Para las empresas y los ciudadanos la corrupción es uno de los principales retos del país, sólo por detrás de la inseguridad y la delincuencia; y desde la percepción pública el gobierno no está exento de caer en ella o practicarla, dado que se ha visto cara a cara con esta enfermedad al momento de acudir a realizar algunos de los trámites existentes en la Administración Pública, en cualquiera de sus tres niveles.

Por un lado, el de los empresarios, esta práctica se da principalmente en las oficinas gubernamentales y su burocracia, y en su mayoría es una medida a la que recurren para agilizar trámites, evitar multas o conseguir licencias y permisos para desarrollar su actividad.

Así lo señala la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016 (ENCRIGE), realizada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que además indica que el costo de la corrupción en el país fue de 1,600 millones de pesos el año pasado.

Por el otro, a nivel nacional los ciudadanos coinciden en que sus experiencias de corrupción se dieron al tener contacto con las autoridades para realizar algún trámite, pago o solicitud de servicio público.

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La ENCRIGE 2016 señala que cada empresa gastó 12,243 pesos en actos de corrupción, mientras que en el caso de las empresas medianas ese monto alcanzó los 84,806 pesos y en las industriales los 15,766 pesos.

El 82.2% de los empresarios refirió que esta práctica es frecuente por parte de los servidores públicos, según los datos del reporte elaborado por el Inegi.

Desde el otro lado, para al menos 12,590 por cada 100,000 habitantes la corrupción es de carne y hueso, ya que en la ENCIG 2015 ese es el número que representa la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción; mientras que 59,713 de cada 100,000 habitantes cree o ha escuchado que existe corrupción en los trámites que realizó.

La ENCIG 2015 proporciona información sobre la percepción de la población acerca del fenómeno de corrupción y las experiencias de ésta que sufrió al realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además del contacto con autoridades y servidores públicos.

Los trámites que más provocan actos de corrupción entre los empresarios en México son:

1) Contacto con autoridades de Seguridad Pública
Casos de corrupción1: 2,753 / Trámite: estatal y municipal.

2) Apertura o seguimiento de averiguaciones públicas o carpeta de investigación
1,557 / Federal y estatal.

3) Procesos judiciales laborales o mercantiles
1,545 / Federal y estatal.

4) Licencias o permisos para giros especiales
1,245 / Municipal.

5) Juicios laborales o mercantiles
1,114 / Federal y estatal.

6) Permisos para importaciones y exportaciones
1,057 / Federal.

7) Licencia o permiso de uso de suelo
986 / Municipal.

8) Permiso para construcción
881 / Municipal.

9) Inscripción en proceso de licitación
714 / Federal, estatal y municipal.

10) Estudios de factibilidad de agua y drenaje
703 / Municipal.

1Tasa de incidencia en corrupción por cada 10,000 empresas.
2Tramite federal, estatal y/o municipal.
Fuente: ENCRIGE 2016.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, señala que éstos son los que más mencionaron los ciudadanos:

Porcentaje de usuarios que experimentaron algún acto de corrupción

  1. Contacto con autoridades de seguridad pública / 55.2%
  2. Trámites ante el Ministerio Público / 23.7
  3. Trámites para abrir una empresa / 22.3
  4. Trámites en juzgados o tribunales / 21.8
  5. Permisos relacionados con la propiedad / 16.4
  6. Trámites vehículares / 14.8
  7. Otros pagos, trámites o solicitudes1 / 12.9
  8. Trámites municipales2 / 11.8
  9. Trámites del servicio de energía eléctrica / 8.1
  10. Pago de tenencia o impuesto vehicular / 5.9

1/ Otros pagos, trámites o solicitudes. Trámites ante el Instituto Nacional Electoral (INE), carta de no antecedentes penales y cartilla de Servicio Militar, etcétera.
2/ Trámites municipales, se refiere a permisos para vender en la vía pública, conexión o regulación del servicio de agua potable y drenaje, etcétera.
Fuente: ENCIG 2015.

 

4 acciones para ‘blindar’ los trámites

Cómo revelan los datos del Inegi, ciudadanos y empresarios recurren a la corrupción como una medida para solucionar o evitar una situación; sin embargo, eso podría evitarse si la tramitología tuviera sus justas dimensiones y cerrara la puerta a las irregularidades.

En ese sentido, Mariana Tapia, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), menciona que los espacios grises en la burocracia, más la cultura ciudadana hacia la corrupción como una necesidad o una costumbre, son un caldo de cultivo para ese tipo de práctica, por lo que es necesario emprender algunas acciones que en el corto y mediano plazo arrojarían resultados a favor en contra de las irregularidades.

1.- Simplificar el marco regulatorio

La especialista del IMCO destaca que el 51% de los encuestados por el Inegi considera que durante 2016 fue más díficil cumplir con los requisitos regulatorios, en los tres niveles de gobierno. Ante esto se debe trabajar en reducir y eficientar el número de documentos y peticiones que se les hace a los ciudadanos al realizar un trámite.

2.- Incentivar los pagos electrónicos e impulsar la comunicación gubernamental a través de internet

El 78% de las empresas no interactúa con el gobierno a través de internet, de acuerdo con el Inegi, lo cual revela que hay una ventana de oportunidad que no se ha sabido aprovechar, no sólo para inhibir que el recurso esté al alcance del burócrata, sino también para transparentar los ingresos y hacer más efectiva la comunicación con las autoridades.

3.- Eliminar barreras

Mariana Tapia apunta que quitar los obstáculos a ciudadanos y empresas para llevar a cabo sus trámites, pagos o solicitudes de servicio es una manera de evitar el recurso del soborno, ya que generalmente éste es utilizado para ‘brincar’ las barreras, como las largas horas de espera, documentación excesiva o compleja, entre otras.

4.- Simplificar las verificaciones mercantiles

La clausura de un negocio es uno de los principales temores de los negocios, sobre todo de las micro y pequeñas empresas, y al mismo tiempo una de las principales herramientas de los burócratas para solicitar alguna compensación irregular. Por ello la investigadora del IMCO apunta que hacer las modificaciones necesarias a las disposiciones mercantiles y dotar de elementos a las personas para identificar debidamente a sus funcionarios son medidas que ayudarían a combatir el pago de sobornos.

 

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