Reuters.- La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dijo el martes que llegó a un acuerdo con la firma mexicana de autopartes Tridonex para abordar las acusaciones de que a los trabajadores de su planta en Matamoros se les niegan derechos laborales.
Cardone Industries Inc, la empresa matriz de Tridonex con sede en Filadelfia, dijo que respaldó el plan de acción voluntario en respuesta a la petición presentada por el USTR en junio en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que reemplazó al TLCAN.
“El acuerdo alcanzado con Tridonex para proporcionar indemnización, pago retroactivo y un compromiso con la neutralidad en futuras elecciones sindicales muestra nuestra determinación de aprovechar las herramientas de aplicación del T-MEC para abordar problemas laborales de larga data”, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai.
Tridonex se ha comprometido a proporcionar indemnización y seis meses de pago atrasado, totalizando un mínimo de nueve meses de pago por trabajador y, en muchos casos, mucho más, a al menos 154 trabajadores que fueron despedidos de la planta. El pago atrasado asciende a más de 600,000 dólares.
Anteriormente, los funcionarios mexicanos dijeron que aceptaron la solicitud de Estados Unidos de una revisión de Tridonex en Matamoros para determinar si los trabajadores tenían derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva.
Cardone Industries dijo que “se compromete a implementar medidas adicionales para apoyar aún más los derechos de los trabajadores, como se consagra en las importantes reformas de la legislación laboral promulgadas por el gobierno mexicano y en las disposiciones laborales del T-MEC”.
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La firma agregó que trabajará con las autoridades mexicanas “para asegurar un voto personal, libre y secreto de los empleados” y proporcionará a todos los “trabajadores elegibles para el sindicato” una copia impresa del convenio colectivo.
General Motors también ha sido objeto de escrutinio en México, después de que el USTR presentó en mayo una queja del T-MEC contra la planta de camionetas de la compañía en el estado central Guanajuato, por posibles abusos de derechos durante la votación de un contrato sindical.
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