Por Mauren Devolder*

Si entendemos la inclusión financiera como la capacidad de acceso y uso de servicios financieros bajo un esquema regulatorio orientado a proteger al consumidor y mejorar su economía, México, un país con una población de alrededor de 120 millones habitantes y un territorio cerca de dos millones de kilómetros cuadrados, ha registrado varios avances en años recientes. No obstante, aún existen tareas pendientes que realizar.

Los números hablan por sí mismos: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera realizada a finales de 2015, sólo el 44% de los adultos mexicanos posee una cuenta bancaria, el 22.1% un crédito, el 18.9% un seguro y el 31.3% una cuenta de ahorro para el retiro. Se observan rezagos significativos a nivel estatal y en el sur del país en términos de infraestructura financiera y oferta de servicios financieros. En los municipios rurales menores a 5 mil habitantes, sólo el 8% de la población cuenta con acceso a una sucursal.

De manera alentadora, México ha implementado una serie de cambios que permiten ser optimistas. En 2014, el gobierno mexicano aprobó una reforma general para contribuir a impulsar la competencia y estabilidad del sector financiero, requisito sine qua non para impulsar servicios en sectores más populares. Asimismo, el gobierno presentó hace unos meses la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, un proyecto cuyo objetivo es acelerar la penetración financiera. De acuerdo con estimaciones del Grupo Banco Mundial, la ampliación de esfuerzos podría añadir al sistema financiero formal 35 millones de personas que actualmente ahorran o realizan pagos fuera del mismo. La tecnología también juega un papel clave: la digitalización de las transferencias en efectivo de tipo Gobierno a Persona (G2P) puede contribuir a que 6 millones de personas que hoy reciben transferencias gubernamentales o salarios en efectivo lo hagan de manera electrónica.

 

Apoyo del Grupo Banco Mundial

A diferencia de las personas físicas, la capacidad de los negocios de tomar decisiones financieras optimas y utilizar productos financieros es crucial para la inclusión financiera. El principal problema en este sentido es conceder acceso financiero adecuado a aquellas entidades que están fuera del alcance del sector financiero tradicional. La banca de desarrollo puede jugar un papel importante en los esfuerzos para resolver este problema. De igual forma, el Grupo Banco Mundial cuenta con varios proyectos activos en México destinados a fortalecer la supervisión del sector financiero, fomentar el crédito y ampliar la inclusión financiera.

El Proyecto de Inclusión Financiera y Consolidación del Sector de Ahorro y Crédito, por ejemplo, busca mejorar y ampliar el desempeño de las instituciones crediticias y de ahorro del país, en especial en las áreas marginales de 1,250 municipios. Con un presupuesto de 100 millones de dólares, este proyecto se enfoca a mujeres e indígenas de áreas rurales. Otro programa que vale la pena mencionar es el Proyecto de Expansión de Finanzas Rurales, el cual busca ampliar el acceso al crédito entre micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Con un presupuesto de 400 millones de dólares, se espera que este proyecto de financiamiento rural sostenible alcance a más de 41,000 Mipymes (el 60% de las cuales estarían dirigidas por mujeres).

Al mismo tiempo, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo del Grupo Banco Mundial orientado al apoyo del sector privado, promueve la inclusión financiera a través de varias iniciativas. En temas microfinancieros, IFC impulsó el desarrollo de Compartamos, la mayor institución microfinanciera de México (casi 2.8 millones de clientes, al día de hoy), la consolidación de Progresemos, una institución con alrededor de 33,000 clientes, y el avance de CAMESA, que brinda créditos a más de 370,000 microemprendedores.

En el área de tecnología financiera (Fintech), IFC también está presente en el mercado mexicano, sobre todo en áreas como préstamos P2P (Afluenta), préstamos en línea (Kreditech) e infraestructura de pagos. De igual forma, IFC está en discusiones con el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim) para asesorar a instituciones microfinancieras en la adopción de servicios digitales.

