Por si el gobierno mexicano no tuviera suficiente con la pérdida de calificación crediticia, la caída en el empleo, la reducción en el precio del petróleo, el desplome en el Producto Interno Bruto (PIB) y la crisis sanitaria que vive, ahora debe esperar demandas internacionales por parte de empresas privadas dedicadas a la generación de energía renovable.
El 15 de mayo pasado, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que entró en vigencia un día después.
Dicha Política otorga facultades y funciones de regulación y control a la Sener, que por ley le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Centro de Control de Energía (Cenace).
Además, la disposición establece barreras de acceso al mercado eléctrico de nuevos participantes, desincentiva nuevos proyectos y favorece a la empresa eléctrica del Estado, es decir, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Desde 1992 y, posteriormente con la reforma constitucional en materia energética de 2014, la CFE fue perdiendo clientes y participación en el mercado. Poco a poco ha sido desplazada por los participantes privados que ofrecen electricidad generada con fuentes renovables y limpias, pero también porque han ofertado los mejores precios en el mercado.
En las refinerías se procesa el petróleo crudo en combustibles automotrices y uno de esos productos es el combustóleo que contiene un alto porcentaje de azufre y es complejo de transportar. Desde inicio de este año Pemex enfrenta más problemas para comercializar el combustóleo en el extranjero así que la mejor opción que visualizan la Sener y la CFE es utilizarlo en la producción de energía eléctrica y para eso hay que sacar del mercado a plantas eólicas o solares que son operadas por empresas privadas.
Sin embargo, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no observa el mercado eléctrico nacional como un mercado, sino como una posibilidad de mantener vigentes sus valores patrióticos. Considera que apoyar a la empresa mexicana aunque produzca electricidad con combustóleo o carbón, que son más contaminantes, es apoyar a México y rescatar la soberanía energética porque cree que México no debe depender de empresas trasnacionales, aunque generen inversión y empleos en el país.
Ahora, ya se admitieron amparos directos en los que las empresas afectadas soliciten la suspensión de la medida ante la Comisión Federal de Competencia Económica en aras de presuntas prácticas monopólicas relativas. También se preparan demandas ante tribunales internacionales, especialmente de compañías con capital de origen en los países con los que México tiene acuerdos comerciales y de protección de inversiones. Por lo tanto, podrían solicitar arbitraje internacional donde estarían de por medio millones de dólares por daños y perjuicios.
Lo que pretende ahorrarse el Estado Mexicano al usar su combustóleo y plantas de generación ineficiente que ya están en desuso podría resultar contraproducente porque no puede pasar por alto los contratos firmados por las administraciones anteriores, aunque sigan insistiendo en que son más caros y dañinos para el erario público se tendrían que buscar acuerdos y renegociaciones con cada uno de los participantes que entraron al mercado de manera legítima.
No es con políticas unilaterales como México resolverá el problema financiero y la caída en la participación de mercado de la CFE y tampoco recobrará la soberanía energética que tanto repite y anhela AMLO.
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