el destino del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y, al pasar los días, emergen más hipótesis y se fortalecen otras, sobre el devenir de México bajo el mandato de López Obrador. Y en medio de la controversia sobre la consulta, en el fondo hay un tema que rebasa la particularidad del aeropuerto y que tiene que ver con los pesos y contrapesos que tendrá el futuro gobierno.

Un sistema presidencial convive de manera permanente con el dilema de cómo articular un sistema efectivo de pesos y contrapeso. Y en el contexto particular del sistema presidencial mexicano, a este dilema se le suma un pasado marcado por un partido hegemónico y un Poder Ejecutivo que anuló en la práctica, a los otros dos Poderes, el Legislativo y Judicial, como órganos independientes. Sin embargo, este pasado puede hace suponer, de manera errónea, que el titular del Ejecutivo en nuestro país gozaba de demasiados poderes, por lo que era necesario acotarlo constitucionalmente. El presidencialismo mexicano (1978) de Jorge Carpizo sin duda nos ayuda a comprender por qué el presidente mexicano era tan poderoso y cómo la concentración de poder en el titular del Ejecutivo emanaba no de la configuración institucional sino de sus poderes metaconstitucionales.

Cuatro décadas han pasado de la publicación de dicho libro y desde entonces el presidente ha dejado de ser el gran articulador del sistema político. Partiendo de la premisa de que el poder del presidente se explica no sólo por la vía institucional sino también por la política y la social, hoy otra vez adquiere relevancia el debate sobre la concentración de poder que tendrá el futuro presidente de México. Cuatro meses han pasado después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas y hasta ahora no se advierte con claridad qué actores partidistas fungirán como oposición real y eficaz al presidente. Si acaso, ha habido manifestaciones individuales de algunos políticos del PRI y del PAN ante ciertos eventos, principalmente respecto de la consulta sobre el Aeropuerto, pero sin haber logrado hasta ahora un posicionamiento coherente ante la opinión pública, de cómo lograrán ser un contrapeso ante un presidente que llega con un nivel de legitimidad democrática no vista en nuestro país y con planteamientos de izquierda que prometen transitar a un cambio de régimen.

Sin embargo, en esta transición que parece interminable, han irrumpido ciertos grupos empresariales que han exhibido más empeño y unidad para mostrarse como la oposición al presidente electo y a su particular estilo de gobernar. Desde el primer intento por ganar la presidencia, la relación entre López Obrador y los empresarios o, mejor dicho, determinados empresarios y grupos empresariales, ha sido compleja, con algunos episodios de franca confrontación, relación que pareció llegar a un mejor nivel de entendimiento hasta hace poco. Sin embargo, tras el resultado de la consulta por el Aeropuerto y la confirmación por parte del presidente electo de que cancelará el megaproyecto, la relación AMLO – empresarios se recrudece, con discursos de ambas partes que pronostican una relación conflictiva a lo largo del futuro sexenio. Sin una legitimidad que provenga de la voluntad popular, los empresarios parecen por ahora la única oposición ante un presidente que ha sido reiterativo en separar el poder político del económico, la esfera pública de la privada, y cuya primera decisión como presidente, la cancelación del nuevo Aeropuerto en Texcoco, va en esa lógica. Pero la oposición en democracia no se reduce a mera confrontación, sino a favorecer acuerdos y cooperar sin renunciar a ser un contrapeso cuando hay abuso de poder. Veremos si los empresarios estarán dispuestos a ser esa oposición en lógica democrática.

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