Además, IFC ha unido esfuerzos en 2016 con la Secretaría de Economía para lanzar un proyecto para promover la inclusión financiera de las Pymes a través el uso de bienes muebles como garantías para la adquisición de un préstamo; es decir, mediante “transacciones con garantías mobiliarias”.

 

Garantías mobiliarias

¿Qué son exactamente las “transacciones con garantías mobiliarias”? La expresión se refiere a las operaciones de crédito en las que el acreedor adquiere un derecho sobre un bien mueble del deudor (“garantía”) para respaldar un préstamo o una obligación de deuda. Bajo conceptos tradicionales, el derecho real creado sobre un bien mueble también se denomina “garantía prendaria”, “prenda” o “gravamen”.

Las garantías facilitan el crédito al reducir la posibilidad de que los prestamistas sufran pérdidas ocasionadas por incumplimientos en el pago de los préstamos. Si bien los terrenos y los edificios se aceptan generalmente como garantía (hipotecas), el uso de garantías sobre bienes muebles (por ejemplo, inventarios, cuentas por cobrar, ganado, cultivos, equipos y maquinarias) se han visto limitadas por sistemas, leyes y registros inefectivos sobre garantías mobiliarias. Por consiguiente, un marco de garantías mobiliarias moderno permite a las empresas aprovechar la mayor parte de sus activos para obtener préstamos destinados al crecimiento. Muchas veces estos activos son los únicos recursos que una Pyme puede ofrecer como garantía. El beneficio no se limita al negocio, sino que se desdobla en un efecto sistémico: al promover la obtención de crédito para Pymes, las garantías mobiliarias contribuyen a la solidez financiera de las naciones que fomentan su uso. Esto permite:

  • Diversificar los activos en poder de las instituciones financieras y distribuir los riesgos de manera más eficiente.
  • Reducir la concentración en el sistema financiero, al brindar a los bancos oportunidades de conceder préstamos de manera rentable en el sector de las Pymes para aumentar su participación en los mercados financieros.
  • Tomar mayor ventaja de los activos líquidos como garantía, especialmente las cuentas por cobrar.
  • Aumentar la competencia respecto de los servicios financieros, al permitir que las instituciones no bancarias ofrezcan préstamos con garantía.
  • Incrementar la capacidad de los organismos reguladores para analizar los riesgos de cartera, en consonancia con enfoques normalizados y modelos internos de calificación de riesgos.

A escala global, el Grupo Banco Mundial ha trabajado en más de 40 economías para asegurar que las reformas sobre garantías mobiliarias tengan un impacto económico directo y medible en la financiación de las Pymes. Una de las lecciones más importantes que hemos aprendido es que, para tener un programa exitoso, el sector público debe trabajar mano a mano con el sector privado. La contribución del sector público es indispensable para crear la estructura institucional y el marco legal conducente para fomentar el uso de bienes muebles como garantía a través de herramientas amigables y certeza jurídica. La participación del sector privado también es imprescindible, para asegurar que el sistema responda a las necesidades de los usuarios. El Grupo Banco Mundial tiene la ventaja de poder colaborar con ambos sectores.

 

La realidad mexicana

En México, los bienes inmuebles son ampliamente aceptados como garantías de créditos. No obstante, 99% de las 5.2 millones de empresas en el país son Mipymes que muchas veces no cuentan con inmuebles que puedan ofrecer en garantía, y por ende no pueden acceder a créditos. Antes, el uso de bienes muebles para garantizar créditos estaba restringido por la falta de acceso al crédito por parte de emprendedores que no contaran con un colateral inmobiliario.

México fue el país pionero de América Latina en emprender reformas legales a su sistema de garantías mobiliarias. Este proceso comenzó en 2002 y continúa hasta hoy. Primero se agregó la prenda sin transmisión de posesión y el fideicomiso en garantía; después, se estableció el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG), el cual inició operaciones en octubre de 2010, bajo la supervisión de la Secretaría de Economía. El RUG es un sistema electrónico que permite a los acreedores registrar sus garantías mobiliarias de manera segura para darles difusión (eliminando asimetrías de información) y hacerlas oponibles ante terceros (para casos de conflicto entre acreedores o concurso mercantil). En este sexenio, la reforma de 2014 mejoró aspectos específicos de temas sustantivos de las garantías existentes, como la ejecución de las garantías muebles en caso de incumplimiento del deudor.

