Notimex.- En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio, según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 donde se establece prohibir las adjudicaciones directas.

Ante ello se propone al Congreso de la Unión la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, se centralizarán las instancias de Contraloría, y se reforzarán mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

Además se reorientará la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y se creará una unidad policial especializada en lavado de dinero.

Órden público

Advierte que el Poder Ejecutivo Federal pondrá en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que sea.

Eso significa un combate total y frontal a las prácticas del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites, y el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo.

Está además tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas; establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos; y eliminar el fuero de altos funcionarios.

Además fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones, y realizar verificaciones obligatorias de los precios del mercado antes de cualquier adquisición.

Atacar migración

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 enviado a la Cámara de Diputados establece que el Poder Ejecutivo Federal atacará las causas profundas de la migración al país vecino del norte mediante la creación de empleos dignos, el desarrollo regional y la edificación de un Estado bienestar.

Señala que el propósito de esta política es que ningún ciudadano mexicano se vea obligado a abandonar su lugar de residencia por pobreza, marginación, falta de perspectivas de realización personal o inseguridad.

Espera que los programas sociales tengan una incidencia concreta en la mejoría de las condiciones de vida en las principales zonas expulsoras de mano de obra y que los proyectos regionales de desarrollo actúen como “cortinas» para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte .

Tren Maya

Destaca que el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la Zona Libre de la Frontera Norte generarán empleos y condiciones de vida digna para atraer y anclar a quienes huyen de la pobreza.

El objetivo central de esta política no es, como se ha querido interpretar, resolver a Estados Unidos el problema de la llegada de inmigrantes, si no garantizarles los derechos al trabajo, a vivienda, seguridad, educación y salud que el país les ha negado por décadas.

Resalta que el Ejecutivo Federal buscará involucrar en esa solución a Estados Unidos y a los países de Centroamérica que son origen del flujo migratorio creciente.

Agrega que mediante la negociación y el diálogo franco se buscará involucrar los gobiernos de Estados Unidos y a los del llamado Triángulo del Norte centroamericano -Guatemala, Honduras y El Salvador- en la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y desarrollo capaces de desactivar el fenómeno migratorio.

Justicia ‘transicional’

Asimismo, el Plan propone emprender la construcción por la paz con un modelo de “justicia transicional” y plantea revisar expedientes de acusados y sentenciados a la luz de las lógicas de pacificación, a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto.
Ello condicionado, en todos los casos, al cumplimiento de cuatro ejes de la «justicia transicional»: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

El documento del Ejecutivo entregado en la Cámara de Diputados asienta que se establecerá lo antes posible el Consejo para la Construcción de la Paz, que será una instancia de vinculacion y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen la paz.

Adelanta que el Gobierno Federal invitará en todas estas acciones a representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a observadores designados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Advierte como imperativo considerar la adopción de modelos de “justicia transicional” que garantice los derechos de las víctimas y al mismo tiempo hagan posible el desarme y la entrega de infractores, a quienes se les respetarán sus derechos legales y se les propondrá un cambio de vida.

 

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