Los estados de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Baja California y Veracruz presentaron cifras irregulares en materia de homicidios dolosos, de acuerdo con el Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC) presentado por de México Evalúa. 

Con un máximo de 10 puntos, estas entidades obtuvieron calificaciones de 2.5, 5.4, 5.6, 6.1 y 6.3 puntos, respectivamente, lo que coloca a la entidad gobernada por Alfredo del Mazo como la peor calificada. 

Para la realización de este estudio, que midió la fiabilidad de los datos delictivos en los 32 estados de la República, se contrastaron las cifras de asesinatos obtenidas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) con las reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNPN) por las procuradurías o fiscalías estatales. 

El Estado de México reportó una diferencia de 5,772 víctimas de homicidio, entre las cifras del Inegi y las del SESNSP, de acuerdo con el estudio “Fallas de Origen 2019”, de México Evalúa. 

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En el caso de Michoacán e Hidalgo, ambos estados presentaron una correlación parcial en los índices de homicidios culposos y dolosos, lo cual de acuerdo con el instituto de investigación, no debería de haber, ya que es un indicador de que las cifras presentan deficiencias. 

“Mientras para Michoacán el error indica una reclasificación sistemática de datos, en Hidalgo apunta a un subreporte de datos”, explica el informe. 

Durante 2015, Oaxaca en un mes reportó 57 homicidios, al siguiente cero, el siguiente 48 y los dos subsecuentes también cero; lo cual mostró señales de que no funcionó el proceso ni la generación de datos. 

Hay un gran número de muertes que no coinciden en ambas fuentes de información, el Inegi y la SESNSP, lo cual hace dudar de las cifras de este último. Además, es alarmante que las cifras ascienden a miles de víctimas de diferencia en diversos estados, explica el ICEC. 

Por ello, Mexico Evalúa recomienda que el Inegi y el Centro Nacional de Información realicen auditorías en este rubro, así como condicionar los recursos federales a la generación de información de calidad. 

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