En caso de desaparecer el outsourcing, el gobierno federal, uno de los principales usuarios de esta forma de contratación, no cuenta con los recursos presupuestales para contratar de manera formal a los trabajadores bajo esta modalidad, advirtió la diputada panista Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Durante el Foro Forbes Conecta “Impacto de la subcontratación en la economía”, la legisladora señaló que esta reforma promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no puede ser aprobada como está, pues aparece como un atentado contra los inversionistas.

“El gobierno es el principal contratante del outsourcing y si no, es por medio de honorarios, lo que al final del día corre la misma suerte. Es muy importante que el gobierno lo tenga muy claro: no hay un presupuesto para regularizar a todo ese personal”, sostuvo.

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Terrazas agregó que para mejorar las condiciones laborales en cuanto a prestaciones, salario y contratación se tienen que crear las condiciones para que haya oferta de trabajo, cosa que la actual administración no ha conseguido justo por este tipo de iniciativas que afectan la certidumbre jurídica de los inversionistas, a quienes urgió ser parte de la discusión.

En el mismo sentido, coincidió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, quien reiteró las demandas de la iniciativa privada en el sentido de que no se puede tratar de formular esta apuesta a pesar de que el tema ya se había consultado y discutido por los involucrados en el Senado en 2019.

“Lo que de repente nos separa es que no todos los organismos aglutinan al mismo tipo de empresario. De los 5 millones de trabajadores que hay, alrededor de 2.5 millones están contratados por grandes empresas y el resto por pequeñas y medianas”, señaló.

En tanto, Germán Pineda, presidente de la Comisión de Recursos Humanos de la Cámara Británica de Comercio en México, comentó que esta iniciativa está enfocada en combatir problemas asociados con la falsificación de información y el mal uso de una figura legal vigente como es el outsourcing.

“No es una iniciativa integral, está más enfocada a detectar a las empresas que están falsificando información”, indicó.

En su oportunidad, el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en México, Lorenzo Vianello, insistió en que lo conveniente es no aprobar esta ley, por lo que recomendó a los legisladores mexicanos no hacerlo.

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