¿Una trama de informantes en el Senado mexicano? Eso parece decir el senador del PRD Zoé Robledo, del estado de Chiapas. Pero, ¿qué llevó a Robledo a llamar a proteger a los whistleblowers, en medio de la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción a mediados de abril?

 

A mediados de abril, cuando el Senado de México se desvelaba para aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción, el senador por el PRD Zoé Robledo usó el micrófono e hizo un llamado poco común en el escenario legislativo: “establecer condiciones para ofrecer protección a los informantes o whistleblowers”.

No me quedé con la inquietud y acudo a entrevistar a Zoé Robledo para que me platique más de esta propuesta y los alcances que tendría.

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Me recibe en su oficina del Senado de México. Llama la atención que tenga tantos libros. Hago la observación en Twitter, y una amiga se apresta a comentar: “¿Serán de adorno o sí los habrá leído?”

En cuanto lo tengo enfrente, le suelto: ¿Qué llevó a Zoé Robledo a hablar del tema de los whistleblowers en plena discusión de la Ley Anticorrupción a las 23:40 de la noche?

“¿Por qué en México no tenemos a un Snowden o a un Bradley Manning?”, responde con otra pregunta.

A grandes rasgos, dice, porque el sistema no garantiza la protección de las personas que, teniendo información delicada, se atreven a hacerla pública.

Lo que busca su propuesta es brindar lo que denomina “fuero ciudadano”, es decir, que los ciudadanos informantes “deberían de tener un fuero contra posibles abusos de autoridad, y que no sean los políticos quienes gocen del fuero”.

“Todos espían a todos”, es una de las frases contundentes de este legislador, quien se dice inspirado por movimientos ciudadanos en defensa de la libertad de expresión y acceso a la información.

Pero el asunto no va tan a la ligera. Para que un ciudadano, político, sindicato, funcionario dé a conocer bajo la figura de whistleblowers “información de interés público que fue reservada incorrectamente” debe cubrir dos condiciones:

  1. Que revele la información actuando de buena fe.
  2. Que la información que se esté dando a conocer sea sobre violaciones del ordenamiento jurídico, alguna amenaza grave para la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, así como violaciones de derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario.

“O casos graves de corrupción”, acota Robledo. Se trata de “informar a la ciudadanía lo que esconde el gobierno”, dice.

En la plática con Robledo sale el tema de Carmen Aristegui-MVS, asunto que está en la agenda pública y que puso a prueba valores democráticos como los límites de la libertad de expresión o la forma en que una periodista puede participar en plataformas como Méxicoleaks, agrega.

Entre 1977 y 1984, el periodista mexicano Manuel Buendía publicó en su columna Red Privada información de los entretelones del poder político en México.

Como nadie, documentó por 10 años la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el país. En su libro La CIA en México (Editorial Océano, 1984), Buendía da nombres, direcciones, alias, oficios y sitios que frecuentaban los agentes que hacían su vida en México para reportar a Estados Unidos.

En las 225 páginas del libro, el periodista oriundo de Michoacán narra la influencia que llegan a tener estos personajes en las decisiones de los poderosos.

Pero también refleja “inquietudes” de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos mostraba preocupación por la frontera sur de nuestro país, motivo por el cual sugirió orquestar una “guerrilla de izquierda” en Chiapas, para que Estados Unidos refuerce la frontera con Guatemala. Sí, eso escribió Manuel Buendía en 1984 en su libro.

Al cabo de las líneas, la información publicada por el columnista terminó costándole la vida.

Fue en 1984 cuando fue asesinado de cinco tiros por la espalda. Algunos apuntan que sus últimas columnas, dedicadas a la penetración del narcotráfico en las fuerzas castrenses y políticas del país, le costaron la vida.

La película Todos los hombres del presidente, estelarizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, es una mirada a los periodistas que navegaron entre informantes secretos y fuentes que en todo momento se negaron a revelar sus nombres.

Si bien la trama se centra en las dificultades al interior del Washington Post para publicar la historia, hay tres episodios, breves, que han permeado a lo largo de los años: el papel que jugó Deep Throat.

Agente de la FBI, Deep Throat suelta algunas claves a Bob Woodward. Pero aquí hay un dato curioso: las apariciones de Deep Throat en la película de 138 minutos se limitan a tres veces y no más de tres minutos cada una.

¿Por qué un personaje del que sólo vemos parte de su rostro en las sombras, que aparece, a lo mucho, nueve minutos, sigue llamando la atención de la cultura cinematográfica estadounidense?

Hablar de los whistleblowers es muy diferente de hablar de estos soplones o personajes oscuros, personas corruptas, relacionadas con la represión y “lo peor de las prácticas políticas en México, que no tienen en su origen una motivación democrática”, explica mi entrevistado.

Hay una diferencia clara entre un whistleblower y un soplón: el primero tiene un interés legítimo en dar a conocer una información que es de interés público. El segundo tiene otras intenciones: golpeteo político, desestabilizar, etcétera.

En Todos los hombres del presidente, cuando el equipo editorial del Washington Post discute, una vez más, la conveniencia de publicar a ocho columnas la trama final del financiamiento de Nixon al espionaje político, uno de los editores reflexiona: “Deep Throat no es una fuente.”

¿En verdad ve el senador Zoé Robledo a un colega legislador, a un líder sindical, amparándose en esta figura de los whistleblowers para revelar información de interés público? Suelta una ligera sonrisa, y apunta: “Yo lo veo muy complicado.”

Y ataja: “Tantos años en que la opacidad fue la regla generó un efecto: pensar que esconder y reservar la información es parte de la responsabilidad del servidor público.”

De lo que se trata, asegura, es de evitar un efecto silenciador: que los ciudadanos, los funcionarios que piensen en hacer pública información decidan callar para no poner en riesgo su empleo e incluso su vida.

En esta dinámica de proporcionar la información juega un papel importante el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).

El senador Robledo detalla que no se trata de crear un INAI ciudadano. “De hecho, el INAI tendría un papel preponderante, porque sería el que calificaría que la información que se está proporcionando es real y que fue clasificada de forma indebida.”

¿Está hablando de un tema ajeno al contexto internacional? Por supuesto que no, y cita a lo largo de la entrevista una carta que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México hizo llegar a todos y cada uno de los senadores.

Fechada el 13 de marzo de este año, la misiva de cinco cuartillas es una relatoría del avance y los compromisos adquiridos en el país para la defensa del acceso a la información.

Pero principalmente es un llamado urgente a que los ciudadanos, funcionarios o fuentes que revelen información o “acciones indebidas” cuenten con la debida protección.

El documento considera como “recomendable legislar en la Ley General de Protección de quienes denuncian actuaciones indebidas”.

Sí, la ONU urge al Poder Legislativo trabajar para que el derecho a la información en el país esté a la altura de estándares internacionales.

Por eso es que, tal vez, si el periodista mexicano Manuel Buendía viviera sería uno de los principales impulsores de una iniciativa que, de seguro, inquieta a más de un personaje público nacional.

Y tú, lector, ¿qué opinas?

 

Contacto:

Twitter: @miguelcolunga1

 

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