El Gobierno francés decidió dar un paso más en la legalización de la muerte asistida, con un dispositivo condicionado a un dictamen médico y dirigido únicamente a enfermos terminales, que se desmarca de la eutanasia y el suicidio asistido autorizados en otros países.
“No es un suicidio porque, aunque es la persona la que lo solicita, necesita un dictamen médico”, subrayó la ministra de Trabajo y Sanidad, Catherine Vautrin, al presentar el proyecto de ley sobre “el fin de la vida” que debería ser debatido en el pleno de la Asamblea Nacional a finales de mayo.
En la conferencia de prensa al término del Consejo de Ministros en el que se presentó el proyecto de ley, Vautrin insistió en que el objetivo que lo guía todo es dar una asistencia permanente al dolor de personas con un diagnóstico terminal.
Por eso, uno de los pilares del proyecto es reforzar los servicios de cuidados paliativos, que tendrá una dotación adicional de 1,100 millones de euros que se añadirán de forma progresiva durante diez años, lo que supondrá un incremento del 64%, muy superior al alza del número beneficiarios, que se calcula que pasará de 380,000 personas al año actualmente a 450,000 en 2034.
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Para poder acogerse a la “ayuda a morir”, habrá que cumplir cinco condiciones, empezando por ser mayor de edad y residente en Francia o de nacionalidad francesa.
Se tendrá que certificar que el paciente tiene una afección grave, mortal a medio plazo (en seis a doce meses) y sufrir dolores “insoportables y refractarios al tratamiento”.
Por último, el interesado habrá de solicitar una evaluación a un médico, quien a su vez tendrá que consultar con otro facultativo especialista y con un enfermero antes de emitir un dictamen sobre si puede recetar la sustancia que provocará la muerte.
“Si el dictamen médico es negativo, no se podrá solicitar la ayuda para morir”, advirtió la ministra.
Quedan excluidas de este procedimiento explícitamente las personas que sufran enfermedades psiquiátricas y una regla básica que el médico tendrá que comprobar en cada momento es que el demandante tiene “capacidad de discernimiento”.
En el proyecto de ley se prevé que el solicitante será el que se administre la sustancia letal, aunque igualmente se contempla, cuando no puede hacerlo físicamente, que se la inyecte “un médico, un enfermero o una persona voluntaria”.
Con información de EFE
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