Según un estudio difundido por el Banco Interamericano de Desarrollo, la rápida transición epidemiológica, caracterizada por una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población, y las nuevas tecnologías sanitarias están aumentando los costos médicos.

 

 

La demanda de servicios de salud en América Latina superará la capacidad financiera de los gobiernos de la región. Considerando los escenarios fiscales futuros en la región, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyecta que el gasto público para el sector aumentará entre 1 y 1.5% del PIB en los próximos 20 años.

La rápida transición epidemiológica, caracterizada por una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población, y las nuevas tecnologías sanitarias están aumentando los costos médicos. Sin embargo, los recursos para la salud no han crecido a la par de la demanda. En la región el gasto público en salud como porcentaje del PIB se incrementó moderadamente de 3.4 a 4.1% en los últimos quince años, alerta el organismo.

Un estudio llevado a cabo en Brasil, México, Colombia y Argentina concluye que los infartos, los accidentes cerebro-vasculares y la diabetes causaron pérdidas acumuladas de más de 13,500 millones de dólares en el período 2006-2015. Apenas en 2010, 68% de las muertes registradas en la región se debieron a enfermedades crónicas, las cuales están afectando de forma creciente la productividad laboral.

Los recursos públicos asignados a salud como porcentaje del PIB son en promedio el doble en los países de la OECD (7.9% del PIB) que en América Latina y el Caribe. “Las crecientes brechas entre los recursos financieros disponibles y lo que costaría a los gobiernos garantizar la provisión de los servicios de salud que más beneficien a la población, y cómo hacerlo es uno de los mayores desafíos de política pública”, indicó Ferdinando Regalia, jefe de la División de Protección Social y Salud del BID.

El BID analizó los Planes de Beneficios en Salud (PBS) de siete países: Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México, Perú y Uruguay. Estos planes detallan de forma explícita los servicios que cubren y tienen como ventajas que los ciudadanos conocen sus derechos, permiten una mejor planificación financiera y una mayor eficiencia en la gestión del sistema al determinar los servicios que serán solicitados de los proveedores y los recursos humanos e infraestructura requeridas para cerrar brechas de equidad.

“El estudio analiza la motivación que tuvieron estos países de adoptarlos, los criterios y procesos que usaron para definir y ajustar estos planes, así como los desafíos para implementarlos”, señaló Úrsula Giedion, autora principal del estudio.

 

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