A pesar de la declaración de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invalidar la Ley de Seguridad Interior, de hace unos días, la nueva administración se pronunció en torno a su Plan de Seguridad y Justicia para el periodo de gobierno 2018-2024. El gobierno por tomar posesión ha decidido no solamente no hacer eco del pronunciamiento del Máximo Tribunal, incluso con su deseo de militarizar la seguridad pública, ha propuesto crear la figura de la Guardia Nacional a través de una reforma constitucional, para entonces marginarse de la posibilidad de un estudio del caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y vaya que queda mucho por decir al respecto. En las horas y días siguientes a su exposición en relación con el plan de seguridad próximo, nos dimos a la tarea de analizar el pronunciamiento. Sobre el particular, hay que decir que nos oponemos a la idea de militarizar, aún más, la procuración de justicia y seguridad pública, lo cual constituye un retroceso enorme porque apuesta a ejercer por la fuerza lo que no se puede conseguir con la inteligencia operativa, eficiencia procedimental, y capacidades institucionales. Es decir, en lugar de aplicar la receta que considera tener policías y MPs capacitados, coordinados y enfocados en el cumplimiento de la ley y el respeto a derechos humanos, ahora se nos dice que será la Guardia Nacional, como nueva fuerza de ataque, la que se encargue de revertir las condiciones de inseguridad y violencia en el país. Nada más alejado de la realidad. Más violencia no puede apaciguar al país.

Si bien es cierto que es importante alcanzar una hegemonía en el uso de la fuerza para poner orden, una iniciativa que ha sido cuestionada por las organizaciones delictivas, también es necesario que los componentes de seguridad pública y procuración de justicia enfaticen acciones concretas mediante la introducción de capacidades eficientes a policías aptos y organizados. Utilizar a la milicia en estos esfuerzos solamente puede dar más resultados con enormes componentes de violencia, violación de derechos humanos, e incluso abierta letalidad. Por ahí no.

También es claro que el referido Plan de Seguridad hace referencia a conceptos apetecibles como el cambio en la política de drogas, la recuperación del sistema carcelario, la instauración de una ética operativa, y el respeto a los derechos humanos, aunque su real componente de fondo es la apuesta por la Guardia Nacional y su fuerte ingrediente de origen militar. No nos engañemos, lo que quieren es centralizar todas las decisiones en materia fiscal, económica, presupuestal, y ahora incluso, en temas de seguridad y justicia. Dicha concentración, ante la carencia de contrapesos y el exceso de facultades, nos presenta un panorama muy delicado. Parecería ser que quien pronto tendrá el título de “Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas” se quiere convertir en una especie de todopoderoso con facultades y controles amplísimos, sin limitaciones o formas de examinar desempeño. Cuidado ante tales excesos.

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En virtud de ello, el reclamo hacia la nueva administración va encaminado a que tome en cuenta los estudios que se han realizado durante este tiempo, donde quedan perfectamente establecidas las medidas, como las que señalamos arriba, para realmente entrar de fondo a los problemas que hoy nos embargan. No apostar a la violencia, sino a la inteligencia y orden para lograr que la pacificación del país se logre con instituciones civiles fuertes, tal y como ocurre en los países donde se prestan las condiciones a las cuales aspiramos, y no el de regímenes autoritarios con carencias de libertades, abusos cotidianos, y carencia de legalidad. La ruta puede y debe ser más larga, pero los resultados y beneficios duraderos y transparentes. Institucionalidad sí, caudillismo no. Democracia sí, intolerancia no.

Pensamos que existen las condiciones idóneas para que se pueda volver a generar un mucho mejor clima de seguridad y justicia en el país. Sí es factible recuperar la paz y la tranquilidad que en algún momento existieron y lamentablemente no se han podido recuperar a través del tiempo; es factible lograr que en nuestro país se respire un clima de certidumbre abonando al crecimiento económico y a que las diferencias se cierren no por decreto sino por el estímulo natural de una economía que encuentre mejores derroteros con leyes claras, autoridades eficientes, y cero impunidad. Una buena parte de esa prueba la vamos a ver en los primeros días de diciembre, para saber si efectivamente existe ese deseo por erradicar la corrupción, no solamente hacia el futuro sino poniendo tras las rejas a quienes, notoria y visiblemente, se hicieron de cantidades multimillonarias en abierto ataque a nuestro honor como sociedad y en violación sistemática de nuestras normas. De no realizarse estas acciones entenderemos que el famoso pacto de impunidad inter sexenal sí se puede suscitar, trayendo consigo, todo lo negativo y nocivo para un desarrollo pleno de la sociedad mexicana. El mandato fue claro en las urnas, combate frontal a corrupción y pacificación del país, por ello, queremos ver que esos objetivos sean más que una mera declaración lanzada inoportunamente, palabras al aire. Peor aún es apostar a la violencia, autoritarismo, intolerancia y abuso como herramientas de posicionamiento del nuevo gobierno. El hecho de que les hayamos conferido democráticamente el control de varios poderes, no los autoriza para pasar por encima de la lógica, la razón y la ciencia. Exigimos resultados con base en esquemas transparentes y de plena legalidad.

En México Unido Contra la Delincuencia, nos pronunciamos fuertemente por una ciudadanía que se exprese con contundencia, en la cual tengamos, justamente, la participación, la exigencia, la contestabilidad, la excelencia y la solidaridad como ejes rectores, mismos que nosotros denominamos: PECES, un concepto familiar para aquellos que han tenido la oportunidad de seguir mi huella de opinión. Requerimos muchos ciudadanos de este tipo, debido a que los contrapesos institucionales se han debilitado, o se derrumbaron con el mandato único a un solo partido en el poder. No es una manifestación de desconfianza, pero si una alerta emitida al no divisar una forma de control frente a los excesos gubernamentales, donde la ciudadanía se vuelve el eje fundamental para lograr los mejores resultados. De igual manera, lo debería ser el caso del empresariado, donde hemos visto ya algunas muestras increíbles de cómo pueden ser acomodaticios, sin procurar salvaguardar más que sus propios intereses, con respecto a los de la ciudadanía y del propio país. Reprobable que se comporten como mercenarios. Hemos visto, por ejemplo, el acuerdo poco ortodoxo, mejor dicho, ilegal en la cancelación de proyectos de infraestructura pública, mediante promesas de asignaciones futuras. Esas maniobras no son buenos agüeros de un régimen que se jactó de actuar conforme al marco de la plena legalidad. Estamos viendo exactamente lo contrario. En lugar de luchar contra la corrupción, parece que la quieren alimentar con aquellos que se sumen a sus decisiones. Así no podemos avanzar a un verdadero Estado de Derecho.

Concluimos señalando que solamente con un régimen de legalidad, de combate frontal a la corrupción y agotamiento del pacto de impunidad podremos tener un México próspero y digno. El caso contrario puede llevarnos a situaciones delicadas como las que tenemos hoy en día, o incluso peores. Siempre se puede estar peor. No queremos parecernos a ningún país de Sudamérica como los que ya sabemos que existen hoy en día con terribles resultados. Debemos aspirar a ser un país ejemplar, con desarrollo pleno y con una fortaleza institucional y social envidiable. A eso nos debemos dedicar todos, absolutamente todos los que estamos en este país. Nadie por encima de la ley, y todos sujetos a la misma, aunque eso parezca ajeno a nuestro escenario cotidiano, pero es a lo que aspiramos la mayoría de la población, y a lo que hemos estado comprometidos, ya por más de 20 años en México Unido Contra la Delincuencia.

 

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