El sueño de Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, tal vez no era ser el terrateniente más próspero al terminar su gestión, pero seguro sí estaba entre sus planes que su familia y amigos amasaran riqueza a través de negocios con el estado.

Su padre, su madre, sus hermanos y sus amigos adquirieron 2,428 hectáreas de terrenos ejidales a bajo precio, los cuales fueron revendidos con un sobreprecio a la administración de Rodrigo Medina para que construyeran ahí el Penal de Mina, una prisión que no recibió a los reclusos de alta peligrosidad de Topo Chico, en donde en menos de seis meses se asesinaron a 52 personas.

La maquinación detrás del crecimiento del patrimonio de la familia Medina de la Cruz es muy parecida a la que se trazó en la construcción de la planta automotriz de KIA.

El gobierno de Nuevo León investiga el posible involucramiento del padre del exgobernador Rodrigo Medina en la red de funcionarios y empresarios que presuntamente se benefició con el proyecto de la planta de KIA en el municipio de Pesquería.

Aldo Fasci, asesor legal del gobernador Jaime Rodríguez, reveló que la Fiscalía Anticorrupción del estado indaga los nexos de Humberto Medina Ainslie, padre del exmandatario priista, en la maquinación que se armó presuntamente para desviar recursos públicos a las obras que se ejecutaron para la instalación de la planta de la armadora coreana en Nuevo León. Pero también el ex mandatario hizo una triangulación para que sus familiares se quedaran con parte de un jugoso negocio carcelario.

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“Humberto Ricardo Medina Ainslie (padre del ex mandatario neoleonés), María Rebeca de la Cruz Barrera (madre del político del PRI), así como Humberto Ricardo y Alejandro David Medina de la Cruz (sus hermanos) se presentaron como propietarios de 14 parcelas en los ejidos California, La Azufrosa y El Pui en Mina, Nuevo León”, de acuerdo con actas de la asamblea ejidal en poder de Forbes México.

Los documentos certificados del Registro Agrario Nacional (RAN) señalan que en la compra de tierras también participaron Francisco Cienfuegos Martínez, alcalde priista de Guadalupe, así como los hermanos Héctor Armando, Alejandro y Elisa Martínez Martínez; propietarios de Grupo Kalos Regiomontana, una compañía dedicada a la construcción de almacenes y edificios industriales.

A los hermanos Martínez Martínez, quienes se quedaron con 10 parcelas, los usó la familia de Rodrigo Medina para apoderarse de los terrenos ejidales.

Otros 20 predios de Mina quedaron en manos de personas cercanas al ex gobernador como: Alicia Martínez Elías Calles, David Jiménez Rodríguez, Gerardo Jiménez Rodríguez, Ignacio Gerardo Martínez González, Olga Deciga Peña y Rogelio González Aguilar.

“De nueva cuenta se da testimonio a la luz pública graves hechos de tráfico de influencia y actos de abuso de poder por parte de servidores públicos, en complicidad con personas integrantes de la familia de Rodrigo Medina de la Cruz”, denunció Imelda Alejandro de la Garza, diputada del PAN en el Congreso de Nuevo León.

Según la legisladora, por la compra-venta de 2,428 hectáreas sólo pagaron 40 millones de pesos, e incluso algunos ejidatarios no recibieron el pago de su tierra.

De la Garza hizo eco de la denuncia ciudadana de María de los Ángeles Padilla, una ejidataria que se sintió engañada y despojada por los familiares del ex gobernador.

Además, la habitante de Mina aseguró que fue presionada para desprenderse de sus predios.

Todos esos hechos de tráfico de influencia se conocían por voces y cobraron fuerza en el imaginario, el día en que Rodrigo Medina dejó el poder.

Los documentos certificados de la Asamblea Ejidal señalan que el traspaso de los terrenos a los Medina de la Cruz se dio sin “ninguna irregularidad” y fue avalado por todos los ejidatarios.

Luis Daniel Suárez Vuentello, presidente del Comisariado Ejidal, explicó a los campesinos del ejido que sus 2,428 hectáreas de terrenos de California, La Azufrosa y El Pui serían parcelas. Es decir, sus dueños tenían el camino libre para construir almacenes, viviendas, o bien venderlas al gobierno de Rodrigo Medina para que ahí construyera el Penal de Mina, una obra que está inconclusa y que piden se termine cuanto antes.

 

Un nuevo penal, una prioridad

En menos de medio año al interior del Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico 52 reos fueron asesinados y otros 31 salieron heridos de un motín y de una ejecución directa.

“El 11 de febrero será recordado como la fecha en que se registró la peor tragedia del sistema penitenciario en la historia de Nuevo León y México”, advirtió Marcelo Martínez Villarreal, diputado del PAN en el Congreso de NL.

Ese día murieron 49 reos vinculados al Cártel del Golfo y Los Zetas, quienes querían controlar el Penal del Topo Chico. También hubo 12 heridos.

Las ejecuciones dejaron al descubierto que en el centro penitenciario se cobraban cuotas de piso, algunos delincuentes tenían pantallas de plasma, sauna y hasta un bar dentro del reclusorio ante la indiferencia de las autoridades.

