Un tema central en la nueva Ley electoral es que provee al INE de más herramientas para vigilar las finanzas de partidos y campañas políticas.
El pasado 23 de mayo en el
Diario Oficial de la Federación de México se publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General). Uno de los temas centrales de la nueva Ley, desde mi punto de vista, es sin duda la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos, que estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por conducto de su Comisión de Fiscalización.
La Comisión de Fiscalización, que estará integrada por cinco consejeros electorales, tendrá entre sus facultades las siguientes:
- Ordenar la práctica de auditorías a las finanzas de los partidos políticos de manera directa o bien a través de terceros especializados en la materia.
- Aprobar las solicitudes de información a los órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios respecto de las investigaciones que realice la Unidad Técnica de Fiscalización.
- Aprobar las solicitudes que se pretenda realizar a las autoridades competentes e instituciones públicas y privadas, con la finalidad de superar el secreto fiduciario, bancario y fiscal.
- Aprobar los convenios a suscribir por el Instituto con las instancias del Estado mexicano, necesarios para acreditar el origen lícito de los recursos utilizados por los partidos políticos.
El Consejo General del INE designará al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización. Esa Unidad Técnica es el órgano encargado de la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos. Entre las facultades de la Unidad Técnica tenemos una que resulta muy importante para vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos.
Las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la Unidad Técnica de Fiscalización las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días después de realizada la solicitud. De igual forma, la Unidad Técnica de Fiscalización podrá requerir a los particulares, personas físicas y morales, que le proporcionen la información y documentación necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, quienes deberán atender el requerimiento en los plazos señalados en el párrafo inmediato anterior.
Con lo aquí mencionado podemos advertir que la Ley General prevé mecanismos para evitar que recursos de procedencia ilícita se puedan infiltrar en las finanzas de los partidos políticos y las campañas de los candidatos, medida que es complementaria a las obligaciones que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita impusó a los donativos que, en su caso, recibieran los partidos políticos.
En la realización de esta función de fiscalización, para el INE resultará de mucho beneficio que exista una adecuada coordinación con las instancias del Estado mexicano que le puedan ayudar a acreditar el origen lícito de los recursos utilizados por los partidos políticos, así como estar constantemente actualizado en los mecanismos de monitoreo, detección, auditoría y análisis de operaciones financieras que pudieran resultar de origen ilícito. Henry Clay, ex presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo: “Los partidos políticos sirven para mantener a cada uno bajo vigilancia permanente del otro.” ¿Usted qué opina, estimado lector?
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