El ex gobernador neoleonés Rodrigo Medina de la Cruz podría alcanzar una pena de entre dos y 12 años de prisión, por el delito de ejercicio indebido de funciones, sin embargo, este proceso lo enfrentará en libertad, por lo que no pisaría la cárcel en breve, coincidieron el fiscal del gobierno de Nuevo León y el abogado defensor.

En entrevista radiofónica con Ricardo Rocha, el fiscal anticorrupción del gobierno de Nuevo León, Ernesto Canales Santos, dijo que conseguir una sentencia en ese sentido es “histórico”, ya que por primera vez un ex gobernador será sometido a juicio, y agregó que el delito por el que se le acusa “no es algo menor”, a pesar de que en el juicio del martes no se logró las otras dos acusaciones que se seguían en contra del ex mandatario estatal.

Precisó que no se trató de que no se haya podido acreditar los señalamientos de peculado y daño patrimonial en contra del ex gobernador, sino que el Juez estimó que no lo hicieron, por lo que presentará una apelación.

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Sin embargo, dijo que la fiscalía está satisfecha de haber conseguido que se haya imputado aunque sea un solo delito, ya que “con uno solo basta para que Medina, en su oportunidad, pueda pisar la cárcel, entonces, es un acto, una vinculación a proceso de que realmente va hacia el camino de culpabilidad”.

En entrevista por separado con Ciro Gómez Leyva, el abogado Alonso Aguilar Zinser dijo que el juez aceptó vincular a proceso a su representado por el delito de ejercicio indebido de funciones, pero dejó en claro que eso no prejuzgaba su situación, por lo que no puede señalarse culpables sino hasta el final del proceso.

Eso, dijo, son buenas noticias para el ex gobernador, ya que no se le acreditaron los dos delitos patrimoniales, que hubieran obligado a enfrentar el proceso en prisión. Explicó que el delito por el que se le seguirá un proceso no amerita su detención, y sólo se le impondrá pena corporal (prisión) si es encontrado culpable.

Señaló que desde el punto de vista de la defensa no hay ningún delito, por lo que se trabajará en demostrar que la entrega de recursos a la automotriz Kia fue dentro de los términos de la ley.

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Respecto a que el ex gobernador enfrente el proceso en libertad, Aguilar Zinser precisó que existe una suspensión provisional concedida por un juzgado de distrito en materia penal para protegerlo de cualquier privación o restricción de libertad, hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

Además, dijo que la fiscalía solicitó un par de medidas cautelares -una para que no salga del país y otro para que firme el acta de gobierno cada semana- por temor a que Medina de la Cruz intente evadir a la justicia; sin embargo, aseguró que no será así.

“(El ex gobernador) no tiene planes para salir del país, en estos momentos está enfocado en su defensa”, aseguró el abogado defensor.

El delito de ejercicio indebido de funciones por el que se inició proceso contra el ex mandatario estatal tiene que ver con el caso KIA, por el que se acusó por un presunto desvío de más de 3,000 millones de pesos y por el que “el Juez aceptó los argumentos de la Fiscalía que el gobernador, en actos propios, había otorgado extensiones de impuestos a la armadora por encima de los que le autorizaba la ley”.

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