Un mes después de que se diera a conocer el presunto fraude de Oceanografía, aún no se han deslindando responsabilidades y ni se han girado órdenes de aprehensión. ¿Se aplicará esta vez la ley o habrá impunidad?

 

 

 

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La empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), con la sombra de la defraudación de la empresa Oceanografía a la filial del Citigroup, Banamex, se debate entre la urgencia de reinventarse a sí misma y transformarse como la administración federal planea o cambiar para mantener los privilegios largamente protegidos que su dirigencia sindical defiende. Y en ese contexto, los funcionarios y políticos recurren en sus declaraciones a frases hechas y lugares comunes que se escuchan políticamente correctas, pero que en realidad es poco lo que dicen sobre las acciones de la paraestatal y los posibles actos ilícitos de la naviera cuando tenía el cobijo de la petrolera.

En su momento, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, calificó de burda falsificación de firmas que hizo Oceanografía en los documentos que presentó como garantía a la filial del Citigroup para obtener los préstamos. En estos últimos días, además de la presunta defraudación de Oceanografía a Banamex por 370 millones de dólares, y acreedores como el Infonavit o el IMSS, han salido a la luz pública irregularidades de otras firmas privadas en sus contratos con la empresa paraestatal.

Pemex Exploración y Producción (PEP) habría expedido pagos sin la documentación comprobatoria de las labores realizadas, por 5,560 millones de pesos al consorcio privado DMGP Servicios de Integridad —que conforman las empresas mexicanas Grupo Diavaz y Mexssub, la estadounidense GreyStar y la inglesa Penspen Group— para dar mantenimiento a ductos en Campeche, Tabasco y Golfo de México.

A 76 años de la expropiación petrolera que generó la creación de la paraestatal, los funcionarios provenientes del Partido Revolucionario Institucional (PRI),  celebraron en Coatzacoalcos, Veracruz, este aniversario que será el último en el que Pemex tenga el monopolio de la extracción y producción de los hidrocarburos en el país, luego que el Congreso apruebe las leyes secundarias que regularán los cambios aprobados en la Constitución y que darán entrada a inversionistas privados.

En esta celebración, el director de la petrolera, Emilio Lozoya, llamó a modernizar la empresa para amoldarse a los requerimientos de la reforma energética, porque Pemex debe garantizar el crecimiento de reservas, la producción óptima de hidrocarburos y la transformación industrial. Claro que, en ese mismo acto, el líder de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, arremetió contra “los progresistas” que critican los sueldos, prestaciones y vacaciones que reciben.

Pemex se prepara entonces para afrontar nuevos retos, tratando de mediar entre los logros y cargas de su pasado, y un futuro donde por primera vez en su historia deberá competir con nuevos y experimentados actores en el mercado de los energéticos. Por ello, la defraudación de Oceanografía se convierte en un caso emblemático donde la transparencia y la aplicación de la ley son fundamentales porque, de lo contrario, se minará la confianza de los inversionistas en México y en el sector energético.

Si volvemos a la cuestión del discurso en torno al escándalo financiero provocado por la naviera, desde un principio la preocupación de los funcionarios ha sido deslindar a Pemex de este fraude. El director de la paraestatal aseguró desde los primeros días de que se diera a conocer la información,  que los presuntos actos irregulares de Oceanografía eran un caso aislado en la empresa.

A su vez, Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédito Público, consideró que la intervención de las autoridades en el caso ha sido apegada a derecho y que según los indicios, que el Ministerio Público habrá de comprobar “se trata de una defraudación de particulares, de un particular y un banco importante del sistema financiero”,

Lozoya advirtió en comparecencia ante diputados que la información relacionada con este asunto “debe ser tratada y clasificada como reservada y confidencial”. Frente a la percepción pública de posibles actos de corrupción en Pemex, en poco ayuda esta norma para restablecer la confianza sobre la transparencia de las transacciones de la petrolera mexicana con los particulares y se deja espacio para que el caso se politice aún más.

No fue sorpresa entonces que el Partido Acción Nacional anunciara hace unos días que se retiraba de la mesa de negociación de las leyes secundarias en materia energética, en tanto no se deslindaran responsabilidades en el presunto fraude de la naviera, en el que se ha involucrado a los hijastros del ex presidente Vicente Fox y a las administraciones de los dos sexenios panistas.

La empresa naviera fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública en la primera quincena de febrero para celebrar nuevos contratos con el Gobierno por poco más de 21 meses ante irregularidades detectadas por las auditorias a la paraestatal; esta medida alertó a Banamex para pedir a Pemex una revisión del programa de cuentas por cobrar de Oceanografía, que derivó en el destape del presunto fraude. Días después, el gobierno federal intervino las instalaciones de la naviera. Lozoya aseguró que de no darse las investigaciones por parte de Pemex entre 2013 y 2014, el desfalco de Oceanografía habría sido mayor.

Y, aunque se trata de un asunto penal, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, reconoció que mantener en operación a la naviera, ha provocado un retraso en el deslinde responsabilidades en el presunto caso de fraude, pero se decidió esta opción para evitar un impacto mayor sobre los 11,000 trabajadores de la empresa, los acreedores y la operación de Pemex.

Es decir, un mes después de que se diera a conocer el presunto fraude, aún no se han deslindando responsabilidades y ni se han girado órdenes de aprehensión. A propósito, en su momento el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, declaró ante reporteros que se está aplicando la ley rigurosamente y que, desde luego, no habrá impunidad.

No es extraño que en casos de corrupción como éste, funcionarios de la extracción partidista que sean, recurran en sus declaraciones a figuras verbales como: “se aplicará todo el peso de la ley” sin considerar que la ley no tiene peso simplemente se aplica o no. Al parecer, en el presunto fraude de Oceanografía a Banamex, hasta los diputados decidieron dudar y han creado una subcomisión para que investigue todo este asunto, claro, “hasta sus últimas consecuencias”.

 

 

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