Veracruz y Oaxaca comienzan este jueves con la esperanza de que un nuevo gobierno modifique la situación económica y social. Ambos estados atraviesan por severas crisis provocadas por malas administraciones que elevaron sus deudas y sumergieron a su población en un estado de descontento y confrontación producto de  las promesas que, después de seis años, dejaron sin cumplir.

Este 1 de diciembre, en el marco del cuarto año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Veracruz y Oaxaca, así como Aguascalientes, renuevan sus gubernaturas, pero los casos de los dos primeros son más delicados, y en los próximos seis años tratarán de hacer frente a las problemáticas que enfrenta cada entidad, así como a la herencia que les dejan sus predecesores, cuyo común denominador son el daño a las arcas públicas y la desconfianza de sus gobernados.

A las 11:00 horas, Miguel Ángel Yunes Linares se presentará ante el Congreso de Veracruz para rendir protesta como el nuevo gobernador, en sustitución de Flavino Ríos, el interino que desde la noche del 12 de octubre debió tomar las riendas de la administración que Javier Duarte dejó en el olvido para emprender la huida ante las acusaciones de corrupción en su contra.

A poco más de 350 kilómetros de distancia, Alejandro Murat Hinojosa suplirá a Gabino Cué Monteagudo como gobernador de Oaxaca, en medio de un crispado ambiente social que amenaza incluso con impedir la ceremonia que se realizará en el Congreso del estado.

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Yunes recibe un Veracruz en la quiebra y golpeado por la inseguridad

Yunes Linares recibe, de acuerdos con su balance y sus propias palabras, un estado en la ruina, endeudado, golpeado por la inseguridad, y cimbrado por el desfalco de más de 35,000 millones de pesos que se le adjudica al hoy prófugo Javier Duarte y a miembros de su gobierno.

El gobernador electo, quien ganó los comicios del 5 de junio bajo la tutela de la alianza PAN-PRD, ha advertido que “Veracruz cambiará, pues vivirá una época de honestidad, democracia y transparencia”.

Durante los últimos seis años, Duarte endeudó al estado mucho más de lo que lo hizo su antecesor Fidel Herrera Beltrán, quien recibió duras críticas al final de su sexenio también por el tema de la deuda; se calcula que el gobernador con licencia de Veracruz dejó al estado con una deuda de 115,000 millones de pesos.

Cuando asumió la gubernatura del estado, Duarte prometió un gobierno eficiente y eficaz; sin embargo, la entidad sufrió un grave problema de desperdicio de recursos, derivado de que los programas de las secretarías no cumplieron las metas fijas.

Esto llevó a que después de 12 años de gobiernos priistas, el triunfo de la oposición encontrara el camino marcado por el hartazgo de la gente por la impunidad de sus mandatarios y su incapacidad para combatir la inseguridad en la entidad, que adjudica a la complicidad de algunos gobernadores con el crimen organizado.

Por otra parte, Veracruz también enfrenta una ola de violencia enmarcada especialmente por el asesinato de periodistas, quienes también han sufrido persecución de la que han responsabilizado a Duarte; entre 2003 y 2016, al menos 24 comunicadores y fotógrafos fueron ejecutados en el estado.

Yunes Linares, aún como candidato, y Duarte, desde el Palacio de Gobierno, protagonizaron este año una contienda de acusaciones y señalamientos mutuos por presuntamente ser dueños de propiedades millonarias, tanto en México como en Estados Unidos; enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y hasta delincuencia organizada.

Ahora le tocará al actual gobernador sacar adelante al estado y aunque él augura una nueva historia para Veracruz, se tendrán que ver los resultados. Por ahora, lo reciben unas arcas locales en números rojos y la noticia de que la calificadora Moody’s recortó la nota crediticia del estado con una perspectiva negativa. Un arranque en subida.

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Deuda y violencia marcan el cambio de gobierno en Oaxaca

El cambio en el gobierno de Oaxaca estará marcado por el incremento del disgusto social y la violencia, así como por el fantasma de las deudas adquiridas por la administración del saliente Gabino Cué. Todo será heredado a Alejandro Murat, quien a partir del 1 de diciembre toma las riendas de un estado marcado por el descontento del pueblo y su necesidad de justicia.

Hace seis años, cuando Cué llegó a la gubernatura bajo el manto de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso –conformada por PAN, PRD, PT y Convergencia– aseguró que atrás quedaba la época en las que el gobernador abusaba del poder para su beneficio personal y que nunca más se usaría el uso de la fuerza pública para reprimir a una sociedad que demanda sus derechos.

Sin embargo, la promesa y los resultados no se cumplieron. En este sentido, el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha criticado públicamente a Cué por dejar al pueblo oaxaqueño al borde del estallido social, y muestra de ello es que cada día se realizan en promedio seis marchas de protesta en el estado.

Por ello no sorprende que para la ceremonia de cambio de gobierno este 1 de diciembre se tomen medidas de seguridad en el Congreso oaxaqueño, ante las advertencias de la CNTE —que empezó una movilización de 24 horas desde el miércoles por la mañana– y otras organizaciones sociales, que se teme llegue desate una ola de violencia e incluso conlleve a una confrontación con las fuerzas del orden.

Ante esto, la DDHPO emitió una Alerta Temprana dirigida al gobernador Cué, al Fiscal General y al coordinador para la Atención de los Derechos Humanos del estado “por la posible generación de actos de violencia derivados de la transición del titular del Poder Ejecutivo del estado, que pondrían en riesgo diversos derechos humanos de la ciudadanía”.

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Para los opositores de Cué, su gobierno deja muchos pendientes, así como promesas rotas, obras inconclusas, desvío de recursos y crisis de derechos humanos en la entidad.

Prueba de esto último es el caso Asunción Nochixtlán, el enfrentamiento ocurrido el 19 de junio de 2016 en el municipio de ese nombre, donde policías desalojaron a profesores y padres de familia que protestaban ante las reformas educativas, dejando un saldo de ocho muertos y 108 heridos, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional de Seguridad.

Además, de que el manejo de los dineros terminó por endeudar aún más a un estado que en sus pasadas administraciones incrementó exponencialmente su deuda.

A pesar de haber recibido presupuestos que aumentaron constantemente durante su gobierno, Cué evitó el tema de la deuda del estado y ésta pasó de 4,615 mdp que le heredó el gobierno de Ulises Ruiz, a 14,000 mdp, según reconoció el propio mandatario estatal saliente, quien asegura que la deuda que le dejó la administración previa fue en realidad de 7,000 mdp, por lo que aun así su gobierno la duplicó,

Para su primer año recibió más de 42,050 millones de pesos y para el último prácticamente se duplicó a 83,364, mdp; no obstante, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefin), pese a la cantidad de recursos adicionales que recibió, sólo se destinaba alrededor de 1% en promedio al año para el pago de deuda, cuando ésta incrementaba alrededor de 3,000 mdp cada 12 meses.

Así, mientras que vallas metálicas rodean el Congreso estatal, Gabino Cué entregará a Alejandro Murat las riendas de un estado que demanda justicia y las promesas que el saliente gobierno fue incapaz de cumplir, que se respeten los derechos humanos y los recursos lleguen a quiénes los necesitan, no a los bolsillos de grupos de interés.

 

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