La oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Gisela Morales González, afirmó que todos los excedentes de los ejercicios fiscales del Poder Judicial de la Federación (PJF) se regresan al cierre de año, como establece la ley, por lo que rechazó las aseveraciones de Morena en el sentido de que esos recursos son enviados a los fideicomisos, que ya ascienden a 15 mil millones de pesos.
En reunión de trabajo para analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, Morales González enfatizó que el PJF no incumple con lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre que quienes conserven recursos públicos al 31 de diciembre deberá regresarlos a la Tesorería de la Federación.
Declaró que sólo en 2021 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) transfirió 960 millones de pesos -que se obtuvieron mediante una adecuación presupuestaria derivado de ahorros y economías- a un fideicomiso orientado a la implementación de las reformas constitucionales aprobadas ese año, como la creación de órganos.
“No transferimos subejercicios a los fideicomisos. Las disponibilidades al cierre del ejercicio las reintegramos a la Tesorería de la Federación. A lo largo del año emitimos medidas de racionalidad, autoridad y aquellas que aplicaremos en nuestro gasto de operación”, aseveró.
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“Y podría decirles que en lo que va de este año nosotros hemos reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público poco más de 700 millones de pesos que hemos generado entre el CJF y SCJN en ahorros que derivan de las medidas que aplicamos a la contención del gasto”, agregó.
Además, dijo que los ahorros y economías del CJF y la SCJN -que es distinto a subejercicio- durante el ejercicio 2022 ascendieron a 2,895.7 millones de pesos, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
También defendió que los fideicomisos son derechos laborales de los trabajadores y no privilegios, pues mencionó que tanto la compensación garantizada como la gratificación de fin de año son conceptos que establece la Ley Federal de Remuneraciones, y se consideran parte de las percepciones salariales de los servidores públicos.
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