No hay plazo que no se cumpla y a los 2,457 presidentes municipales de México se les acerca su hora. En 2015 deberán tener en orden sus finanzas. ¿Lograrán cumplir en sólo un año una tarea que no han hecho jamás?

 

 

 

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Homar Almaguer Sala­zar tomó protesta como alcalde del municipio de Santiago, Nuevo León, el 30 de octubre de 2012. Esa misma noche protagonizó una fiesta popular con bailes típicos mexicanos en la plaza principal del municipio.

Pero, inmediatamente después, la realidad le arrancó la sonrisa de su rostro. Al otro día, el 31 de octubre, conoció su nueva oficina y, también, su primer problema. Representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se presentaron para noti­ficarle que cortarían el suministro de energía eléctrica. No sólo el palacio municipal y los edificios de gobierno local se quedarían en la sombra, sino que el alumbrado público se apa­garía también, afectando a las más de 36,000 personas que actualmente habitan Santiago.

Aquello habría sido una muy mala carta de presentación para el nuevo alcalde, aunque se tratara de un asunto no resuelto en la admi­nistración saliente. Dice que en Santiago no hubo un proceso de transición como el que debe existir entre una administración y otra a cualquier nivel de gobierno.

¿Cómo evitó Homar Almaguer el corte de luz? “Tuve que ir personalmente a la casa del anterior presidente municipal para que me fir­mara un cheque porque las cuentas bancarias estaban aún a su nombre”, platica.

Pero el desorden en la administración de Santiago no es un caso aislado. La falta de claridad y transparencia en las cuentas públicas es un problema en México, del que ya se han registrado otras consecuencias aún más graves que un posible corte de luz.

Enrique Clemente, socio líder de Gobierno en Deloitte, piensa en una: el riesgo de sobreen­deudamiento en estados y municipios. Y no es una ocurrencia. Eso ya pasó. Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Nayarit, por mencionar algunos estados; o Cuernavaca y Acapulco, si se trata de municipios, son testigo de ello.

“El sistema de cuentas de un estado o de un municipio es tan básico que sólo registra lo que ingresa y lo que gasta, pero no considera la totalidad de las deudas ni los tiempos para pagarlas. Ahí comienzan los problemas de endeudamiento porque ni el propio municipio tiene las cuentas claras”, explica Fernando Marty, secretario de Finanzas y Administra­ción del municipio de Santiago, Nuevo León.

Lo dice por experiencia propia. Su admi­nistración heredó una deuda de 118 millones de pesos (mdp) con ferreterías, constructoras, gasolineras y proveedores de gas. Su presupues­to anual es de 186 mdp.

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Nueva generación

Hoy parece que las cosas comienzan a funcionar distinto. Santiago, Montemorelos y Allende, tres municipios de Nuevo León, están en un programa piloto para el ordenamiento de sus finanzas. ¿En qué consiste? Las admi­nistraciones de estas entidades ya utilizan una plataforma tecnológica para llevar a cabo su contabilidad.

“El reto es construir estados financieros casi como el de una empresa. Esto es tan necesario para el análisis económico, como una radiogra­fía del cuerpo humano para que el médico pue­da diagnosticar a su paciente”, comenta Aroldo Jiménez, tesorero de Montemorelos.

Este proyecto no es producto de la buena voluntad de un estado ni de tres municipios. El 1 de enero de 2015, los 2,457 municipios del país deberán cumplir con las nuevas dispo­siciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que, en esencia, exige que todas las entidades adopten un mismo sistema de registro y revelación de información tanto a sus estados como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); es a lo que le llaman “armonización de cuentas”, que permitirá que la autoridad financiera cuente con informa­ción comparable.

Enrique Clemente, de Deloitte, la dimen­siona así: “Es una reforma administrativa trascendental porque hablamos de una serie de cambios relacionados con técnicas de contabilidad, de procedimientos de adquisicio­nes, presupuesto, reconocimiento de deuda y de activos… antes se presentaba un informa de ingresos y egresos y ya”.

De acuerdo con las últimas reformas, las entidades que no cumplan en la fecha pactada podrían recibir una sanción por hasta 34 mdp.

Carlos Garza, titular de la Unidad de Coor­dinación con Entidades Federativas de la SHCP entre 2010 y 2012, dice que si bien el problema de sobreendeudamiento de los estados y munici­pios que se dio recientemente, no es un asunto de gravedad para las finanzas del país. Caminar hacia una mejor rendición de cuentas ayudaría a evitar episodios así. “Ante Hacienda sólo se tie­nen que registrar los créditos que están avalados por las participaciones federales, porque antes de que los recursos caigan en la cuenta de las entidades, se cubren sus obligaciones de pago”.

La razón es que cada Congreso local define su techo de endeudamiento. Sin embargo, “para efectos estadísticos es valioso, el reconocimiento es importante pero el gobierno federal dice que cada entidad es libre de poner como garantía el cobro de sus impuestos y no hay necesidad de que el Gobierno Federal se entere”.

 

Cadáveres en el clóset

La tarea, ahora sí, es urgente. Mauricio Cruz, director de Advanzer, la consultora que ganó la licitación del estado de Nuevo León para dar el servicio de asesoría en la adopción de las nuevas reglas de contabilidad y transparencia en los mu­nicipios, comenta que el desorden en las cuentas públicas llega a tal grado que en algunos casos ni siquiera saben qué inmuebles les pertenecen.

Advanzer está en tratos también con Sonora y Chiapas para asesorar a sus respectivos municipios. Pero como no es el único proveedor, no sabe —ni él ni nadie— el grado de avance a nivel nacional para el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

El órgano encargado de verificar este avance es el Consejo Nacional de Armonización Con­table (Conac) integrado por funcionarios de la SHCP, algunos gobernadores de los estados y presidentes municipales.

Enrique Clemente, de Deloitte, dice que la existencia de multas es una presión para que se logre un cumplimiento total el 1 de enero de 2015; aunque duda que esto sea suficiente. Más allá de las sanciones, la opacidad en la información retrasa que se encuentren los “cadáveres” que podría haber en el clóset, es decir, todo aquello que no se ve y que podría dañar las finanzas.

El especialista de Deloitte dice que una vez que se “escombre” en las finanzas esta­tales y municipales, podrían encontrarse al menos tres tipos de riesgos:

1. Pasivos laborales (deudas derivadas de jubilaciones o sueldos que por alguna razón no se han pagado).

2. Pasivos contingentes derivados de li­tigios (demandas laborales que no se tienen registradas y que pudieran elevar la suma de deudas).

3. Litigios por expropiaciones (todas aquellas deudas que se tienen con afectados por tierras expropiadas).

Por lo anterior, aclarar las cuentas podría im­plicar el descubrimiento de altas deudas estatales y municipales. “De cualquier forma es mejor conocerlas”, dice Mauricio Cruz.

“La armonización de las cuentas públicas no es una decisión de México, es una exigencia internacional”, según Enrique Clemente. Sin embargo, el especialista tiene algo de desconfian­za. Las prórrogas son una mala costumbre de México. El 1 de enero de 2015 es la fecha fatal.

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