En los últimos dos años, las discusiones sobre la educación nacional se han centrado en la reforma normativa, que obliga a la federación y a los estados a hacer cambios en la Constitución y reformas a la Ley General de Educación, así como al surgimiento de leyes generales sobre servicio profesional docente y sobre evaluación. El peso del debate se ha cargado en lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) nacional hace, deja de hacer o debería hacer. Pero si revisamos atentamente las leyes, son 31 entidades –y la SEP todavía, en el caso de la Ciudad de México– las que administran las escuelas, las que forman, contratan, despiden o reconocen a los maestros. Éstas son las directamente responsables de la infraestructura digna, de la supervisión, de la atención a necesidades educativas especiales e incluso de convocar y favorecer la participación de las familias en las escuelas a través de los Consejos de Participación Social. Pero ¿qué cuentas nos dan los gobiernos estatales sobre la educación? La verdad, no muchas. Los gobernadores rinden informes anuales a sus congresos estatales y nunca falta un capítulo sobre educación, pero en general se parecen a los largos informes presidenciales del pasado: más becas, más edificaciones y más comidas llevadas a la escuela. Sin embargo, esos números no alcanzan para comprender la interacción entre las condiciones y los logros educativos. Por ello nos dimos a la tarea de formular el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE) Estatal, que reúne los datos que nos permiten saber cuántos de los estudiantes de cada estado llegan en tiempo y forma al primer año de bachillerato, para medir si tenemos en cada estado un sistema que cumple con trayectorias completas, así como los resultados de los alumnos de la entidad en Planea, la nueva prueba nacional de logro de aprendizaje, para saber si las trayectorias son exitosas. Además ajustamos los datos para “emparejar el terreno”, pues las entidades grandes y ricas, con más servicios y que armaron antes su red de escuelas, llevan ventaja, y no es justo comparar los resultados de Campeche con los de Nuevo León, sin tratar de descontar el efecto del desarrollo humano que hay en uno y en otro. Después del ajuste incorporamos otros 11 indicadores que cuentan una historia: si las personas llegan a la escuela preparadas y dispuestas, si los procesos elementales se cumplen, si algunas condiciones materiales –las más reveladoras– están presentes en la mayoría de las escuelas de cada estado y, finalmente, si la red de apoyo –la supervisión y la tutoría a los maestros, para empezar– funciona. Ésas son las cuentas que, a nuestro juicio, debe rendir como mínimo un estado acerca de su responsabilidad educativa. Además estamos publicando un ranking nacional, así como detalladas fichas estado por estado, todo con información oficial publicada, o bien obtenida por solicitudes oficiales de información. Y hay muchas sorpresas en los puntajes, y en la posición relativa de los estados en su cumplimiento: resulta que no todo lo que brilla es oro, a veces es sólo relumbrón. Asimismo podemos poner el reflector en entidades que no solemos considerar tan destacadas, pero que sí lo son, por el esfuerzo de sus autoridades, y por cómo va rindiendo fruto a favor de la joven generación. De ellas todos podemos aprender para mejorar. Tener datos duros desfonda las lodosas ideologías y los gelatinosos pretextos. Y tener propuestas sólidas supera la mera severidad de la crítica. A todos nos toca apoyar, actuar y responder. Pero no de la misma manera, sino como el pacto social que las leyes nos marca. De este modo, no hacemos crítica sin propuesta: en cada ficha estatal subrayamos las recomendaciones cruciales, de atención urgente. Así se responde a la pregunta de las autoridades: “¿Y qué esperan que yo haga?” Y así se empodera a los ciudadanos, pues con un instrumento confiable, la demanda ya no es un genérico. “¡Queremos mejor educación para nuestros hijos!” sin un preciso “te pido, autoridad, que atiendas la limitación que tenemos para un ingreso oportuno en preescolar, y que te asegures de que todos los maestros principiantes tengan, como marca la ley, un tutor experimentado que los oriente”. También se usan los términos “rendición de cuentas” o accountability, pero el castizo vocablo “responsabilidad” nos remite a decisión personal, integridad y orientación al bien del otro. Necesitamos mucha responsabilidad con las niñas, los niños y los jóvenes. Los sistemas educativos los tienen que poner al centro, tienen que responder a lo que necesitan y quieren aprender. Para saber qué hace cada estado por la educación puede descargar el estudio ICRE.
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