En España, la industria de energías renovables creció al amparo de grandes subsidios; luego la crisis obligó al gobierno a retirarlos, así que no está por demás ser cautelosos en el tema.

 

 

En el paquete de iniciativas adicionales que se espera envíe el Ejecutivo al Congreso en julio, para regular, promover y aprovechar las fuentes de energía renovable en México –en el marco de la reforma energética que entró en vigor en diciembre de 2013 y de las 21 leyes secundarias que actualmente analizan los legisladores–, se anuncia que se integra un esquema de subsidios para detonar el uso de tecnologías verdes en la generación de electricidad.

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Llama la atención el cambio de discurso al interior de la administración pública, aunque se trate de dos gobiernos o sexenios distintos emanados de dos partidos políticos diferentes, pues en lo que se refiere a subsidios para esta industria parece un retroceso más que un avance a fin de cumplir el objetivo de cubrir el 35% de la demanda de electricidad con fuentes renovables para el 2024.

El desarrollo de la energía renovable en México, iniciado hace década y media, se llevó a cabo a través de incentivos fiscales como la deducibilidad, pero sin ningún subsidio directo.

Desde 1992, cuando se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se permitió la participación de inversionistas privados en la generación y comercialización de electricidad bajo cinco esquemas de permisos en el segmento de las energías limpias y renovables. Éstos son para productores independientes de energía, autoabastecimiento, cogeneración, importación y exportación de electricidad.

Hasta 2013 se contaba con 692 autorizaciones de generación eléctrica con combustibles fósiles, pero también con fuentes renovables y limpias para particulares y organismos sociales y públicos. Del total de permisos, 482 corresponden a permisos de autoabastecimiento; 78 a cogeneración; 39 a la modalidad de importador; 39 a usos propios continuos; 29 a productor independiente de energía; 18 a pequeños productores, y siete a exportadores de electricidad, como indican datos de la CRE.

El presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, David Penchyna Grub, anunció recientemente que en materia energética, además de las 21 leyes secundarias que estudia el Congreso, el Ejecutivo federal mandaría siete iniciativas adicionales como parte de un “paquete verde” para aprovechar estas fuentes de energía.

Mientras están listas las leyes secundarias y reglamentos que regularán al sector, el gobierno federal ya prepara el terreno al destinar un fondo de 18.4 millones de dólares para impulsar proyectos de energía geotérmica, minihidráulica, eólica, solar y de bioenergía, ya que, como parte del Programa Especial de Aprovechamiento de las Energías Renovables 2014-2018, su objetivo para los próximos cuatro años es incrementar en 33% la capacidad instalada de generación de electricidad a partir de fuentes renovables.

No es sorprendente entonces que empresarios consideran positivos los subsidios por el uso de energías renovables como un tipo de incentivo que les permita incorporar estas tecnologías alternativas a sus procesos y recuperar sus costos en un tiempo menor. Y bajo este entorno resulta aún más atractivo para las compañías del sector energético invertir en el país, porque su mercado se ampliaría ante los beneficios que obtendrían las empresas al usar recursos verdes.

Sin embargo, experiencias como la de España, donde la industria de la energía renovable creció bajo el amparo de grandes subsidios hasta que la crisis económica obligó al gobierno a retirarlos y vino su declive al contraerse el mercado, hacen pensar que no está por demás ser cautelosos en el tema.

Compañías de talla internacional ávidas de invertir y aprovechar las ventajas competitivas de un nuevo marco legal en el sector de las energías renovables están a la espera de que los cambios legislativos se concreten para fortalecer su presencia en el país, inyectando más capital para incrementar su capacidad de producción.

La viabilidad financiera de los proyectos de energías renovables y cogeneración eficiente podría estar supeditada a factores como la nueva estructura del mercado eléctrico; las tarifas que se definan para el servicio público de transmisión y distribución, y los esquemas de incentivos fiscales o de mercado que se establezcan para este sector.

No obstante, también es factible pensar que la base de la energía renovable en el país sólo se alcanzará en la medida que los grandes consumidores compren certificados de energía limpia a los productores de energía renovable, es decir, que se abra el mercado a la libre competencia, sin apoyos que distorsionen el mercado o lo hagan crecer artificialmente.

 

 

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