Este crimen requiere de diversos mecanismos que deben ser implementados inmediatamente, un buen inicio sería la adopción de las mejores prácticas internacionales en la materia.

 

El debate de la reforma energética en México que, entre otros conceptos interesantes, abriría la puerta a la iniciativa privada en algunas áreas petroleras a través de determinadas licencias o contratos, ha sido materia de posturas en diferentes sentidos, todas ellas muy respetables. Sin entrar al debate del contenido de la reforma energética estoy convencido que sin duda lo que al final del proceso legislativo sea aprobado por el Congreso será de un gran beneficio para México, sin embargo en otro orden de ideas al hablar de los recursos de Pemex es prioritario tomar medias importantes para prevenir, identificar y sancionar el grave problema de robo de combustible.

De acuerdo al Boletín No. 2571 de noviembre de 2013 que aparece en el portal de Internet de la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Energía el director general de Pemex, entre otros puntos, indicó que: “Este año se han presentado 2,760 denuncias por mercado ilícito y tomas clandestinas, y se iniciaron procesos por 187 presuntas responsabilidades. Indicó que el costo del robo de combustibles en el 2012 fue de 7,300 millones de pesos y estimó que al cierre de septiembre de este año es de 7,605 millones; pidió a los legisladores cambiar las leyes para penalizar de una forma más contundente este ilícito..

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Un ejemplo interesante que pone de manifiesto la importancia que países como Colombia han dado ya desde hace varios años al tema de robo de combustible es el comunicado  que aparece en el portal de la empresa Ecopetrol mencionando que: “En desarrollo de la estrategia judicial para combatir las bandas de carteles de gasolina, las autoridades han judicializado más de 1,200 personas por apoderamiento ilegal de hidrocarburos, de los cuales 360 aproximadamente han resultado condenadas y están privadas de la libertad. De igual manera, se han iniciado más de 200 acciones de extinción de dominio y se han incautado 115 bienes comprometidos en esta actividad delictiva.

Diferentes normas expedidas desde 2002 hasta la ley 1028 de 2006 han permitido a las autoridades tender un cerco jurídico a todos aquellos que participen directa e indirectamente en el hurto de hidrocarburos, y en el trasporte y almacenamiento de combustibles ilegales, estableciendo penas que oscilan entre 6 y 15 años de cárcel y multas de entre 1,300 y 12,000 salarios mínimos mensuales”.

En contraste en México de acuerdo a fuentes de prensa (Reforma 2 de diciembre de 2013): “El tamaño de la sustracción ilegal es tal que las pérdidas estimadas de la petrolera este año son 11.5% superiores a las venas de gasolina Premium en el mes de octubre…Del total de productos que le roban a Petróleos Mexicanos, 90% corresponde a combustibles como gasolina y diésel, aunque, de acuerdo con la paraestatal, ya se está detectando también la sustracción ilegal de crudo…”.

Otro tema interesante mencionado en el comunicado de Ecopetrol y que nos abre la puerta a la reflexión es el que: “Cuando se perfora un tubo o se instala una válvula ilícita y se manipulan combustibles de forma improvisada, las posibilidades de un accidente son muy altas ya que a la menor chispa puede generarse una explosión”. ¿Se requiere de personal especializado para la comisión de este delito? De ser el caso, el campo de sujetos a investigar se reduce significativamente.

La prevención, detección y sanción del delito de robo de combustible requiere de diversos mecanismos que deben ser implementados de forma inmediata, un buen inicio debe ser la adopción de las mejores prácticas internacionales en la materia, fortalecimiento de mecanismos de monitoreo así como la imposición de penas ejemplares a quienes cometan dicho delito. Ramón Gómez de la Serna Puig, escritor y periodista español dijo: “La gasolina es el incienso de la civilización”.  ¿Qué opina, estimado lector?

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