México ocupa los últimos lugares entre los países de la OCDE en áreas como seguridad, salud y acceso a Internet. Por eso resulta relevante analizar la efectividad del gasto público y cuestionar si funciona como instrumento para mejorar la calidad de vida de la población y promotor del crecimiento.

 

Por Paola Palma

 

El Paquete Económico 2015 presentado por el Ejecutivo Federal supera los cuatro billones de pesos. Al mismo tiempo, ya se escucharon las tradicionales posturas oficiales que hablan de un “gasto inercial”, mientras que el círculo rojo cuestiona la mala focalización para determinar las prioridades de asignación del gasto público.

Tradicionalmente la discusión en torno al gasto público realizada en el Congreso se centra en dos vertientes: primero se argumentan una serie de necesidades “impostergables” que los diputados (según su orientación partidista) promueven para ser atendidas. Cada año, dichas necesidades o demandas sociales son crecientes, pero los recursos para financiarlas son limitados; en segundo lugar, los partidos políticos inician una “negociación” para determinar la asignación del gasto de acuerdo a sus prerrogativas políticas y banderas ideológicas.

Este enfoque de discusión es enteramente político y deja poco o nulo espacio para realizar un análisis basado en criterios puramente económicos. Enumerar únicamente los beneficios del gasto público, sin mencionar nunca sus costos, provoca un debate de objetivos puramente éticos, ignora el costo de los recursos para la sociedad y, muchas veces, en aras de atender objetivos sociales, se genera un gran despilfarro de recursos.

El costo para la sociedad de un mayor gasto público proviene de las oportunidades de consumo, inversión o ahorro que empresas y ciudadanos pierden al tener que financiar al gobierno vía los impuestos que pagan. Esta “transferencia” de recursos del sector privado al público es un costo de oportunidad, ya que esos mismos recursos podrían ser usados por los particulares para fines más productivos.

Año con año, el gobierno enfrenta nuevos retos económicos y sociales derivados de las necesidades de la sociedad. Para satisfacerlas proporciona servicios públicos, financia sistemas de protección social que buscan ser eficaces, redistribuye el ingreso a través de políticas sociales más incluyentes y progresivas, y realiza inversiones que persiguen objetivos de desarrollo económico. Sin embargo, en las decisiones para asignar el gasto, influyen preponderantemente las condiciones macroeconómicas, la política fiscal y las decisiones de política pública que persigue el gobierno y que, supuestamente, son orientadas por las necesidades de la sociedad.

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En México, el entorno macro y las condiciones fiscales pueden ser catalogadas como sólidas. Hasta el momento, ambos garantizan la disponibilidad de recursos para cumplir con las actividades de gobierno. Pero la estrategia de gasto utilizada no es efectiva. La efectividad de un gobierno para operar el gasto público de forma eficiente depende, principalmente, de sus políticas y prácticas de gestión gubernamental, presupuestarias, de contratación pública e inversión. En conjunto, estas actividades permiten saber qué tan productivo es el gasto del gobierno y qué tan efectiva es la actividad pública.

Y es aquí, en los detalles, donde el diablo aparece. Según los Indicadores Macroeconómicos del Sector Público 2003-2013 provenientes del Sistema de Cuentas Nacionales de México, durante 2013 el valor agregado bruto del Sector Público aumentó 0.4% con respecto al año anterior. Si se considera que este indicador mide el valor creado por la producción (de bienes y servicios públicos), resalta que hasta el momento la productividad del gobierno es bastante baja.

El valor agregado del gobierno general creció apenas 0.8%, mientras que el de las empresas públicas (Pemex, CFE) permaneció sin cambio. El nulo crecimiento del valor producido por las empresas públicas es destacable, ya que son estas entidades las que generan 50% de la producción bruta del sector público, principalmente las empresas dedicadas a la producción energética.

 

El factor crecimiento

La inversión realizada por el gobierno es un elemento esencial de la actividad gubernamental como promotora del crecimiento económico del país en el largo plazo. Al mismo tiempo, las inversiones públicas desempeñan un papel crítico para mantener el atractivo del país como destino de inversión extranjera.

La inversión en infraestructura manifestada a través de la construcción de carreteras, redes eléctricas, sistemas de telecomunicaciones, escuelas, hospitales, etcétera, tiene como finalidad elevar la productividad conjunta de la economía, sostener e impulsar la competitividad y, como resultado, elevar el bienestar social.

Según cifras del Inegi, el valor de producción de la construcción del sector público aumentó 0.3% en 2013. La construcción realizada por el Sector Público representó 28% total de obra generado en el país, mientras que el sector privado absorbió 72% del total; sin embargo, su valor de producción registró una caída de 6.2%.

 

Burocracia costosa

Una de las quejas principales en torno a la burocracia es su costo, ya que los sueldos, salarios, prestaciones y pensiones de los empleados públicos suelen absorber una parte importante de dicho presupuesto. En 2013, el sector público mexicano reportó 5.294,496 puestos de trabajo, un aumento de 0.4% frente al año anterior. El 91.2% de estos empleados labora en el Gobierno General y 8.8% restante en empresas públicas.

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Las remuneraciones públicas anuales más altas son la del gobierno central (323,589 pesos por persona), seguidas por las del gobierno estatal (319,462 pesos por persona) y las remuneraciones del gobierno local (195,646 pesos anuales per cápita). Las empresas públicas registran remuneraciones medias anuales mayores que las del Gobierno General (467,285 pesos por persona).

Según datos del centro de análisis México ¿cómo vamos?, en el último año el gasto en remuneraciones a trabajadores eventuales de gobierno aumentó 13%, cifra muy por encima del incremento que se había reportado en el Segundo Informe de Gobierno (de 1.2%). Con estas cifras resulta pertinente discutir la forma de reducir el gasto en burocracia y, sobre todo, contar con mecanismos administrativos que aseguren que los empleados públicos sean productivos.

La sociedad mexicana requiere que la actividad pública satisfaga de mejor manera sus demandas de seguridad, salud, educación y acceso a servicios públicos básicos.

En este sentido, buscar el incremento del gasto público sería una petición sensata. Sin embargo, un mayor gasto público es deseable sí y sólo sí, demuestra su efectividad para cumplir con sus objetivos sociales y económicos.

Es deseable intentar destinar más recursos al gasto, pero deben existir criterios que permitan determinar la efectividad y la progresividad de tales recursos. El desempeño del gobierno para cumplir con las tareas que le son encomendadas debe ser evaluado, al mismo tiempo que se asegure que los recursos destinados a objetivos sociales y económicos sean progresivos y beneficien realmente a los grupos más vulnerables de la sociedad. El costo de la operación del gobierno, principalmente de la burocracia, debe reducirse y optimizarse.

Como puede observarse, el gasto público es el punto de partida para entender la productividad del gobierno, pero esa productividad sólo puede ser demostrada mejorando la calidad de vida de la sociedad y contribuyendo a la generación de crecimiento económico.

 

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