Antes de entrar de lleno a las reformas fiscal y energética, el gobierno hará lo posible por aplanar el camino, aprobando otros cambios fundamentales.

 

Por Eduardo Sastré de la Riva, socio de BRIC.

 

PUBLICIDAD

México entró, a partir del 1 de diciembre pasado, en una espiral de “buenas expectativas”, buenos deseos y, nuevamente, como sucede al inicio de cada nueva administración, el país entró a nuevas esperanzas de que ahora sí podremos alcanzar los estándares de un país desarrollado, multiplicando las expectativas de crecimiento de la renta per cápita nacional, con base en una mayor capacidad competitiva de nuestra economía y productividad de nuestras empresas, bien sean públicas o privadas.

El nuevo gobierno ha sabido capitalizar esta espiral de “buenas expectativas” y ha resultado evidente que después de los primeros 100 días (plazo tradicional de la llamada luna de miel en todo lo nuevo que inicia) ha habido una clara estrategia de lograr un quick hit o logro de alto impacto inmediato, con la reforma constitucional en materia de educación, acompañada de la detención de la sempiterna líder sindical Elba Esther Gordillo. Esto ha logrado impactar el ánimo general de la sociedad, en el sentido de que va en serio el cambio de forma de gobierno, de relaciones políticas y de combate a la corrupción

Ha seguido en esta estrategia, una adecuada logística diseñada desde la firma del llamado “Pacto por México”, en cuanto a la secuencia en la presentación de Iniciativas de Ley ante el Congreso, que prepare los cambios jurídicos para hacer viables y operativas las grandes reformas estructurales que se tienen programadas al menos para el presente año.

En este sentido, hemos visto promulgar por el Ejecutivo Federal, la nueva Ley de Amparo que, entre otras cosas, asegura un cambio radical en cuanto al tema de la suspensión provisional, tratándose de empresas y, particularmente, de aquellas relacionadas con concesiones de bienes del dominio público.

En unas semanas más verá la luz la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que innegablemente tendrá un impacto altamente favorable para nuestro desarrollo económico y redundará en nuestra competitividad.

La estrategia y la logística visibles nos llevan a pensar que antes de presentar las reformas estructurales en energía y en impuestos, el gobierno primero aprobará la llamada Ley Anticorrupción y creará el órgano ciudadano vigilante de los procesos anticorrupción.

Sólo así, con ese camino andado, la actual administración podrá entrar de lleno a los temas más complicados, como lo son la competitividad de Pemex y la transparencia de la contabilidad del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.

No hay que perder de vista que en estas reformas se prevé incrementar las tasas impositivas (IVA, al menos) y la reducción del subsidio a los energéticos, con lo cual se incrementaría el costo de los combustibles para los ciudadanos.

Por eso, el FMI ha hecho énfasis en la urgencia de una asertiva política de difusión de los objetivos que se buscan, para encontrar mayores respaldos a los cambios y remover los “clásicos” y “ancestrales” argumentos de oposición a la modernización en estas materias. ¿Será así?

 

Contacto:

e-mail: [email protected]

Twitter: @BricMx

 

Siguientes artículos

Italia multa a Dolce y Gabbana por evasión fiscal
Por

Las autoridades informaron que los diseñadores realizaron la transacción para no pagar impuestos en Italia, cuyas tasas...