La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos dijo que “hay fuertes indicios” de que fuerzas federales de seguridad serían responsables por una ola de desapariciones dentro y alrededor de la ciudad de Nuevo Laredo, en el noreste de México. En un comunicado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que documentó entre febrero y el 16 de mayo la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en la ciudad, ubicada en el fronterizo estado de Tamaulipas, detalló Reuters. Funcionarios mexicanos no respondieron de inmediato al comunicado del Alto Comisionado. Una organización local de derechos humanos estimó que en el periodo habrían ocurrido al menos 40 desapariciones y según testimonios recibidos por la ONU-DH éstas habrían ocurrido en la noche o al amanecer, a manos de personal uniformado de una fuerza de seguridad, agregó el texto. “Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horroroso que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes”, dijo Zeid. El comisionado llamó a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a la ola de desapariciones forzadas, en vista de que “hay fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad”, agregó el comunicado. Las autoridades tenían amplia información y evidencia pero avanzaron poco en la investigación. Los familiares de los desaparecidos han encontrado hasta ahora los cuerpos de al menos seis víctimas, destacó. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México pidió a la Marina y a otros proteger a la población de Tamaulipas, pero al menos tres desapariciones ocurrieron desde entonces. Zeid consideró que los eventos son una prueba crucial para determinar si la nueva Ley General de Desapariciones de México representa un cambio o un fracaso persistente de la justicia. “Los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población. En el caso de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios públicos, es aún más urgente que el Estado actúe para demostrar que no tolera la comisión de tales graves violaciones”, dijo Zeid.

 

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