Por Thomas Milz

DW.- A principios de diciembre de 2018, tuvo lugar una escena desacostumbrada incluso para Río de Janeiro, una ciudad habituada a la violencia. En mitad de una celebración religiosa, la Policía militar irrumpió en la iglesia de la “Assembleia de Deus”, situada en la calle São Miguel, la principal avenida de la favela de “Morro do Borel”.  Supuestamente, los oficiales querían detener a traficantes de drogas que creían escondidos dentro del templo. “En medio de la Iglesia, en mitad de la casa de Dios. Pero ¿qué es esto?”, dijo alguien horrorizado. Entonces se desató el infierno en el templo. Desde las colinas circundantes, los traficantes iniciaron un fuego cruzado con los policías atrincherados en la iglesia, que respondían con disparos desde las ventanas.

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Días después del suceso, un silencio poco habitual reinaba en “Morro do Borel”. Policías militares fuertemente armados y ataviados con chalecos antibalas vigilaban los accesos, observando con desconfianza a los transeúntes. Al preguntar a los habitantes de la favela qué sucede, la respuesta habitual es el silencio. “Normalmente, aquí todo es tranquilo”, dice Henrique, de 65 años, que vive desde hace tres décadas junto a la iglesia. “Mejor dicho, la mayoría de las veces es tranquilo, hasta que sucede algo, un episodio esporádico”, matiza.

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Pero los tiroteos en Río de Janeiro no son en absoluto esporádicos. Desde que a mediados de febrero de 2018 el presidente de Brasil Michel Temer asumiera el control del aparato de seguridad del estado de Río de Janeiro, los tiroteos aumentaron un 56 por ciento hasta alcanzar los 8,161 personas resultaron afectadas en ellos por balas de rebote.

La violencia es cosa cotidiana en Brasil. REUTERS/Ricardo Moraes

Más de mil personas fallecidas

Pero el balance más aterrador de la intervención militar de Río de Janeiro es el incremento de fallecidos a manos de la Policía militar. Hasta noviembre de 2018 fueron 1,444 personas, lo que supone la cifra más elevada alcanzada jamás en Río de Janeiro y un 40 por ciento más que el año anterior. “Eso es un escándalo”, dice a DW la socióloga Julita Tannuri Lemgruber. “A finales de  año alcanzaremos la cifra de 1,500 personas asesinadas por la Policía”, agrega.

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También la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) critica la mano dura: “Las operaciones militares que dejan una huella mortal en los barrios pobres no mejoran la seguridad pública”, dice Daniel Wilkinson, director de HRW. “Muy al contrario, conducen a que la gente de las favelas teman a la Policía y duden en ayudar en la lucha contra el crimen”, asegura.

Repetidos fracasos estratégicos

Una mirada retrospectiva nos da una idea más certera del retroceso sufrido en el terreno de la seguridad pública. En el año 2008, el Gobierno regional de Río de Janeiro empezó a desplegar unidades policiales por las favelas, las llamadas “Unidades de Polícia Pacificadora” (UPPs). Hasta el  año  2013, la violencia disminuyó en Río y surgió la esperanza de acabar por fin con la espiral de violencia.

Pero, desde 2014, la Policía perdió el apoyo de la población de los barrios pobres. La crisis presupuestaria provocada por la recesión tuvo su impacto. La Policía no disponía ni de repuestos ni de gasolina para sus antiguos autos patrulla. Mejor armados que los oficiales estaban los integrantes de las bandas que traficaban con drogas y las florecientes milicias. Desde entonces, impera una guerra sangrienta entre la Policía, los grupos paramilitares, las milicias policiales y las bandas de drogas. Los militares prometieron al principio de la intervención que reforzarían los métodos de investigación inteligentes, pero, al final, la mayoría de los incidentes se resuelven en tiroteos salvajes en los barrios más pobres.

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