El sector de energía eléctrica en República Dominicana tiene características que lo convierten en un saco sin fondo financiado por el Estado. Una vez más, un informe internacional muestra lo que le cuesta a la población recibir un suministro de electricidad de baja calidad.

 

Por Lery Laura Piña

 

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¿En realidad los domini­canos pagan una de las tarifas energéticas más altas del mundo? El economista Andrés Dauhajre ha escrito que es un mito. Mil­ton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), lo considera falso.

Pero el dato más reciente sobre el tema, tomado del informe de energía del Foro Económico Mundial de este año, presenta a República Dominicana como el segundo país con la energía más cara del mundo, superado únicamente por Italia. Es preciso puntualizar que el informe se refiere exactamente al precio para la industria, que es de 21 centavos de dólar en el país, y que de los 124 países considerados en la comparación, solo 60 tenían el dato asignado, es decir, menos de la mitad. Esto, sin embargo, no saca al país de su triste posición, dado que ser el segundo con la energía más cara en una muestra de 60 países no indica una situa­ción menos grave. La evidencia es que la factura energética dominicana resulta ser más alta que en casi todos los países con los que se le ha comparado.

 

El problema de la matriz

República Dominicana depende mucho de la importación de combustibles fósiles derivados del petró­leo. Caros por importados y caros por emanar del petróleo, que desde 2001 han cuadruplicado su precio. “Indudablemente el grave problema que tiene la República Dominicana es la matriz. Tenemos más o menos 45% de die­sel y de fuel oil, que son los combustibles más caros en este momento”, expresa al respecto Celso Marranzini, ex vicepresi­dente ejecutivo de la Corporación Domi­nicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Todavía 43% de la energía del sistema eléctrico se genera a partir de diesel y fuel oil, según datos de esa empresa pública; mientras que a nivel mundial estas fuen­tes generan solo 32.9% de la energía (BP Group, Statistical Review of World 2014).

La conclusión será similar si se con­sidera a la energía producida a partir de plantas a carbón, cuya generación, aunque ambientalmente muy criticada, es menos costosa. En el país supone 14.9% de la matriz energética cuando, a nivel global, representa 30% de la matriz.

A esto se suman otras dificultades importantes que tienen lugar durante la distribución, la transmisión y los cobros. Durante este proceso, por razones técni­cas y por hurto o falta de pago del servicio, el país pierde 1,280.5 gigavatios por hora, que equivalen a 33% de la energía produ­cida, según estadísticas oficiales.

Con esta cifra, República Dominicana es el segundo país de América Latina que más energía pierde con relación a su produc­ción, si se juzga por los datos contenidos en el informe Perspectivas económicas de las Américas 2014, del Fondo Monetario Internacional.

 

Empresas deficientes

La pérdida de energía se asocia, en gran parte, a que en República Dominicana las Empresas Distribuidoras de Electri­cidad (mejor conocidas como Edes) son altamente deficientes. Para muestra, los datos más recientes sobre el sector: Se compraron entre enero y abril de este año 3,875.7 gigavatios por hora, factura­ron 2,95.7 y cobraron 2,555.7; de modo que hay una diferencia de 34% entre la electricidad que compran y la que cobran finalmente. Esto supone un déficit de 101 millones de dólares (mdd).

El costo de esta energía “perdida” se traslada finalmente a los usuarios, ya sea a través del precio a que se factura la energía o mediante el subsidio estatal, que se produce con recursos de los con­tribuyentes.

Esto incide en que el servicio sea pre­cario. Las estadísticas oficiales señalan que la disponibilidad de las Edes para res­ponder a la demanda fue de alrededor de 85% entre enero y abril.

Según Rubén Montás, vicepresidente de Edesur, esto también está asociado a las características de la matriz y se debe a que llega un momento en el que pedir más energía supone, para las distribuidoras, más pérdida que ventaja.

Trabajar con esas plan­tas elevaría en más de 30% el precio de generación: “Imagina que compramos energía a 30 centavos de dólar, cuando ahora la estamos comprando, en prome­dio, a 18 y 19. A ese precio, ¿se atrevería la población a pagar las facturas? Evi­dentemente que no. Como sabemos que eso es materialmente imposible, nosotros compramos una cantidad de energía que nos permite suplir entre 82% y 83% de la demanda nacional”, apunta Montás.

De este modo, aunque el país tiene una capacidad instalada de más de 3,500 megavatios, solo pueden entrar al sistema eléctrico 2,200, dado que son de genera­ción menos costosa.

Esa situación da lugar a los llamados “apagones financieros” y obliga a los hogares y negocios a buscar sus propias soluciones energéticas (como inversores o plantas eléctricas) que suponen otro enér­gico golpe para el bolsillo doméstico.

Además de las Edes, es deficitaria la Empresa de Transmisión Eléctrica Domi­nicana (ETED), que se encarga de la trans­misión de electricidad. Entre 2008 y 2013 apenas cobró 55.47% de lo que facturó y, si se incluyen los aportes extraordinarios a la CDEEE, la situación empeora, dado que en términos reales solo ingresó 47.68% de lo facturado.

La información la ofreció reciente­mente el administrador general de Eted, Julián Santana, en un acto en el que tam­bién precisó que las Edes le deben a esa empresa pública 2.5 mdd.

Estas características convierten al sec­tor en un saco sin fondo financiado por el Estado. En 2013, el déficit general ascen­dió a 1,400 mdd. Esto incluye cerca de 1,250 mdd como trans­ferencias corrientes al sector y 150 mdd que fueron invertidos en infraes­tructuras y mejoramiento de redes, según los detalles ofrecidos por el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, a principios de año.

Esta última partida se debe a que el Estado, por la deficiencia de las empresas de distribución y transmisión, tiene que intervenir directamente en el manteni­miento de redes y otras estructuras. Estos recursos, que no se consideran cuando se habla de la carestía de la factura energé­tica, también provienen del bolsillo de los contribuyentes.

 

En busca de una solución

Aunque hace billetes, el Estado no es mágico. Ha soportado el déficit por déca­das y hay consenso en la conclusión de que el sistema eléctrico, como está, no es sostenible. La idea de buscarle una solu­ción tampoco es nueva. Esta vez, como parte de su plan para modificar la matriz energética, el Estado plantea volver a par­ticipar en la generación de energía.

Con este objetivo, el Congreso aprobó una ley que autoriza la participación del Estado en proyectos de generación a tra­vés de la CDEEE.

Ya empezó a desarrollar el Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina, en Peravia, que consiste en la construc­ción de dos plantas a carbón que gene­rarán 752 megavatios. Lo que no está claro todavía es, estando tan endeudado, cómo financiará la central, cuyo costo presupuestado se estima en 2,040.7 mdd.

Menos brumas hay alrededor de los proyectos de generación a través de recur­sos renovables. En este sentido, el plan del gobierno es llevar a 3% la proporción de la matriz energética que supone la energía renovable no tradicional en un año y medio.

En el último año el país captó varios proyectos de inversión extranjera para este fin. Enrique Ramírez, director ejecu­tivo de la Comisión Nacional de Energía, ha destacado uno de energía eólica en Baní para generar 30 megas; un proyecto de biomasa que generaría en principio 25 megas a partir de bagazo de caña en San Pedro de Macorís, y el reforzamiento de los parque eólicos de Los Cocos y Pecasa que ingresarían, en conjunto, 80 megava­tios adicionales al sistema energético.

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