Expertos en políticas públicas señalaron que el Congreso no cumple con su labor de vigilar que el ejercicio del presupuesto sea eficaz y se concentran en repartir recursos con atractivo político.   Tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, el presupuesto de Chiapas aumentó más de 12 veces en 17 años, pasando de 5,000 millones de pesos (mdp) a 66,000 millones. Después de todo ese tiempo y esos millones, el 74% de la población en Chiapas vive en situación de pobreza y el 32% en pobreza extrema, según cifras de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2012, y el 67% de la región tiene un rezago social medio o alto. Pese a que se incrementan los montos de presupuesto en estados que sufren en mayor grado la desigualdad e inseguridad, como Chiapas, o en el caso más reciente, Guerrero, la política social seguirá siendo ineficaz y no se cambiará la situación de vida de los mexicanos, coincidieron expertos. “Si no se mejora la calidad de los programas públicos, cómo se ejerce el gasto, no vas a poder dar respuesta de justicia, de acceso a la educación a millones de mexicanos. No vas a poder construir un país de oportunidades”, dijo Luis Carlos Ugalde, director general de la consultora Integrala. En la presentación del estudio “La Negociación política del Presupuesto en México 1997-2012”, el especialista dijo que “la mejor reforma social y fiscal es la del gasto público”, por lo que el Congreso mexicano debe tomar su labor política de vigilar cómo se aprueba y se ejerce el presupuesto. Por su parte, Lourdes Morales, directora de la Red por Rendición de Cuentas, dijo que el estudio presentado es un llamado a la responsabilidad de los diputados para cambiar la dinámica de la aprobación de los presupuestos. “México no puede ser el mismo después de Ayotzinapa, y es un grito a que se tomen medidas de largo plazo no cosméticas, no mediáticas y se tomen las recomendaciones que se están haciendo”. El ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) agregó que cerca del 90% del Presupuesto de Egresos de la Federación, que incluye gasto corriente, salarios, pensiones, transferencias y deuda pública, no es revisado por la Cámara de Diputados, lo que equivale al Ejecutivo entregarle un “cheque en blanco”. El 10% restante, dijo el especialista, se modifica por el Congreso para dar recursos a estados y municipios con propósitos políticos. El objetivo de la Cámara de Diputados es aprobar el gasto para determinado propósito y vigilar que se gaste bien. Pero los diputados, “sin justificación, sin metas, y con frecuencia sin proyectos ejecutivos, asignan dinero libremente a presidentes municipales, que es lo que ha ocurrido en los últimos tres años”.   Gasto a discrecionalidad El ex profesor de Ciencia Política por el ITAM dijo que para el gobierno resulta “barato” dar estas bolsas de asignación de recursos porque, a cambio, los diputados no revisan y modifican el resto del presupuesto, que muchas veces no justifica varios egresos. En este sentido, Enrique Cárdenas, director ejecutivo del centro de estudios Espinosa Yglesias (CEEY) dijo que en el gasto en pensiones, existen más de 1,000 sistemas pero sin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique un censo de los mismos. “Lo que le cuesta al Seguro Social 100,000 pensionados es 0.22% del PIB. Lo que le cuesta al IMSS 100,000 pensionados de su nómina es 4% del PIB. No hay nada regulado” agregó. Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que esta discrecionalidad en el gasto público también se presenta en el ramo 23 del presupuesto, que se encarga de provisiones salariales y económicas. No sólo en salarios el gasto público adolece de una gran opacidad, también en el gasto en proyectos a nivel federal, indicó el especialista. “Si en los informes trimestrales de la SHCP, la información (del gasto) no viene georreferenciada, no viene quién está auditando y no viene quién está revisando, hay una opacidad tremenda”.

 

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