Reuters El Gobierno de Estados Unidos pidió a una corte de apelaciones que ratifique el levantamiento de unas órdenes judiciales que impiden que Argentina pague parte de su deuda, ante los esfuerzos del país para arreglar el litigio por unos bonos, conocidos como ‘fondos buitre’ que están en default desde 2002. El Gobierno tiene “intereses significativos de política internacional para apoyar una rápida resolución de este largo litigio”, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en documentos presentados el miércoles por la noche ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York. El departamento pidió a la corte que ratifique un fallo del 2 de marzo de parte del juez de distrito Thomas Griesa en Manhattan, que aprobó el levantamiento de las órdenes que él mismo había dictado después de que Argentina hizo una oferta de 6,500 millones de dólares para arreglar la disputa. El Departamento de Justicia argumentó que anular las órdenes apoyaría el interés del Gobierno estadounidense en respaldar las iniciativas del presidente argentino Mauricio Macri para revertir unas políticas económicas anteriores y fortalecer la economía del país. Representantes de los acreedores en el caso, incluyendo a NML Capital Ltd, de Elliott Management, se abstuvieron de comentar o no tenían declaraciones para hacer en lo inmediato. La documentación fue presentada justo en momentos en que el presidente estadounidense Barack Obama visita Argentina. El miércoles, Obama elogió el ritmo de las reformas que emprendió Macri, el nuevo líder de centroderecha del país, para reactivar la economía. En días recientes, algunos tenedores de bonos que no alcanzaron acuerdos con Argentina habían pedido al Departamento de Justicia que no apoyara al país. La decisión de Griesa que anula las órdenes que frenaban los pagos de los bonos argentinos tuvo como condición que Argentina derogara dos leyes relacionadas con su deuda y pagara a los acreedores que alcanzaron acuerdos con el país al 29 de febrero. Argentina pidió levantar las órdenes después de que el 5 de febrero ofreció arreglar las demandas de varios tenedores de bonos, derivadas de su default récord de 100.000 millones de dólares del 2002. Las órdenes en cuestión impedían que Argentina cancelara los servicios de su deuda reestructurada hasta que pagara a los inversores que rechazaron los canjes de bonos del 2005 y el 2010. Esas reestructuraciones resultaron en que un 92% de su deuda en default fuera intercambiada y se pagara menos de 30 centavos por cada dólar a los inversores. Argentina alcanzó acuerdos en principio para abonar más de 6,500 millones de dólares a los acreedores, incluyendo 4,650 millones de dólares a cuatro de los mayores acreedores en la disputa, entre ellos NML Capital y Aurelius Capital Management. Pese a esos acuerdos, tenedores de bonos como NML apelaron la decisión de Griesa, afirmando que estaba sesgada y que el juez había abusado de su discreción.

 

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