Un juez de Estados Unidos prohibió temporalmente al gobierno la deportación de padres inmigrantes reunidos con sus hijos, mientras que la Corte considera el impacto en los derechos de los niños que esperan asilo.

El gobierno de Estados Unidos trabaja con una orden judicial para reunir a unos 2,550 niños que fueron separados de sus padres en la frontera por funcionarios de inmigración.

Las familias habían sido separadas como parte de una represión más amplia contra la inmigración ilegal por parte de la administración del presidente Donald Trump, quien ordenó que la práctica se detuviera el 20 de junio.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dijo este lunes en documentos judiciales que, una vez reunidos, los padres inmigrantes que enfrentan la deportación deberían tener una semana para decidir si quieren dejar a su hijo en Estados Unidos para buscar asilo por separado.

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“Una estadía de una semana es un remedio razonable y apropiado para asegurar que el trauma inimaginable que estas familias han sufrido no empeore porque los padres tomaron una decisión desinformada sobre el destino de su hijo”, escribió el grupo de derechos.

El juez Dana Sabraw del Tribunal de Distrito de los EU para el distrito sur de California, en San Diego, solicitó al gobierno que responda y establezca una fecha del 24 de julio para la próxima audiencia. Mientras tanto, detuvo las deportaciones rápidas.

En la audiencia del lunes, el juez presionó sobre una sugerencia de un abogado del gobierno de que las deportaciones rápidas ayudaron a las reunificaciones al crear más espacio para las familias detenidas.

“La idea de que esto desacelere o detenga las reunificaciones, esa no es una opción”, dijo Sabraw. “Si el espacio es un problema, el gobierno hará espacio”.

Sabraw estableció el mes pasado una fecha límite del 26 de julio para que el gobierno reúna a los niños que fueron separados de sus padres en la frontera.

La mayoría ha sido reunida con uno de los padres, pero el gobierno aún trabaja en encontrar al menos un padre para 71 niños bajo su cuidado, dijo a la corte Jonathan White, del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

“Tengo plena confianza de que eres la persona adecuada para hacer esto”, le dijo el juez a White.

Sin embargo, Lee Gelernt, un abogado de la ACLU, dijo después de la audiencia que encontraba “extremadamente preocupante que haya 71 niños cuyos padres no hayan podido identificar, mucho menos reunificarse”.

Muchos de los inmigrantes separados de sus hijos buscaban asilo después de huir de la violencia y el crimen en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Los niños fueron enviados a múltiples centros de atención en todo el país y sus padres fueron encarcelados en centros de detención de inmigrantes o prisiones federales, de conformidad con la política de “tolerancia cero” del gobierno según la cual todos los adultos que cruzan la frontera ilegalmente serían procesados.

 

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