La victoria de Morena, de la mano de Claudia Sheinbaum, en las elecciones presidenciales, de senadores y diputados tiene a los inversores preocupados de que pueda usar su mandato para dejar de lado algunos de los controles al poder presidencial que durante mucho tiempo han sido una fuente de consuelo para el gobierno.

La posibilidad de que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, pueda impulsar algunos de esos cambios durante su último mes en el cargo en septiembre, tiene a algunos inversores especialmente nerviosos.

Ese período se superpondrá con una nueva legislatura en la que su partido gobernante, Morena, probablemente disfrutará de una supermayoría que le daría el poder de reescribir la constitución del país.

Algunos analistas mantienen la esperanza de que la sucesora ungida de López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que prestará juramento el 1 de octubre, pueda adoptar un enfoque más gradual, pero ni siquiera eso es un hecho. Principalmente ha profesado su lealtad a las políticas de su carismático mentor.

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López Obrador propuso una serie de cambios constitucionales en febrero que reestructurarían drásticamente el poder judicial de México, eliminarían o neutralizarían algunas agencias reguladoras clave e introducirían algunos beneficios sociales nuevos y costosos, incluido un plan de pensiones estatal ampliado.

Aunque ninguna de las medidas es bien recibida por los inversionistas, lo que pone particularmente nerviosos a algunos observadores son los cambios propuestos al sistema judicial de México -que incluirían la elección popular de jueces de la Corte Suprema- más el “destripamiento” de órganos de supervisión claves.

“Lo que menos quiere un inversionista, y menos un inversionista que va a instalar una fábrica valorada en miles de millones en México, es que las reglas del juego cambien repentinamente”, dijo Esteban Polidura, director de estrategia de inversión para las Américas de Julius Baer.

“Por eso conceden gran importancia a que siga existiendo un Estado de derecho, a que se respeten las normas existentes y a que se respete la independencia de las instituciones que están ahí para tomar decisiones no vinculadas a un gobierno concreto”.

Con información de Reuters.

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