Lo que describe Ayotzinapa es que en los municipios de Iguala y Cocula, el Estado mexicano se convirtió en una simulación en que la ley se cumple de forma intermitente.

 

Por Eduardo Bohórquez

Detrás de cada asunto doloroso para la vida pública del país está la corrupción: licitaciones, violaciones a derechos humanos, deuda, presupuesto público y calidad educativa. En cualquiera de los temas que nos duele como sociedad, hay un funcionario que galopa por encima de la ley, una empresa que quiso hacerse a la mala de una concesión o de un jugoso contrato, o un ciudadano que considera que “estatus social” es violentar los derechos de otros. No hay vuelta de hoja: la verdadera reforma estructural para el país es la de construir un sistema basado en el ejercicio cotidiano de la ley, un Estado de derecho.

La definición de Estado de derecho es caprichosa. Cuando nos referimos al imperio de la ley, como acto reflejo pensamos en redirigir nuestros recursos fiscales a las instituciones que están ligadas a la impartición de justicia. Para mostrar su compromiso con el Estado de derecho, los congresos aprueban presupuestos cada vez más grandes para los poderes judiciales o las procuradurías. Pensamos que financiar mejores policías y fiscales es la única forma de construir un Estado de derecho más fuerte. En realidad, hacer eso es sólo enriquecer un espejismo. Un auténtico Estado de derecho existe sólo cuando los preceptos que establece un marco normativo se cumplen realmente en la práctica, en el día a día, en la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. No sólo cuando intervienen policías y jueces.

El Estado de derecho es en realidad un Estado de derechos, así, en plural. Es un territorio donde las reglas se cumplen y los derechos garantizados a la población en el papel se traducen en expresiones prácticas.

Sin Estado de derecho, nadie se salva de que la Constitución se vuelva letra muerta. Por eso, cuando descubrimos que el derecho a la educación de calidad está en el papel, pero no se refleja en las evaluaciones de la OCDE, entendemos que además de la corrupción de la lideresa sindical, la ley, ésa que debería ser el eje rector de nuestras vidas, se ha convertido únicamente en inspiración para las escuelas en las que estudian nuestros hijos.

El compromiso del Estado con sus ciudadanos, establecido en el artículo tercero constitucional, no se cumple en las escuelas sean públicas o privadas. El Programa de Evaluación Internacional de los Alumnos de la OCDE (PISA) muestra que en México no hay diferencia significativa entre el nivel educativo de escuelas públicas o privadas. Así que mientras unos pagan menos por recibir educación de baja calidad, otros destinan cantidades muy importantes de su ingreso para que sus hijos reciban educación que tampoco ostenta calidad. El Estado de derecho falla para las escuelas públicas y para las privadas también.

Por eso, al construirlo tenemos que hablar de algo más que policías y jueces. Ellos son el último eslabón en el cumplimiento de la ley: la sanción ante el incumplimiento de la norma. El apego a la Carta Magna tiene que materializarse en cada sistema de transporte, en cada servicio público, en el correcto funcionamiento de las luminarias o de las escuelas públicas y privadas. Éste no se resuelve en los tribunales, se ejerce en las calles.

Al discutir la responsabilidad del Estado en el caso Tlatlaya, que involucra a militares, o en la masacre de Ayotzinapa, en que se presume la participación de varias agencias gubernamentales o servidores públicos, lo que se ilustra no sólo son las acciones directas de los presuntos responsables en la desaparición o muerte de ciudadanos mexicanos, sino las omisiones de otras agencias de gobierno que debieron proteger esos derechos y actuar en consecuencia.

Lo que describe Ayotzinapa es que en los municipios de Iguala y Cocula, el Estado mexicano se convirtió en una simulación en que la ley se cumple de forma intermitente. No sólo hay responsables directos en las violaciones a los derechos humanos y en los delitos cometidos; hay un Estado de derecho que nunca ha existido plenamente.

Cuando pensamos en una sociedad más justa o menos desigual, tendemos a pensar, como en el poema de John Milton, que fuimos expulsados del paraíso. Creemos que hubo una era en que la ley importaba más o teníamos mayor cultura cívica. En realidad, ni las clases de civismo abandonaron nuestras aulas ni hubo un pasado idílico en el que los mexicanos vivieran en paz social y armonía frente a la ley. El Estado de derecho mexicano está por construirse. Toca a esta generación, a nuestra generación de mexicanos, que se convierta en una realidad tangible y concreta para quienes habitamos este país. En esta materia ya es momento de definiciones.

 

Eduardo Bohórquez es director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

 

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