En el contexto actual, no podemos dejar de ver que, si bien es cierto que 2017 fue el año más violento en la historia reciente del país, desde que estos datos son registrados, y probablemente desde la época revolucionaria de principios del siglo pasado, lamentablemente tenemos que informar que 2018 es ya un año con mayor incidencia delictiva y de violencia. Triste es no solamente declarar y afirmar sobre un incremento en el número de actos criminales, pero peor aún, que la trayectoria y la tendencia únicamente propicien un notable deterioro. No podemos aspirar a tener un país en el que se respire paz y tranquilidad, cuando las tendencias son contrarias a las deseables. Seguimos en una ruta perdedora, de violencia, impunidad y nula mejoría.

Es este momento, por ejemplo, es triste decir que, salvo Mérida, no hay una sola ciudad en el país que goce de una tranquilidad aceptable. Nos encontramos en un verdadero polvorín. Además, parecería ser que, durante los últimos meses todas las autoridades, con dignísimas excepciones, han soltado las riendas y por lo mismo, no hay controles efectivos contra la delincuencia. Por el contrario, se aprecia una exacerbación de actitudes discrepantes a la ley, sin que haya capacidades de respuesta eficiente por parte de las autoridades. Tenemos niveles de récords históricos en comisión de delitos como secuestro, homicidio, extorsión, violación, trata de personas, etc. Asimismo, el aumento de violencia en todo tipo de robos, como a: transeúntes, transporte público, casa habitación, comercios, industrias, camiones, trenes y el famoso huachicoleo. Un verdadero desastre en materia de paz y justicia, por ello la importancia de no quitar el dedo del renglón y mantener el nivel de exigencia con el gobierno entrante a partir del próximo 1 de diciembre.

Así llegamos al momento actual. Las expectativas han sido y siguen siendo muy grandes en torno al cambio que, a partir del 1 de diciembre, se dé para lograr no solamente una transición como la de aquel lejano 2000 al llegar Fox al poder, sino esperar profundas modificaciones en los sistemas de seguridad y justicia. Mención especial que, evidentemente, debe realizarse con respecto a las cuestiones de combate a la corrupción.

Lo que se pide es que no haya improvisaciones, salvo una clarísima función de resolver los problemas de fondo sin simulación, beneficiándose de los diagnósticos que se han hecho por años, y de acciones concretas que no pueden ignorarse. Algunas de esas acciones puntuales, son las siguientes:

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  • Capacitación Policial: Tenemos una enorme pulverización en sistemas policiacos municipales, estatales y federales, cuyo principal problema es que no cuentan con un programa homogéneo de entrenamiento, una buena remuneración por sus labores y mucho menos, una distribución ordenada de competencias.
  • Coordinación Policial: Además de que cuenten con una capacitación completa y eficiente, es importante que la policía disponga de un sistema de comunicación interna, de modo que en las investigaciones dirigidas a actos de procuración de justicia y, particularmente, en aquellos que resulten en resoluciones donde sea necesario el uso del Sistema Penal Acusatorio, prevengamos un eficiente funcionamiento del mismo.
  • Fiscalías Autónomas: Para que exista un funcionamiento correcto del sistema de procuración, es menester contar con fiscalías independientes y autónomas del poder público. Además, que estas trabajen armónicamente con la policía. De nada sirve tener la capacidad de generar datos o contar con inteligencia operativa, por parte de la policía, si esta no lo comparte y, además, trabaja en forma diligente con las personas encargadas de integrar las carpetas de investigación, para eventualmente someter a proceso a los presuntos responsables. Hoy esa interacción no existe, razón por la cual tenemos los niveles de impunidad, que en muchos casos están por encima del 90%, con las olvidadas consecuencias y nula expectativa de justicia que la gran mayoría de los ciudadanos hoy tienen.
  • Recuperación del Sistema Carcelario: Es urgente que el sistema penitenciario esté nuevamente en manos del estado y no de quienes gozan de un trato preferencial, esto debido a que las bandas delincuenciales desde ahí manejan todos sus negocios y ni siquiera les cuesta la renta. Nosotros los ciudadanos, que somos sus víctimas, les estamos subsidiando desde donde operan y no podrían ser objeto de sanción porque, presumiblemente, ya están en el lugar donde están purgando una pena por sus fechorías. En este sentido, lo realmente trágico es que no solamente no son castigados, sino que desde ahí expanden sus redes de corrupción y de ataque a la vida pacífica del país. Asimismo, reclutan a personas que son detenidas, en una buena suma, por el simple consumo de drogas, como si eso fuera realmente una situación que amerita ponerlos tras las rejas, a sabiendas de que, dentro de la cárcel, se convertirán en objeto de consumo obligado e incluso la probabilidad de encontrarse con una capacitación exhaustiva para convertirse en unos verdaderos delincuentes.
  • Eliminación de la Prohibición de Drogas: A pesar de que ya hay señalamientos e incluso iniciativas que apuntan a que finalmente el gobierno del nuevo sexenio cobre razón en devolverle al Estado la capacidad de regulación de todo tipo de drogas, el paso con el que se realicen estos cambios es directamente proporcional a la mejora en resultados con los que actualmente no contamos. Es decir, solamente en la medida en que el estado tenga la facultad regular la comercialización y un marco jurídico en torno a todo tipo de drogas, como ya lo hace con otras sustancias, como: tabaco, alcohol y medicinas legalmente aprobadas, podríamos aspirar a finalmente lograr mejores resultados. En caso de no debilitar las fuentes de financiamiento de la delincuencia, seremos testigos de cómo su poder se magnifica y simplemente se engulle en las instituciones políticas de estados y municipios, afectando sus capacidades en torno a resoluciones jurídicas, localidades que hoy no tienen un sustento de legalidad, y más bien viven en un infierno ante la violencia acumulada a lo largo de tantos años.

En resumidas cuentas, existe una situación de emergencia que amerita la toma de decisiones solventes, que deben estar sustentadas en las mejores técnicas y conocimientos, no en improvisación y mucho menos, en cambios inconsistentes que no denotan variación alguna.

 

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Twitter: @JuanFTorresLand

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