Con el fin de difundir las ventajas que ofrece el sistema, la Secretaria de Economía (a través de la Dirección General de Normatividad Mercantil) y el Grupo Banco Mundial han unido esfuerzos para llevar a cabo una serie de seminarios en materia de Garantías Mobiliarias en México. El primero se realizó el 29 de junio con el nombre de Oportunidades para las Instituciones Financieras y las Pymes en México bajo el Marco de Garantías Mobiliarias. El seminario analizó las mejores prácticas internacionales en materia de sistemas de garantías mobiliarias, su contribución en la promoción del acceso al crédito para las Pymes y las posibilidades de desarrollo futuro.

Este primer seminario fue sólo un primer paso. El 19 de octubre se efectuará el taller Avances y retos del Registro Único de Garantías Mobiliarias, que abordará específicamente las mejores prácticas a nivel internacional relacionadas al tema y la operación del RUG, no sólo con el fin de brindar más información de su uso, sino también de compartir las últimas mejoras del sistema y recibir una mayor retroalimentación de los usuarios. En meses próximos se llevarán a cabo seminarios específicos sobre aspectos normativos dirigidos a jueces y abogados, con el fin de que este sector cuente con las herramientas técnicas necesarias para garantizar la certeza jurídica de las actividades de financiamiento basadas en garantías mobiliarias. Posteriormente, en una segunda etapa, se organizará otro seminario dirigido únicamente a instituciones financieras interesadas en recibir capacitación sobre los aspectos técnicos del Financiamiento Basado en Activos (o Asset-Based Lending, como se le conoce en inglés), un nuevo producto financiero específico para las Pymes.

 

Financiamiento Basado en Activos en México

El Financiamiento Basado en Activos (FBA) es un producto financiero innovador que le permite a las Pymes contar con acceso a una línea de crédito revolvente garantizada con los activos muebles generados por su ciclo productivo. El FBA reduce el riesgo del financiador ya que las disposiciones de la línea de crédito están ligadas al valor del inventario y cuentas por cobrar de la empresa; dichas disposiciones se calculan con base en una fórmula que define la cantidad de crédito para el cliente a través del uso de valor de la garantía disponible.

Este producto es ideal para las Pymes, ya que éstas no pueden cubrir los requisitos de la banca tradicional o experimentan un crecimiento rápido afectado por la falta de capital de trabajo. IFC está especialmente interesado en encabezar la introducción de productos de FBA en México. Con el apoyo del Gobierno de Japón, IFC espera proveer asesoría a unas instituciones interesadas en un programa piloto de productos de FBA, con el fin de asegurarse que los mismos estén adaptados al contexto mexicano y brinden una utilidad genuina al usuario final: las Pymes.

Para IFC, el lanzamiento de productos FBA es la iniciativa más reciente en favor de la inclusión financiera, pues al potencializar el uso de bienes muebles como garantías, las pequeñas y medianas empresas podrán obtener un mejor acceso al financiamiento, en mejores condiciones, y así estimular la inversión, el crecimiento y la competitividad de la economía. México representa alrededor de 2.6% de los 2,000 millones de adultos no bancarizados del mundo. Las áreas de oportunidad en términos de inclusión financiera son inmensas, por lo que el IFC reitera el compromiso del Grupo Banco Mundial en apoyar a México en la implementación de las herramientas necesarias para el efectivo desarrollo incluyente del país. IFC desea estar al lado de México para aprovecharlas de la manera más satisfactoria posible.

*Mauren Devolder es Operations Officer de IFC México y es responsable del proyecto de Inclusión Financiera bajo el Marco de Garantías Mobiliarias en México.

 

Correo: [email protected]

Twitter: @ifc_lac

Facebook: IFC – International Finance Corporation

Página web: www.ifc.org

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

 

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