Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado desde hace una semana la entrega de tarjetas con fines de coacción del voto en Nuevo León por parte de Adrián de la Garza; sin embargo, en 2018, la autoridad electoral federal resolvió un tema similar donde determinó que no es ilegal.
En 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una reforma que implementó el INE al reglamento de la Comisión de Fiscalización que prohibía la entrega de tarjetas para ofrecer beneficios durante las precampañas, esto a raíz de la elección en el Estado de México y la entrega de la tarjeta “Salario Rosa” por parte de Alfredo del Mazo.
De acuerdo con los criterios establecidos por el TEPJF, es legal que como propaganda electoral un candidato plasme sus propuestas, incluso las de apoyos económicos, en tarjetas plásticas o de cualquier otro material ya que puede tratarse de acciones futuras de gobierno.
“En otras palabras, mientras no se condicione el voto, se considera promesa de campaña”.
Dijo esa vez Felipe de la Mata, magistrado del TEPJF.
“La propaganda en formato tarjeta, de cualquier material, tamaño y contenido, automáticamente no es ilegal o prohibida, es su uso no su forma la que debe mostrar que es una promesa futura de campaña o una manera clientelar para condicionar el voto”, sostuvo.
Adrián de la Garza, candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el reparto de la “Tarjeta Regia” en la que promete apoyos bimestrales a mujeres jefas de familia por mil 500 pesos.
Otro señalamiento respecto al uso de tarjetas en campaña, vino ayer de Mario Delgado en una gira por Baja California Sur para apoyar a su candidato, Víctor Manuel Castro. El líder morenista acusó al contrincante de la Alianza PAN, PRI, PRD, Francisco Pelayo, de comprar el voto a través de la tarjeta “Unidos Contigo”.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 242 párrafo 3, define que la propaganda electoral es un conjunto de escritos, publicaciones y expresiones que, durante la campaña comicial, producen y difunden los partidos políticos con el propósito de presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
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Aquí entra la entrega de dípticos, volantes e incluso tarjetas plásticas, cuya motivación sea crear una relación de simpatía con el electorado.
¿Qué sí sanciona la ley respecto a las tarjetas en campañas electorales?
La ley restringe la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, refiere el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Antecedentes
En la elección presidencial de 2018, se denunció al candidato de la coalición Por México al Frente, integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, de intentar coaccionar el voto a su favor a través del reparto de la tarjeta Ingreso Básico Universal (IBU).
Esta tarjeta fue parte de una propuesta de campaña que Anaya lanzó para que todos los mexicanos recibieran un apoyo mensual de mil 500 pesos.
En aquel entonces, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) desestimó la queja del PRI y Morena al considerar que la tarjeta IBU era propaganda electoral.
“Se advirtió, en apariencia del buen derecho, que las tarjetas y folletos que se distribuyen, forman parte de una estrategia de comunicación del candidato a la Presidencia de la República denunciado y de los partidos que integran la Coalición “Por México al Frente”, para dar a conocer sus propuestas de campaña”, argumentó el INE.
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Otro caso fue el dado en la elección a la gubernatura de Coahuila, en la que la Sala Superior señaló que el reparto de tarjetas rosas constituían promesas de campaña y no la entrega de apoyos mediatos.
¿Qué pasará con la denuncia a De la Garza por el reparto de la “Tarjeta Regia”?
Una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) ha judicializado el caso y deberá aportar pruebas que deberá valorar la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y el Tribunal local.
En caso de que haya una impugnación sobre sus resoluciones deberá ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien determine si De la Garza condicionó el voto con el reparto de la tarjeta o fueron actos de campaña.
Eel año pasado, el Congreso de la Unión reformó el Artículo 19 dela Constitución para calificar como delito grave el fraude electoral.
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