Cómo entender la violación constante del espacio público, el espacio al que tenemos derecho todos, pero que es privatizado, agandallado, utilizado, regenteado, usurpado o comercializado por grupos de interés, gobiernos, políticos, luchadores sociales, comerciantes, vecinos, activistas, y, por supuesto, del crimen organizado.

 

 

“El espacio social se divide en dos esferas distintas: la esfera privada, o sociedad civil, suma de individuos que defienden sus intereses particulares, donde cabe el desorden de los sentimientos; y, por el otro lado, la esfera pública, o sociedad política, representada por la figura simbólica de un Estado garante del interés general, bajo las tres formas de: 1) un desarrollo económico, 2) una justicia social, y 3) una integración nacional. Esto ha fundado el civismo.

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“La igualdad formal y jurídica de los individuos bastaba para mantener la relación social…la afirmación de la primacía del individuo en la organización social y política, la debilidad de la tradición del estado de derecho, hacen que el Estado aparezca ya no tanto como garante de las libertades, sino como otorgador de prestaciones.” (Ikram Antaki).

Palabras claves para tratar de entender la violación constante del espacio público, el espacio al que tenemos derecho todos, pero que es privatizado, agandallado, utilizado, regenteado, usurpado o comercializado por grupos de interés, gobiernos, políticos, luchadores sociales, comerciantes, vecinos,  activistas, viene-vienes, todo-todos y, por supuesto, del crimen organizado.

El primer “privatizador” del espacio público es el gobierno, principalmente los administradores  locales (gobiernos municipales y estales). Construyen la estructura territorial necesaria para cobrar el famoso “derecho de piso” a vendedores ambulantes (fijos, semifijos y ambulatorios). De hecho, este concepto lo usa el crimen organizado, pero  en realidad viene de un actuar gubernamental.

La autoridad está más preocupada en cobrar por ese espacio público –ya sea como un acto de hacienda pública o como un acto de corrupción-, o en concesionar o condicionarlo con fines de control político-partidista. Garantizar el derecho común, de protección civil o de discapacitados de ese espacio público no es su prioridad.

Basta recorrer los accesos, pasillos y vagones del metro, las calles, plazas públicas y cruceros viales, comercios que extienden su negocio a la banqueta hasta donde se le antoja, con el aval de la autoridad o sin él.

Los aparatosos operativos de liberación de espacios públicos son en realidad mecanismos de presión para llegar a un acuerdo con el actor informal, en muchos casos, como en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, las cuadrillas de inspección (las famosas camionetas blancas), actúan como verdaderos delincuentes. Llegan, recogen mercancía a toda velocidad y salen intempestivamente del lugar de los hechos; no consignan nada, no entregan comprobante alguno y listo.

Uno puede asomarse en estos días al Zócalo capitalino y puede ver todo menos la explanada: grandes estructuras de empresas privadas promocionando sus productos, supuestos maestros que con carpas vacías invaden lo que queda de ella o campamentos oficiales implementando programas sociales. Un Zócalo que dejó de ser un atractivo turístico para convertirse en un gran salón de fiestas.

Por otro lado, los actores privados también exigen derecho de propiedad. Los dueños de las casas habitación que consideran que la banqueta y la calle forma parte de un “derecho” extendido, que es delimitado con una raya amarilla, un objeto metálico fijo –con candado y todo-, una silla o un simple bote. Donde las banquetas pueden modificarse o adaptarse para facilitar el acceso vehicular a sus propiedades. O incluso, la banqueta misma puede ser un gran estacionamiento para un particular. El peatón no importa.

Ya no digamos las personas que simple y sencillamente, colocan objetos y cobran derecho de piso para que alguien ocupe “su” lugar. Protestar o reclamar el acto puede ser un atrevimiento que puede costarle caro a uno o al auto.

Los gobiernos ya no garantizan un régimen de libertades, sino un régimen de prestaciones. Han tenido el descaro de ponerle un gafete oficial a un “viene-viene” y hasta se les asigna una determina cuadra para que ejerzan su labor de administrador del espacio público… y cobren por él.

Anteriormente habíamos hablado del imperativo de la obediencia ciudadana frente al gobierno como un acto de representatividad de Estado, pero cuando existe una anarquía real o solapada por la propia autoridad, la obediencia pasa a segundo plano, se vuelven valores entendidos, reglas no escritas que hacen de la autoridad un payaso que se puede patear. La civilidad urbana ha desaparecido.

 

 

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