Seguir la ruta del dinero es un mecanismo eficaz y muy recomendable para detectar y combatir la extorsión, uno de los delitos que genera un grave perjuicio patrimonial a los ciudadanos y debe ser atacado de forma prioritaria.

 

 

 

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Durante la semana pasada, a través de diferentes medios, se hizo del conocimiento público que empresarios mexicanos de la construcción denunciaron que el crimen organizado ha penetrado a los sindicatos del transporte de la industria de la construcción y controlan obras en diversas ciudades del país para cobrar cuotas. Representantes de constructoras señalaron que miembros del crimen organizado controlan los contratos colectivos de cada obra, amenazan a los titulares de los mismos y a las empresas para solicitarles cuotas por adelantado y pagos mensuales.

Asimismo, el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias de México (Unefarm) también denunció que los grupos delincuenciales les exigen hasta 30,000 pesos mensuales como “cooperación”, a cambio de protección, con amenazas de secuestro de por medio.

Como muchos delitos que tienen antecedentes remotos y siguen vigentes, la extorsión es uno que genera un grave perjuicio patrimonial a los ciudadanos y debe ser atacado de forma prioritaria siendo un mecanismo eficaz y muy recomendable para ese fin desde mi puno de vista, el seguir la ruta del dinero.

Entre dichos antecedentes tenemos que desde los años 20 y 30 el famoso gánster estadounidense Al Capone obtenía ganancias provenientes de extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución mismas que se mezclaban con las de lavado de textiles. Al no poder distinguir la parte que provenía de una actividad lícita de la de origen lícito, Capone pudo evadir durante mucho tiempo a las autoridades.

En México, el Código Penal Federal en su artículo 390 tipifica a la extorsión de la siguiente forma: “Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa…”

En el portal de El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C, organismo no gubernamental, se hace mención a los términos: derecho de piso, narcorenta o renteada, señalando que “esta práctica consiste en el cobro de una renta a comerciantes establecidos y ambulantes e incluso empresas, inició al norte del país y se presentan ante la víctima un grupo de 4 a 6 personas armadas que bajo amenazas, venden ‘protección’ a la víctima. Las rentas se pagan en forma semanal, quincenal y mensual en efectivo.

Llegan a obligar pagos que van de los 1,000 pesos a los 500,000 pesos, según el tipo de comercio o empresa. Zetas, La Familia Michoacana, La Línea e incluso policías, participan en esta práctica.

Se debe destacar que a diferencia de las llamadas de extorsión, en el “derecho de piso” o narcorentas, sí se presentan los extorsionadores ante sus víctimas y sí existe un alto riesgo para las mismas…Pagar una extorsión, no garantiza seguridad, por el contrario, somete a la víctima a una explotación constante e incrementa el riesgo a sufrir algún daño patrimonial mayor…

El obligar a una persona a pagar una suma dinero mediante amenazas a cambio de poder desarrollar sus actividades laborales diarias me parece una conducta, además de delictiva, reprobable en diversos sentidos toda vez que tiene efectos negativos directos, entre otros temas, en su libertad, seguridad, derecho al trabajo, así como en la economía del país.

Una víctima de extorsión expresó, en el portal del Centro de Integración Ciudadana, la siguiente frase, que nos tiene que hacer reflexionar y actuar en consecuencia para erradicar de raíz este delito: “Esa mañana transcurría como cualquier otra, cuando recibí una llamada que cambió drásticamente no sólo mis planes, sino mi vida entera.” Su opinión es muy importante, estimado lector.

 

 

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