Valdría la pena alertar a la democrática Europa sobre el riesgo de volver los pasos hacia situaciones de alta violencia contra poblaciones extranjeras, pues los inmigrados están integrados en un mercado de mano de obra, aportan impuestos y apoyan al equilibrio de su pirámide demográfica.

 

 

 

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Por Javier Urbano Reyes*

 

En el escenario político, el sentido de oportunidad o el oportunismo (depende de la perspectiva), abreva con frecuencia de la incapacidad de los dirigentes para gestionar una problemática o de las situaciones de inestabilidad del país en cuestión. Esos actores, llámense partidos políticos, movimientos sociales o personajes particulares, se caracterizan por explotar en su beneficio el miedo, la incertidumbre o la desesperación de poblaciones en situación de vulnerabilidad, a partir de supuestos argumentos con frecuencia torpes, incoherentes o con poca resistencia  a la prueba de la realidad pero con gran poder de seducción pues dicha narrativa identifica a el, o los responsables de los males sociales.

Valga este comentario para valorar la importancia de la aparición de ciertos movimientos que en teoría reivindican la premisa de que sus nacionales son los únicos sujetos con derecho a los beneficios sociales, con el consecuente rechazo a la llegada de grupos de otras nacionalidades a su territorio.

La lista de dichos actores es larga: el Partido por la  Independencia del Reino Unido (UKIP); Unión por el Futuro de Austria (BZö); Los Verdaderos Finlandeses en Finlandia; el Partido por la Libertad (PVV) de Holanda; el Frente Nacional en Francia; la Liga Norte en Italia; el Partido del Pueblo Danés en Dinamarca; el Fidesz y Jobbik (Movimiento por una Hungría Mejor) en Hungría y Amanecer Dorado en Grecia. Todos estos movimientos tienen en común una o dos fobias: lo que para ellos es evidente del fracaso de la integración europea y la amenaza de la inmigración.

Sobre esta última, en mayor o menor medida dichos partidos han exigido el cierre de fronteras a la inmigración; la exclusión de beneficios sociales, la expulsión de los inmigrados ante una supuesta carga excesiva para las arcas públicas y el endurecimiento de los requisitos para ingresar a un país, eso sin contar con la presión que ejercen para reducir aún más la recepción de asilados o refugiados.

El contexto no es la canción completa, pero ciertamente los tonos parecen tener una preocupante similitud con los escenarios de xenofobia y racismo que la historia registra en las épocas de crisis económica de mitad del siglo pasado. Es cierto, sería descabellado decir que éstos pueden emular a los fascismos y sus demás derivaciones, pero lo cierto es que el rechazo al inmigrante y a la integración europea está calando en la mente de miles de ciudadanos comunitarios, especialmente las víctimas del desempleo (los jóvenes y mayores de edad), quienes sufren las consecuencias de la inflación, del crecimiento cuyos beneficiarios son solamente las grandes fortunas e incluso los hijos de inmigrantes, que aún y cuando ya son europeos, se sienten despreciados por un sistema económico que los sigue tratando como inmigrantes.

Un ejemplo representativo de la paranoia contra las poblaciones migrantes es el relacionado con los colectivos rumanos y búlgaros. No debemos perder de vista que estas dos naciones ingresaron a la Unión Europea (UE) como miembros de pleno derecho el 1 de enero de 2007 y que en teoría debían tener todos los beneficios derivados de esta membresía, en especial uno de los pilares mayormente ensalzados por la Europa comunitaria y que no es otro que la libertad de movilidad entre fronteras nacionales, derecho consagrado desde la firma del Tratado de Ámsterdam, que integró en la normativa comunitaria el acuerdo Schengen, hasta entonces un acuerdo intergubernamental, y que en resumen permite a todos los países integrados a dicho instrumento, que sus nacionales se desplacen sin requerimiento alguno por las fronteras comunitarias.

Pues bien, desde 2007 y hasta el último día de 2013, los nacionales de Hungría y Rumania no podían circular libremente por la UE, por las restricciones impuestas por Bélgica, Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Reino Unido y Malta. En días previos al fin de la restricción, muchas de estas naciones presionaron por la prolongación de esta limitante, ante una presunta invasión masiva de rumanos y búlgaros en los mercados más prósperos de la Europa de los 28. La realidad es contundente y gran cantidad de informes lo han desmentido: tras el fin de las restricciones, hay una modificación apenas simbólica de los desplazamientos de rumanos y búlgaros desde sus naciones y por sobre todo, aquellos que decidieron salir lo hicieron desde hace muchos años (hasta hoy más de 3 millones), con independencia de la finalización del bloqueo antes enunciado.

Por estas consideraciones, más valdría la pena alertar a la democrática Europa sobre el riesgo de volver los pasos hacia situaciones de alta violencia contra poblaciones extranjeras. En primer lugar, porque si las estadísticas no mienten, la mayor parte de los inmigrados rumanos, húngaros, latinoamericanos o asiáticos, están integrados en un mercado de mano de obra, que aportan impuestos, que en muchos sentidos están apoyando al equilibrio de la pirámide demográfica de una Europa cada vez con menos capacidad de crecimiento endógeno y con un grupo poblacional cada vez más envejecido.

También valdría la pena que Europa recuerde que los discursos de exclusión socioeconómica contra poblaciones no nacionales se acerca peligrosamente a una violación de sus derechos humanos, ya que tanto rumanos como búlgaros son ciudadanos comunitarios desde 2007 y que la restricción de su movilidad viola uno de los pilares de la construcción europea, como lo es el principio de libertad de movimiento.

Todo ello sin contar con los países más grandes de la UE y que debiendo ser ejemplo de solidaridad, parecen ser hoy los principales promotores del racismo y la exclusión, baste recordar al Ministro del Interior francés Manuel Valls, su homóloga Theresa May en Reino Unido o Maggie de Block, su contraparte en Bélgica, quienes han promovido la construcción de políticas  excluyentes contra extranjeros y en el caso de la funcionaria belga, se ha aprovechado de una interpretación de la norma comunitaria para expulsar a ciudadanos europeos por una supuesta carga excesiva de las arcas públicas, situación que no cabe duda, viola los derechos humanos de estas personas.

Hoy la Unión Europea no es ejemplo, parece vivir de sus logros del pasado y es omisa, tolerante o francamente promotora de situaciones de violación al principio de protección básica de las personas migrantes. Como dice un conocido investigador, si la UE hoy pidiera su ingreso a la UE no sería admitida por no cumplir con el requisito básico del respeto a los derechos humanos.

 

 

*Javier Urbano Reyes es profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales (DEI) de la Universidad Iberoamericana (UIA) Campus Ciudad de México. Actualmente es coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la UIA-DF.

 

 

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