Todos los ojos apuntaron y señalaron a Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, como responsable de ese motín en Topo Chico y de no concluir el Penal de Mina.

Los terrenos de esa cárcel fueron adquiridos por Rodrigo Medina junto Luis Marroquín Salazar, secretario de Obras Públicas, su familia y amigos.

Ambos funcionarios fueron acusados por la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León de los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.

Lo único construido en Mina es una barda perimetral, cuyo costo fue de 400 millones de pesos. El gobierno de Medina de la Cruz pagó más por una cerca de concreto, que sus familiares y amigos por todas las parcelas a los ejidatarios de Mina.

“Tenemos que construir el Penal de Mina, pues es una prioridad y sí vamos a hacerlo”, manifestó Rodríguez Calderón.

El Penal de Topo Chico, inaugurado en 1943, durante la primer riña tenía una sobrepoblación. La prisión fue proyectada para albergar a 3,200 internos, pero el 11 de febrero estaban recluidos 3,945 reos del fuero común y de alta peligrosidad.

También se registraba un déficit de custodios, considerado que había 250 vigilantes distribuidos en tres turnos. Cuando la cárcel necesitaba de 380  personas de personal de vigilancia para cumplir con los estándares internacionales de un celador por cada 10 presos.

El plan del Penal de Mina fue presentado en 2009 por el ex gobernador Natividad González Parás, quien planteó enfrentar el hacinamiento de los tres centros penitenciarios de Nuevo León: Topo Chico, Apodaca y Cadereyta. La inversión inicial prevista para la construcción era de 3,000 millones de pesos.

En julio del 2011, en el gobierno de Rodrigo Medina inició la construcción, pero desde 2012 las obras se encuentran detenidas por falta de recursos.

“Consideramos que el gobierno estatal y la federación tienen que buscar los esquemas para la construcción de este centro penitenciario para acabar con el hacinamiento y la falta de control que privan en los penales de Nuevo León”, manifestó Marcelo Martínez Villarreal, diputado local del PAN.

“Se habla de que se requieren 4,000 millones de pesos para terminar el reclusorio y Nuevo León no cuenta con los recursos para ello, por lo que requiere del apoyo del gobierno federal”, aseguró Martínez. Hasta ahora sólo hay buenas intenciones para tener una mejor cárcel.

Pero la violencia continuó dentro de Topo Chico, a pesar de que en un acto público el 26 de mayo El Bronco presumía tener el control.

El 1 de junio de 2016, esa prisión vivió momentos de violencia, cuando se dio muerte a tres internos y se hirió a 19 reos más, según Manuel González, secretario de Gobierno de la entidad.

“Éste no es un motín, aquel sí [el de febrero]”, señaló González en conferencia de prensa. Los asesinatos se siguen dando en  Topo Chico, y se siguen apilando como cifras.

El Penal de Mina no se sabe para cuándo quedará listo, lo único cierto es que comenzó cuando Rodrigo Medina de la Cruz desde el poder trazó un negocio para favorecerse o beneficiar a sus familiares y amigos a través de tráfico de influencias y presuntos conflictos de intereses.

 

Medina, bajo escrutinio

“Yo no puedo hablar de alguien que sea culpable hasta no tener la evidencia de que es culpable”, responde Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, cuando Forbes México le cuestionó ¿Por qué Rodrigo Medina de la Cruz sigue libre y nadie lo mete a prisión?

Toda persona es presunto delincuente, pero “hay más de 120 carpetas de investigación abiertas” en contra de Rodrigo Medina, explica el mandatario.

“Vamos a tener decisiones importantes para poner a consignación del juez; y el juez determinará si son o no responsables de los delitos que nosotros estamos presumiendo existen”, dice El Bronco.

Los primeros avisos de que sí investigaban se dieron el 3 de junio de 2013, cuando el Juez de Control embargó los bienes de 11 ex funcionarios de la Administración estatal anterior, incluidos los de Rodrigo Medina de la Cruz y Luis Marroquín Salazar.

Dicho aseguramiento de bienes tiene su origen en la Operación Tornado, una investigación sobre peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones, que es equiparable al ejercicio abusivo de funciones y coalición.

“No se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios, de lo que se trata es de señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar”, manifestó Ernesto Canales Santos, subprocurador Anticorrupción.

A Medina de la Cruz se le imputan los delitos de peculado, patrimoniales, ejercicio indebido de funciones y uso de información privilegiada para la compraventa de terrenos, dijo el responsable del órgano anticorrupción de Nuevo León.

El ex gobernador de Nuevo León asegura tener la conciencia tranquila y adelantó que acudirá a los tribunales competentes para mostrar que es inocente.

“El pueblo de Nuevo León puede estar seguro que durante mi gestión no llevé a cabo alguna conducta indebida”, escribió Rodrigo Medina de la Cruz en una carta enviada a todos los medios de comunicación para defender que es inocente.

“Las pesquisas son carentes de sustento jurídico”, agregó el político del PRI.

 

Puedes consultar las actas de la asamblea ejidal aquí.

 

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