El IOR, como se conoce al banco del Vaticano, ha sido durante mucho tiempo el centro de atención por no cumplir con las normas internacionales destinadas a combatir la evasión fiscal.

 

Reuters

 

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ROMA – Dos ex altos ejecutivos del banco del Vaticano violaron repetidamente las leyes italianas sobre lavado de dinero al no dar información suficiente sobre transferencias bancarias por varios millones de euros, dijeron fiscales de acuerdo a documentos judiciales a los que Reuters tuvo acceso.

Aunque los fiscales evitaron acusar de lavado de dinero a dos hombres que hasta hace poco eran altos funcionarios del banco del Vaticano, dijeron que la confusión sobre el manejo de las cuentas del Instituto para las Obras de Religión (IOR), crearon las condiciones en que podría llevarse a cabo el delito.

Entre los detalles clave que faltan en las transferencias solicitadas se incluyen la identidad de los propietarios de los fondos y el motivo de la transferencia.

El IOR, como se conoce al banco del Vaticano, ha sido durante mucho tiempo el centro de atención por no cumplir con las normas internacionales destinadas a combatir la evasión fiscal.

Un informe del organismo de control europeo Moneyval dijo el año pasado que el Estado Vaticano, pese a algunos avances, no cumplió con varias normas fundamentales de transparencia financiera.

Las acusaciones de los fiscales romanos que investigan los posibles incumplimientos de las normas, que aún no se han hecho públicas, son el último golpe al banco del Vaticano, que ha estado bajo presión desde que el Banco Central de Italia ordenó a las instituciones del país cumplir estrictos criterios de transparencia cuando traten con él.

En 2007, Italia y otras naciones de la Unión Europea adoptaron una directiva del bloque en la lucha contra el lavado de dinero. La ley introdujo una serie de medidas destinadas a aumentar la transparencia financiera y bloquear o descubrir los flujos de dinero ilícito.

Los dos hombres, el ex director general del IOR Paolo Cipriani y el ex director general adjunto Massimo Tulli, no han sido acusados ​​de ningún delito. Sobre la base de los resultados de la investigación, un juez determinará si hay suficientes pruebas para acusarlos.

El abogado Vincenzo Scordamaglia, que representa a Cipriani, dijo que los eventos investigados ocurrieron hace varios años y se negó a comentar cuando Reuters lo contactó por teléfono.

Elisa Scaroina, que figura en el documento de la fiscalía como abogada de Tulli, dijo que ya no lo representaba. No fue posible contactar a Tulli.

El futuro del banco está en duda después que el Papa Francisco creara el mes pasado una comisión especial para reformarlo.

Fuentes del Vaticano dijeron que en abril el Papa, quien ha dicho que quiere que la Iglesia sea un modelo de austeridad y honestidad, podría decidir reestructurar radicalmente el banco o incluso cerrarlo.

 

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