Las primeras planas de los diarios de circulación nacional de esta mañana se enfocaron en el congelamiento de cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin, economista y político mexicano que fungió como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016, por el supuesto manejo de recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, este no es el primer señalamiento de Lozoya por supuestos actos de corrupción.

En enero de 2015, audios publicados en Youtube revelaron una conversación de altos ejecutivos de la empresa española OHL acerca de una asesoría por parte del entonces funcionario mexicano para ser favorecidos en licitaciones de la paraestatal.

Cabe destacar que previo a ser designado como director de Pemex, Lozoya perteneció al Consejo de Administración de la constructora española.

En abril de 2016, el egresado del ITAM negó “categóricamente” a través de su cuenta de Twitter, que ahora se encuentra inactiva, tener relación con Mossack Fonseca, un despacho con sede en Panamá señalado como “experto en paraísos fiscales” en la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers.

En la investigación se señaló que se encontró una copia del pasaporte de Lozoya en los archivos del despacho panameño para la creación de una empresa offshore en Dubái.

En agosto de 2017 Lozoya fue denunciado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por supuestamente haber recibido aproximadamente 10.5 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht durante 2012, mismos que fueron utilizados para financiar parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Los señalamientos surgieron en el marco de una investigación internacional en el que altos ejecutivos de la constructora brasileña afirmaron que Lozoya solicitó los sobornos a cambio de favorecerlos con contratos de la paraestatal que dirigía en ese momento.

Luego de estas acusaciones, la justicia mexicana inició un proceso de investigación encabezado por Santiago Nieto, entonces titular de la Fepade, mismo que fue removido de su cargo el 20 de octubre de 2017. Este hecho provocó una serie de señalamientos negativos en contra de la administración de Enrique Peña Nieto.

En diciembre de 2018, el imputado obtuvo un amparo por el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ante las supuestas violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica en las que incurrió la Fepade, por lo que le fue ordenado subsanar vicios y detallar a plenitud si las acusaciones contra el exdirector de Pemex habían prescrito o no.

Hace unas semanas el nombre de Lozoya Austin volvió a los titulares de la prensa mexicana luego de ser inhabilitado por un periodo de 10 años por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ejercer cualquier cargo como funcionario por mentir en su declaración patrimonial y supuestas irregularidades en la adquisición de una empresa de fertilizantes Fertinal y pagar un sobrecosto cercano a 620 millones de pesos.

Pemex compró Fertinal durante el gobierno del presidente Enrique Peña en una operación muy cuestionada por haber adquirido una empresa que operaba muy por debajo de su capacidad a un precio muy alto.

La petrolera, que era dirigida por Lozoya cuando se efectuó la compra, dijo en su momento que pagó hasta 255 millones de dólares por el capital de la empresa, incluyendo una mina de roca fosfórica ubicada en el estado Baja California Sur.

Las acusaciones más recientes al ex colaborador de Enrique Peña Nieto están relacionadas con supuestas “operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas”, hecho por el cual la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió a congelar sus cuentas bancarias.

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