EFE.- La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros.
El documento, al que tuvo acceso EFE, señala a Castillo como “presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión” y, “alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional- Conspiración”.
Además, acusa al exmandatario, actualmente detenido, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública, en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública.
La denuncia detalla que el anuncio de Castillo de disolver el Congreso el pasado miércoles supuso “un acto arbitrario” que contraviene lo establecido en el artículo 118 de la Constitución.
También, que su intención de reorganizar el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, atenta contra la autonomía de las citadas entidades.
“Cabe indicar que, esta conducta tendría como finalidad evitar las investigaciones por corrupción seguidas contra José Pedro Castillo Terrones, así como el procedimiento de vacancia presidencial, lo cual evidenciaría el uso abusivo de sus facultades constitucionales para obtener impunidad”, señala el documento.
Además, la fiscal denunció a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, al exministro del Interior Willly Huerta y al exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez como presuntos coautores de los delitos contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración.
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El documento fue presentado al Congreso luego que el Legislativo aprobara durante la madrugada de este lunes una resolución que autoriza a levantar un fuero especial al expresidente que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político -un proceso en el que se levanta la inmunidad de los funcionarios-, lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión.
La resolución propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vista a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence el próximo miércoles.
En un pleno extraordinario muy bronco, en el que incluso un parlamentario defensor de Castillo agredió a un detractor del exmandatario, el Legislativo puso a debate el oficio del Ministerio Público en el que informaba sobre las diligencias preliminares contra Castillo, Chávez y Huerta.
Castillo permanece detenido tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.
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Abogado de Castillo dice que se están violentando derechos del expresidente
El abogado Miguel Pérez Arroyo, defensor del expresidente peruano Pedro Castillo, afirmó este lunes que en el Congreso “se están violentando” los derechos del exgobernante, quien permanece detenido desde el pasado miércoles tras ser destituido por el Legislativo después de ser acusado de intentar dar un golpe de Estado.
Pérez Arroyo declaró al Canal N que el Congreso “está subsanando errores y vacíos cometidos desde el inicio” del proceso de destitución de Castillo.
El abogado aseguró que el Legislativo también levantó durante la madrugada de este lunes la inmunidad de Castillo “cuando no se le había pedido todavía” esa medida y enfatizó que, con decisiones de ese tipo, “se están violentando derechos, procedimientos”.
“No estamos procesando a cualquier persona, sino a un expresidente de la República, desde el punto de vista penal se debe tener más cuidado”, enfatizó.
Por ese motivo, consideró que esas decisiones no van “a tener valor desde la perspectiva legal y constitucional” y también acusó a la Fiscalía de estar “cometiendo varios errores” al presuntamente no cumplir “con todas la garantías que contempla la ley”.
Confirmó que va a cuestionar legalmente esas medidas, aunque declinó adelantar su estrategia de defensa.
El Congreso peruano aprobó durante la madrugada de este lunes una resolución que autoriza a levantar un fuero especial a Castillo, que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político -un proceso en el que se levanta la inmunidad de los funcionarios- y abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por el delito de rebelión.
La resolución propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vista a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence el próximo miércoles.
La medida legislativa se aprobó en momentos que la defensa del exmandatario ha presentado varios recursos de amparo contra la detención de Castillo, en tanto que el Gobierno de México ha informado que ha recibido una solicitud de asilo por parte del exgobernante.
Este lunes, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo y tres de sus ministros, como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración.
Además, como presunto autor del delito de abuso de autoridad, y de grave perturbación de la tranquilidad pública.
