La fabricación de culpables para inflar los índices de procuración de justicia fue una constante durante la gestión del priista Eriviel Ávila en la gubernatura del Estado de México.

Por la detención de personas, su acusación con pruebas falsas y la resolución de juicios sin apego a derecho han sido presentadas 3,291 denuncias contra jueces y 78 contra magistrados durante el periodo 2011-2018; de la misma forma, 1,181 agentes del Ministerio Público local fueron denunciados por irregularidades administrativas y de investigación de 2011 a 2017. Las quejas suman en total 4,450.

Los datos fueron obtenidos para una investigación realizada por La Silla Rota, como parte de la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, ofrecida por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El reportaje señala como uno de los responsables de las irregularidades a Fernando Ulises Cárdenas Uribe, fiscal central jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el gobierno de Eruviel Ávila y quien en la actualidad sigue en el cargo con el gobernador Alfredo del Mazo.

“El promedio que yo les admito en juicio es del 80% de efectividad, no menos. De 10 asuntos tienen que ganar ocho y perder dos… ¿que los delitos son inventados? ¡Eso es de toda la vida, hombre!”, exigió Cárdenas Uribe a sus subordinados, en un video que fue filtrado el 21 de noviembre de 2015.

La instrucción del mando se ve reflejada en las estadísticas que revelan que de los 26,542 juicios que tuvieron una sentencia entre 2011 y 2017, 82.6% fueron condenatorias y 16.2% absolutorias, es decir, sólo 4,246 personas salieron en libertad.

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Irregularidades en la Fiscalía y el Poder Judicial

Por medio del análisis de 25 expedientes judiciales y de entrevistas, la investigación de La Silla Rota encontró que el Ministerio Público mexiquense utilizó cinco métodos para fabricar culpables:

  1. Manipulación de testigos y ausencia de ellos
  2. Tortura
  3. Cohecho como medida de retención
  4. Siembra de evidencias
  5. Ausencia de pruebas científicas y técnicas para sustentar las acusaciones

Por el otro lado, jueces y magistrados del Poder Judicial local declaró culpables a personas sin tener evidencias o sin importar que los expedientes tuvieran las irregularidades mencionadas.

En la revisión de los 25 expedientes judiciales, que incluyen a 44 detenidos, se halló que en ningún caso, los agentes se identificaron al realizar las aprehensiones; en el 64% de los casos, no se presentó la parte acusadora en las audiencias y en el 40% de los casos, los detenidos reportaron haber sido víctimas de tortura para que se declararan culpables.

Asimismo, los periodistas de La Silla Rota encontraron que en el 30% de los casos no existió ningún documento u orden de aprehensión contra los detenidos y que en el 60% de los casos, los acusados reportaron la siembra de evidencias, principalmente armas.

Poco a poco, estas fallas se han ido revelando en audiencias y 26 han sido liberadas de las 44 personas que recibieron prisión preventiva, la mayoría de ellas con pocos o nulos recursos económicos, ya que son gente en situación de calle, laboran en oficios como albañiles, zapateros y cocineras, o bien, son indígenas.

Acusados de pertenecer a La Familia Michoacana

Un ejemplo de la fabricación de culpables en el Estado de México es la siguiente historia, con la cual comienza la investigación de La Silla Rota.

El 24 de julio de 2014, los albañiles Isidro Rivero, Alejandro Sánchez y Daniel Ramos se encontraban dentro de su casa, ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando elementos militares, así como policías estatales y municipales de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) tiraron de un golpe la puerta.

Una vez dentro, comenzaron a golpearlos mientras los acusaban de pertenecer al cártel de la Familia Michoacana; Alejandro intentó resistirse, pero los uniformados lo sometieron y, con un cañón de un rifle militar, lo violaron en repetidas ocasiones.

Después los presentaron ante el Ministerio Público, para acusarlos de haber robado con violencia (a una mujer de la tercer a edad) y portación de arma de fuego. En ese momento, les tomaron una fotografía que fue difundida en medios de comunicación.

 “Detienen a tres integrantes de la Familia Michoacana”, se leía en los titulares de periódicos que iban acompañados de una fotografía que los exhibía sosteniendo un revólver, que después se supo, fue sembrado cuando los capturaron.

Luego, según las declaraciones de los detenidos, en las instalaciones de la Fiscalía, bajo las instrucciones del entonces fiscal de Nezahualcóyotl, Mauricio Blancas, los torturaron para que reconocieran que formaban parte del grupo delictivo.

Los golpes causaron la fractura de las costillas de Isidro Rivero y fue trasladado al hospital de Gustavo Baz, en Tlalnepantla. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) certificó las lesiones.

Meses después, los tres salieron libres bajo la defensa del abogado Montes Leal Santos, quien acreditó durante el juicio que fueron torturados, y que las pruebas que presentó la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), ahora Fiscalía, eran falsas.

No sólo eso, el juez David Virgen Adriano dio por buenas las evidencias presentadas por la fiscalía del Estado de México para ingresarlos al penal Neza-Bordo.

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