Los seis meses de actividades que han transcurrido de la XLIV Legislatura en el Congreso de la Unión, los integrantes de Cámara de Diputados y Senadores se han enfocado en gran medida en analizar, discutir y aprobar iniciativas enviadas por Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de establecer diversas acciones y gestionar el gobierno federal.

Entre los cambios promovidos a través del Congreso de la Unión más notorios dentro de los primeros meses de funcionamiento de la presente legislatura es la creación de la Guardia Nacional.

El pasado 1 de marzo, y luego de varios meses de intensas negociaciones entre el partido oficial y la oposición, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para crear este grupo de seguridad, que apoyará en el plan del gobierno de AMLO para atender la crisis de seguridad en el país.

Declararán constitucionalidad de la Guardia Nacional este jueves

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Los principales señalamientos a esta propuesta de reforma constitucional se enfocaban en el mando mixto con integrantes de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), como estaba originalmente establecido en la iniciativa original. Sin embargo, la intervención de organismos de la sociedad civil e integrantes de partidos de oposición la propuesta aprobada ordena que este grupo tendrá un mando civil.

Previo a la toma de protesta en Cámara de Diputados de López Obrador, los legisladores aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para llevar a cabo cambios en la Secretaría de gobernación y crear la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Este dictamen no transito sin cambios toda vez que partidos de oposición se negaron a aprobar las facultades para que Segob proveería servicios de radiodifusión digital.

La austeridad republicana

Para cumplir con sus promesas de campaña enfocadas en disminuir los gastos ostentosos en el gobierno federal, AMLO solicitó a los legisladores aprobar una reforma que castigue con cárcel a los funcionarios que tengan un sueldo superior al del presidente de la República. Estas modificaciones a la Ley Federal de los Servidores Públicos fueron aprobadas el 5 de marzo.

Cuando AMLO presentó su plan para combatir la corrupción, siendo aún presidente electo, afirmó que se reformaría la Ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral.

Esta intención de AMLO se plasmó a través de una serie de reformas al artículo 19 de la Constitución con el objetivo de ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.

Esta reforma aprobada en la Cámara de Diputados el 19 de febrero incluye los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga, robo de hidrocarburos, desaparición forzada de personas y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.

Otro asunto al que se le dio prioridad en las cámaras fue aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía. Entre señalamientos que apuntaban a que el dictamen acotaba la autonomía de la Fiscalía General. Se estableció la organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de este órgano.

Con lo anterior se dio paso a la designación del Fiscal General en el Senado, también en medio de diversas críticas por los perfiles cercanos a López Obrador, se determinó por mayoría calificada establecer a la cabeza de este órgano a Alejandro Gertz Manero.

 

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