Rodrigo Medina de la Cruz, exgobernador de Nuevo León, salió la noche del jueves del penal de Topo Chico, al cual había ingresado en la madrugada de ese mismo día, luego de que un juez de distrito ordenara revertir la medida precautoria, que pretende evitar que el inculpado evada a la justicia.

Ayer, el gobierno de Nuevo León a través de un comunicado explicó que después de que se vinculó a Medina de la Cruz a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio estatal, ante un probable daño contra el patrimonio estatal aproximado a los 3,128 millones de pesos, el juez Miguel Ángel Eufracio dictó la prisión preventiva, al considerar que había un riesgo de que el exmandatario estatal evadiera la justicia.

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Tras permanecer alrededor de 18 horas en este centro penitenciaro, el exgobernador neoleonés dijo que la aplicación de la acción legal fue indebida e injustificada, además de que lamentó que se haya filtrado una fotografía con su ficha penitenciaria en redes sociales y medios de comunicación, ya que dañó su imagen pública.

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Precisó que dicha ficha fue destruida con el resolutivo del juez federal.

“No hemos sido juzgados, declarados culpables por ningún delito”, señaló a Notimex, y sostuvo que seguirá haciendo frente a las acusaciones en su contra.

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indicó que el órgano jurisdiccional ordenó al juez “que las cosas vuelvan al estado que tenían al momento de concederse dicha suspensión, esto es, proveer la libertad e informar de inmediato a este Juzgado de Distrito del cumplimiento, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de realizarse la conducta sancionada”.

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Asimismo, señaló que la posibilidad de que Medina de la Cruz evada la justicia, estimó que es menor, “pues él mismo ha comparecido anteriormente en la presente causa por un diverso delito”, en referencia a que el exgobernador se ha presentado personalmente en la mayoría de sus audiencias.

El 9 de agosto del año pasado, el exgobernador fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones por presuntas irregularidades en los incentivos otorgados a la armadora KIA Motors, por más de 3,000 mdp y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley, indicó el gobierno de Nuevo León.

La Fiscalía estatal sostuvo que el ex mandatario estatal debe ser juzgado por su probable autoría intelectual en los delitos que le atribuye.

 

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