Este texto fue publicado originalmente el 22 de mayo de 2017
En el norte de México, a más de 1,500 metros bajo tierra, habita una oportunidad energética muy lucrativa. Pero el apetito por este hidrocarburo puede convertirse en una pesadilla ambiental.
México ocupa el sexto lugar del mundo con recursos no probados, pero técnicamente recuperables de gas de esquisto o lutita (shale) —545 billones de pies cúbicos—, solo detrás de China, Argentina, Algeria, Estados Unidos y Canadá, según los últimos datos disponibles de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés).
“El problema es distinguir si tenemos reservas importantes. No son reservas todavía, esas se cuentan cuando ya se sabe que están allí y se pueden sacar”, comenta en entrevista con
Forbes México el investigador especializado en energía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ángel de la Vega Navarro.
El gas shale es, en términos llanos, gas natural que está atrapado en rocas muy apretadas Para extraerlo, la industria energética ha recurrido al fracking, una técnica de perforación horizontal que inyecta arena, agua y químicos para obtener el hidrocarburo.
Este proceso se hizo popular a partir de 1997, después de que el gobierno en Estados Unidos se preocupara por su seguridad energética y, ante un déficit de gas natural, buscó la manera de extraer esos recursos. Entonces invirtió en investigación y desarrollo, incluso creó laboratorios nacionales. Así el sector empresarial abrió la cartera y explotó la producción de gas, hasta el punto en que se convirtió en exportador de shale.
Las reservas de gas natural en México han caído brutalmente, por lo que importa casi 60% desde Estados Unidos para generar electricidad. Se han invertido 300 millones de pesos (mdp) en busca del energético en zonas como Coahuila, un área semidesértica donde se proyectan destinar 30,000 millones de pesos para explorar 195 pozos, recuerda Greenpeace en un reporte.
Pero Navarro enlista elementos para no hacerlo en México.
Los peligros de quebrar el subsuelo
La prioridad en el uso de agua, la contaminación por gases de efecto invernadero y de mantos acuíferos, problemas con las comunidades cercanas a los pozos, incluso la desconfianza en las instituciones regulatorias son los principales factores en contra del fracking, explica el catedrático.
“La principal preocupación es el daño de los acuíferos. Desde la parte de la producción, si todo va bien, la perforación ocurre en zonas más profundas, pero siempre hay posibilidad de contaminación”, coincide Javier Díaz, analista senior en gas para América de la consultora energética S&P Platts.
La técnica de fractura hidráulica para obtener gas de esquisto se divide en etapas. Primero se realizan siete fases de fractura y cada una de éstas necesita entre 1,100 y 2,200 metros cúbicos (m3) de agua.
“Esto significa que para el total del pozo el consumo de agua asciende de 9,000 a 29,000 m3. (…) Las inversiones de este tipo implican la proliferación de cientos de pozos, por lo que el consumo de agua se multiplica, entrando en directa competencia con las actividades productivas (agrícolas)”, detalla la Alianza Mexicana Contra el Fracking en un estudio.
El recurso hídrico va a una zona donde no hay agua, como en Coahuila, o que está en zonas pobladas, donde el agua tiene varios usos para población, ganadería y agricultura, como es el caso de Veracruz.
Otro problema es la fuga del gas. Este energético, que se considera limpio, se compone de 95% metano, un agente contaminante 84 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2) y su contribución al calentamiento global es mucho mayor cuando se fuga, de acuerdo con el Centro Mario Molina.
México, Canadá y Estados Unidos son tres de los cinco países con mayores emisiones de metano. En conjunto, representan casi 20% de la contaminación global de metano que viene de la industria petrolera y de gas.
Además, las señales de las autoridades mexicanas sobre la regulación de fracking también han generado desconfianza.
El 13 de octubre de 2016, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó, sin marco legal, cinco acciones de fracking en Miquetla, Miahuapan, Soledad, Amatitlán y Pitepec, Veracruz.
“Se dieron sin regulación. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) no tenía ningún tipo de regulación. Hay una desconexión institucional y regulatoria”, comenta el catedrático del posgrado de Economía en la UNAM.
Aunque la legislación fue presentada el 15 de marzo de 2017, Navarro duda sobre la vigilancia en nuestro país para que las leyes se cumplan.
“Ese coctel de tóxicos va a salir por la tubería y va a llegar a la superficie. En Estados Unidos se ha visto, hay camiones y camiones poniéndolo sin saber con exactitud dónde. ¿Cómo sería eso en México?”, se cuestiona.
En otras latitudes coinciden con el catedrático mexicano. Los gobiernos latinoamericanos deben monitorear a las empresas con técnicos competentes “absolutamente distantes desde el punto de vista económico de las compañías”, advirtió Luis Suárez, presidente del Ilustre Colegio de Geólogos de España, a la cadena inglesa BBC.
L
a barrera económica del shale
La producción de gas shale está atada a los precios del petróleo. El energético no convencional es rentable con costos de 50 y 60 dólares por barril, incluso hoy se han visto eficiencias con barriles de 35 dólares, dice Ramsés Pech, analista energético de la firma Caraiva y Asociados, quien considera que los riesgos ambientales son una falacia, pues los sistemas actuales de fracking han superado los retos ecológicos.
Pero si caen el precio del crudo, como sucedió en 2014, cuando pasó de 100 a 30 dólares en menos de dos años, la industria se convulsiona y enfrenta el riesgo de quebrar, es decir, los bajos precios de crudo son una amenaza de muerte para ella.
Perforar un pozo de esquisto en Estados Unidos cuesta entre 3 y 4 millones de dólares (mdd), mientras que para Petróleos Mexicanos (Pemex) el precio se eleva entre 10 y 15 mdd.
“El problema es que estamos en fase exploratoria y Estados Unidos en fase de desarrollo”, dice Pech.
Además, el diseño de infraestructura del plan quinquenal del gobierno está enfocado a traer el gas de Estados Unidos, no a través de las zonas potenciales de producción en México.
“Por razones económicas y desarrollo no vemos que se haya anunciado mayor procesamiento de gas”, comenta el analista energético de S&P Platts.
Innovación tecnológica, un paso alternativo
El gobierno de México está a punto de lanzar la Ronda 2 de la reforma energética, donde licitará campos no convencionales para extraer gas shale.
En julio, la ronda 2.2 del gobierno mexicano ofertará 14 bloques no convencionales en la cuenca de Burgos, al noreste de Coahuila, donde la formación de Eagleford, que viene desde Estados Unidos, contiene el energético.
Pech admite que Pemex no tiene la capacidad para hacerlo solo. Por tanto, debe buscar socios con experiencia para entrar al mercado de gas shale, que debe pensarse para el consumo nacional y así reducir la dependencia extranjera de hidrocarburos.
Navarro está consciente de la necesidad energética que tiene México y tampoco se opone al aprovechamiento del energético. Recuerda que, aunque en Francia e Inglaterra han prohibido y suspendido respectivamente las fracturas, no descartan la posibilidad de apostar por el gas shale en el futuro, pues la discusión se centra en una innovación tecnológica más amigable con el medio ambiente, y ese es el camino que México debe pensar.
Enrique Peña Nieto, presidente de México, prometió en septiembre de 2013 destinar 1% del PIB a la ciencia y tecnología en 2018, pero hasta septiembre del 2016, la inversión destinada era de 0.48%.
