Más allá del calificativo que utilicemos para definir los cambios en materia energética que han tenido lugar en la última década, es necesario destacar que México venía haciendo modificaciones a su marco legal, esquemas de producción, reglas de inversión y co-inversión, y adopción de compromisos internacionales en materia ambiental con dos razones principales: eficiencia (mayor producción a menor costo) y transición hacia las energías limpias (no contaminantes).

Es indiscutible que en el último año y medio ha habido un claro retroceso en estos dos objetivos óptimos. Contra toda lógica, intuición y al revés de las tendencias mundiales, nuestro país hoy se aboca a producir petróleo y electricidad de forma financieramente inviable y altamente contaminante, lo que afectará no solo las finanzas públicas del país, si no sobre todo y más importante, atacará la salud de todos nosotros y marcadamente la de las nuevas generaciones.

No es posible que en vez de fortalecer y mejorar nuestra política energética, la cual distaba mucho de ser perfecta, se opte por ejercer (tirar a la basura) miles de millones de pesos del presupuesto público para mantener tecnologías e infraestructuras anacrónicas y deficientes, en vez de utilizar ese dinero para salud o reactivación económica que tanto necesitarían en estos momentos las personas vulnerables, los desempleados y los negocios a punto de la quiebra.

Hagamos números: el año pasado el gobierno apoyó a PEMEX con más de 97 mil millones de pesos y la SHCP estima que este año se le apoye con 65 mil millones de pesos más. El año pasado PEMEX perdió más de 347 mil millones de pesos y tan sólo este primer trimestre de 2020 lleva perdidos más de 560 mil. Para dimensionar estas exorbitantes cantidades, el presupuesto que asigna año con año la Cámara de Diputados es de 1.2 billones de pesos y las pérdidas de PEMEX en año y medio de cambiar toda la política, suman prácticamente esa cantidad: todo el presupuesto anual que presenta año con año la SHCP al Congreso. El presupuesto total es de 6 billones de pesos pero todo está preasignado (deuda, entidades federativas, gastos irreductibles, pensiones, etc.) y solo 1.2 billones se asignan anualmente a gasto público.

¿Estaba antes PEMEX en una situación óptima? Desde luego que no. Muy lejos de ello. Pero había un plan sustentable, transparente y creíble para los mercados nacionales e internacionales de cómo irlo sacando adelante sin comprometer las finanzas públicas del país, al contrario, fortaleciéndolas. Ese plan consistía en permitir la inversión privada nacional y extranjera que, además de traer recursos productivos que generarían empleos y darían sustentabilidad financiera, representarían estándares de gobierno corporativo y mejores prácticas internacionales que urgían en la operación de la empresa.

Además, existirían asociaciones entre PEMEX y el sector privado, permitiéndole a la empresa del estado quedarse con la mayor parte de las ganancias de estas sociedades y enfocarse en sus ventajas competitivas, sin tratar de abarcar todo para acabar siendo ineficiente y malgastando el dinero de los mexicanos.

Sigamos sumando dinero perdido: se tomó la decisión de construir una refinería que en total costará 307 mil 580 millones de pesos, de los cuales en el presupuesto 2020 se ejercerán 5 mil 372 millones de pesos (imagínense esos más de cinco mil millones de pesos destinados a pruebas para detectar el Covid-19, o camas de hospital o capacidad para entubar a los pacientes o dar protección al personal de salud). Por si fuera poco, la decisión de construir esta refinería ocurre el año de una de las peores crisis del mercado internacional de hidrocarburos, cuando el barril de la mezcla mexicana llegó a tener el 20 de abril pasado un precio negativo de -2.37, en un contexto en que otros países productores tuvieron que pagar hasta 40 dólares por barril para retirarlo de sus inventarios.

Es decir, pagar para que se llevaran el barril, no cobrar por su venta (precios negativos). Si bien existe una recuperación parcial del valor del petróleo, ésta sigue rondando los 30 dólares por barril, cuando en enero de este año se comercializaba en 54 y en el presupuesto se había fijado su precio en 49 dólares. Esto quiere decir que nos va a costar más producir petróleo que lo que se ganará por venderlo. Ello significará aún más pérdidas para PEMEX, que ya lleva dos bajas de calificación y sus bonos se comercializan como bonos basura, afectando también la calificación crediticia del país, que ya tuvo dos bajas y mantiene dos perspectivas negativas.

En 2018 México llegó a ser la sexta economía más atractiva del mundo para la inversión en energías renovables, alcanzando una inversión de 8,600 millones de dólares, con 3 subastas concluidas, 65 centrales produciendo 5 mil MW y 17 estados con una nueva central limpia cada uno. En 2019, en lugar de avanzar y acercarnos a la meta internacional de alcanzar para el 2024 el 35% de nuestra electricidad de manera limpia, hubo un brutal retroceso: se suspendieron las subastas para la compra de electricidad de fuentes renovables y se cambiaron los lineamientos de los Certificados de Energía Limpia (CELs) para incluir a la generación de las plantas hidroeléctricas de la CFE.

En 2019, 11 meses después de la suspensión de las subastas, el gobierno cambió las reglas para los CELs y el pasado 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) las volvió a modificar y publicó un acuerdo por el que se posponen de manera indefinida las pruebas operativas de centrales eléctricas, provocándose amparos y demandas de las compañías que ya habían invertido en la generación de energías limpias en nuestro país (eólica, solar, hidroeléctrica, biomasa, geotermia y marítima) con inversiones que ascendían a 6 mil 400 millones de dólares.

La SENER publicó el 12 de mayo en el Diario Oficial, el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional”, donde cambia el foco de la política energética, para que en vez de limpia y eficiente, ahora obedezca “decisiones estratégicas” las cuáles no serán limpias y serán más caras, además de estarán bajo un criterio altamente discrecional, contrario a la certidumbre que requieren los inversionistas.

¿Vamos a permitir que se sigan tirando a la basura miles de millones de pesos para producir petróleo y electricidad de manera altamente contaminante? Cuando la nueva refinería financieramente inviable produzca petróleo, nos “sobrará” combustóleo (chapopote con 4% de azufre) y como éste ya no se acepta por estándares internacionales ni para las embarcaciones, deciden prohibir a CFE comprar energías limpias para producir electricidad (socavando el estado de derecho y generando aún más incertidumbre para invertir en México).

Con ello cierran un círculo: PEMEX le venderá combustóleo a la CFE, quien producirá electricidad de manera sucia, pero sobre todo altamente peligrosa para nuestra salud. Cambios para mejorar son bienvenidos, pero esta ecuación sin sentido que afectará la salud y los bolsillos de los mexicanos, tiene que ser reconsiderada. El tiempo corre.

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Vanessa Rubio Márquez es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y Maestra en Ciencias por la London School of Economics and Political Science. Ha trabajado en el sector público durante más de 25 años. Se convirtió en la primera mujer en la historia de México en ser nombrada Subsecretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presidió todos los Consejos de Administración de los bancos de desarrollo mexicanos y de las instituciones que regulan el sistema financiero.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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