Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa, inició una huelga de hambre en la cárcel, según confirmó su abogada Sonia Vera, luego de ser detenido el pasado viernes por la Policía que ingresó a la embajada de México en Quito tras la concesión de asilo por parte del Gobierno mexicano.
En un mensaje en redes sociales, Vera indicó que el equipo legal que lleva la defensa de Glas “finalmente” pudo tomar contacto con el exvicepresidente, que se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, situada en la ciudad de Guayaquil.
El lunes, Glas fue hospitalizado de emergencia por una supuesta descompensación que, según un parte policial al que tuvo acceso la defensa, pudo estar causada por una sobredosis de medicamentos, mientras que las autoridades penitenciarias lo atribuyeron a su negativa a ingerir alimentos.
En un fragmento de una videollamada con Glas compartido por la abogada, el exvicepresidente narra que los policías que lo detuvieron presuntamente le propinaron una golpiza y que eso le impidió sostenerse en pie mientras le leían sus derechos, lo que según el detenido está grabado por las cámaras de seguridad de la Embajada mexicana.
Vera señaló que Glas agradeció al Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, por haberle otorgado el asilo.
“El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, dijo Glas, de acuerdo con la cita publicada por la letrada.
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El exvicepresidente se encontraba en la embajada mexicana en Quito desde el 17 de diciembre de 2023, a donde había ingresado en calidad de huésped para después solicitar asilo al declararse un perseguido político y víctima de lawfare (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), lo que el Gobierno ecuatoriano rechaza enfáticamente.
Glas, que ocupó el cargo durante el mandato de Rafael Correa y a inicios también de la administración de Lenín Moreno, tenía una orden de detención para su reingreso en prisión, al encontrarse imputado por el presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos) en el caso de la reconstrucción tras el terremoto de 2016.
La Justicia también dictaminó que debía volver a prisión para acabar de cumplir una pena de ocho años de prisión por dos condenas por cohecho y asociación ilícita, la última de ellas en el marco del caso Odebrecht, de las que ya cumplió cerca de cinco años entre 2017 y 2022.
La invasión de la Policía ecuatoriana a la embajada de México llevó al Gobierno de López Obrador a romper las relaciones diplomáticas con Ecuador y a alistar una denuncia contra la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por considerar violada su soberanía y el derecho internacional.
El ingreso a la fuerza a la sede diplomática también fue condenado enérgicamente este miércoles por el Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como por la comunidad internacional.
Ecuador fue el único país en votar en contra de la resolución de la OEA al considerar que México infringió la Convención de Asilo Diplomático al otorgar el asilo a una persona procesada por delitos comunes, lo que considera como una intromisión en asuntos internos.
Con información de EFE
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