Las empresas con permisos de comercialización y almacenamiento de combustibles enfrentan un grave riesgo al colgarse de la suspensión a la Ley de Hidrocarburos, advirtió Carlos Vallejo, socio de la firma consultora Lexoil
“El pretender colgarse de esa suspensión provisional pondría al permisionario en riesgo”, dijo Vallejo durante un evento virtual.
El pasado lunes 10 de mayo, el juez segundo especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó la suspensión temporal a una parte de la reforma a la ley, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso mexicano, a cinco permisionarios.
La reforma del político tabasqueño, que pretende combatir el contrabando y venta ilegal de combustibles, permite al gobierno ocupar instalaciones privadas y cederlas a las empresas estatales para su operación temporal, pero indefinida, además de la cancelación de permisos.
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El poder judicial extendió la medida a todos los participantes del mercado para evitar problemas anticompetitivos.
El representante de Lexoil advirtió que el Tribunal Colegiado puede eliminar que el efecto sea general y beneficie
a todas las empresas que poseen un permiso de combustibles o aquellos que no han presentado un amparo.
El abogado egresado por la UNAM recordó que la fecha límite para ampararse es el 14 de junio, y sugirió no dejarlo para el “último momento” porque se requieren trámites —como firmas autógrafas o copias certificadas de actas constitutivas— que toman más de un día para procesar el recurso legal.
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